El miércoles 11 de noviembre, mientras la Cámara votaba el presupuesto 2027 del Ministerio de Justicia, la diputada republicana Javiera Rodríguez (REP) abrió su intervención con un ataque a quienes defienden la memoria. La parlamentaria expresó su repudio a "esa gran empresa llamada Derechos Humanos Company". Luego, acusó a la oposición de ser "empresarios del dolor ajeno" y anunció su respaldo al presupuesto del Gobierno. En esa línea, la congresista se refirió también como una empresa a los programas de búsqueda de detenidos desaparecidos.
La respuesta vino de la diputada Lorena Pizarro (PC), hija de un detenido desaparecido, y la sesión derivó en gritos cruzados. Parlamentarios de oposición acusaron que Rodríguez, fuera de micrófono, habría hecho una alusión ofensiva al padre de Pizarro, algo que la republicana negó, según precisó T13. La bancada comunista presentó una denuncia ante la Comisión de Ética y Pizarro anunció un proyecto contra el negacionismo.
Lo que no se dijo en ese momento es que la partida que Rodríguez respaldó llegó a la Sala con la transferencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) para sitios de memoria rebajada de $1.879 millones a mil pesos. La partida se aprobó por 85 votos contra 59 y, como el Ejecutivo no presentó una indicación para reponer esos recursos, la transferencia siguió en mil pesos, según detalló Radio Universidad de Chile. Al día siguiente, en el debate de la partida de Cultura, Rodríguez celebró que alguien ordenara por fin las prioridades y sostuvo que reducir al mínimo los fondos de los sitios busca "terminar con la idea de que la izquierda tiene el monopolio de la historia", como recogió La Tercera.
Más allá del cruce, la acusación de la diputada contiene una afirmación verificable: que la defensa de la memoria funciona como un negocio. Interferencia, que ya había informado de los recortes del Presupuesto 2027 a los memoriales de la dictadura, revisó la Ley de Presupuestos 2026 y el proyecto 2027 publicados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), los convenios de transferencia, las memorias institucionales y los antecedentes entregados por las organizaciones, para dimensionar cuánto dinero público reciben estos espacios y cuánto se les está quitando.
Cuánto reciben
El financiamiento estatal a los sitios de memoria se canaliza a través del Serpat, dentro de la partida del Ministerio de las Culturas. La Ley de Presupuestos 2026 asignó $2.647,6 millones a la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la institución de mayor tamaño. Le siguen Londres 38 Casa Memoria, con $420,5 millones; la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, con $416,3 millones, y el Memorial de Paine, con $172,5 millones. El resto opera con bastante menos: la Fundación Documento y Archivo Vicaría de la Solidaridad recibe $102,8 millones; la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, $96 millones; la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), $75 millones; el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, $32,3 millones, y tanto la Casa Memoria José Domingo Cañas como la Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua, $30,5 millones cada una.
A ello se suma el Fondo Programa Sitios de Memoria, que financia por concurso a espacios sin asignación propia. La misma ley le asignó $1.183,5 millones para gastos corrientes y $505,4 millones para inversión. Buena parte de estos recursos no proviene del propio Ministerio de las Culturas: el Serpat recibió en 2026 una transferencia de $2.887 millones desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, destinada específicamente a sitios de memoria, como consta en la partida de Justicia de la ley vigente.
El propio Museo de la Memoria da cuenta del uso de sus fondos. Su memoria institucional de 2024 consigna una transferencia estatal de $2.152 millones ese año, 176.846 visitantes —en su gran mayoría con entrada liberada— y un acervo cercano a las 242.700 piezas documentales y objetos. Dicho de otro modo, el aporte fiscal equivalió a unos $12 mil por visita. El convenio de 2025 entre el Serpat y la fundación la define como una persona jurídica sin fines de lucro.
Las condiciones de rendición de cuentas están en la propia ley. Las glosas, que son las reglas que acompañan cada asignación, obligan a las instituciones a informar cada semestre al Serpat el personal contratado mes a mes, el pago de cotizaciones e impuestos de sus trabajadores a honorarios y todo gasto superior a dos millones de pesos. También deben publicar en sus sitios web sus convenios, estados financieros y la nómina de su personal. El Museo, además, debe informar trimestralmente cualquier ingreso adicional al aporte fiscal y reportar sus visitas mes a mes. Los convenios, por último, pasan por el control de legalidad de la Contraloría.
Para poner las cifras en escala: el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un gasto total neto de $105,8 billones, más de US$111 mil millones, según informó Emol. Las seis asignaciones de memoria que el Congreso luego redujo a mil pesos sumaban $3.903 millones, cerca de 0,0037% de ese total, es decir, menos de cuatro pesos por cada cien mil que gastará el Estado.
La primera tijera: el proyecto del Gobierno
El recorte no comenzó con las indicaciones parlamentarias. El proyecto del gobierno de José Antonio Kast reducía el Fondo Programa Sitios de Memoria de $915 millones a $683 millones, una baja de 25,3%, como reveló Ciper. Esa comparación, sin embargo, se hace contra un presupuesto 2026 ya ajustado durante el año. Frente a lo que fijaba la ley original, el fondo pierde su componente de inversión y cae cerca de 60%, cálculo que comparten las organizaciones y el sitio de verificación Mala Espina.
La diferencia se explica por el Decreto N° 332, de abril de 2026, que según la declaración firmada por más de un centenar de organizaciones rebajó en 43,9% las transferencias corrientes del programa y en 55,5% su fondo de inversión. La misma declaración identifica espacios que quedaron sin aporte estatal tras los recortes de 2026, entre ellos la ex Clínica Santa Lucía, Cerro Chena, José Domingo Cañas y el sitio de memoria de Mulchén.
En la partida de Justicia la caída también es nítida. La transferencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos al Serpat para sitios de memoria baja de $2.887 millones en la ley 2026 a $1.879 millones en el proyecto 2027, como informó La Tercera, una reducción nominal de 35%.
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El Gobierno ha defendido su propuesta. El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga (Evópoli), aseguró que a los sitios con asignación propia, como Neltume, Villa Grimaldi o el Estadio Nacional, se les mantiene "exactamente el 100% de lo que le dimos este año", y estimó la baja total en unos $800 millones, según Radio Universidad de Chile. El subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, cifró en $4.699 millones el total previsto para sitios de memoria, de acuerdo con La Tercera. Undurraga añadió que existe el compromiso de trasladar los sitios de memoria a la Subsecretaría de Derechos Humanos durante 2027, consignó The Clinic.
Los retrasos de 2026
A la reducción de los montos se sumaron problemas en el pago de lo ya comprometido. En mayo, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi denunció que aún no recibía los $416 millones asignados para 2026, lo que le generó dificultades para pagar remuneraciones y servicios básicos. Como detalló Ciper, la Contraloría recién aprobó el convenio el 15 de mayo, tras cuatro ingresos del Serpat, cuando en años anteriores los recursos llegaban en febrero; el órgano contralor atribuyó la demora a que el servicio no corregía sus observaciones. Por esas mismas fechas, organizaciones denunciaban que más de 20 sitios aún no recibían sus fondos del año, como informó este medio en octubre.
El episodio ilustra un rasgo difícil de conciliar con la idea de un negocio: estas entidades dependen de convenios sujetos a la Contraloría, deben rendir cada peso y, en varios casos, no tienen reservas para sostener su funcionamiento si el Estado se atrasa.
La segunda tijera: mil pesos
El golpe más severo llegó en el Congreso. En la Tercera Subcomisión Mixta, que revisó la partida de Justicia, se rechazó la transferencia de $1.879 millones para sitios de memoria, que quedó en mil pesos, y se rechazaron además disposiciones vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda, según informó El Mostrador. Luego, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, se aprobaron seis indicaciones de los diputados José Carlos Meza (REP), Agustín Romero (REP) y Fernando Ugarte (REP), que redujeron a mil pesos las asignaciones del Museo de la Memoria, del Fondo Programa Sitios de Memoria, de Londres 38, de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, del centro de Neltume y de la corporación de ex presos políticos de Pisagua. En conjunto, esas líneas sumaban $3.903 millones y quedaron en $6.000. Ambas rebajas recaen sobre el mismo sistema de financiamiento, por lo que sus montos no deben sumarse.
Una carta abierta dirigida al ministro Undurraga atribuyó a diputados oficialistas el argumento de que estos sitios "no son de cultura, sino ideológicos", según recogió El Desconcierto. Las organizaciones calcularon que, tras las indicaciones, el presupuesto para el conjunto de los sitios —sin contar el Museo— caería a unos $618 millones, una baja de 78,6%. De acuerdo con su comunicado, recogido por El Mostrador, 16 de los 19 sitios financiados por la partida de Cultura quedarían sin recursos para operar.
La madrugada de este viernes 13, la Sala rechazó la partida completa de Cultura por 59 votos contra 60, como informó T13. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó en esa nota que el Ejecutivo repondrá en el Senado las partidas rechazadas, "aunque con algunos ajustes". El propio Gobierno ha reconocido que no todos los recursos rechazados serán necesariamente repuestos, según BioBioChile. Hasta el cierre de esta edición no estaba claro si la reposición incluirá los montos originales para el Museo de la Memoria y los sitios.
El rechazo no significa que los recursos de la memoria hayan sido repuestos. Al caer la partida, el proyecto llegó al Senado sin presupuesto para todo el Ministerio de las Culturas, por lo que la Cámara Alta deberá reconstruirla. La partida de Justicia, en cambio, sí fue aprobada y llegó al Senado con la transferencia para sitios de memoria en mil pesos. Así, el destino del Museo de la Memoria y de los sitios depende ahora de lo que el Ejecutivo decida reponer y de cómo vote el Senado.
Justicia: menos recursos para buscar a los desaparecidos
La partida que Rodríguez votó a favor también trae recortes en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. En abril, la Dipres recomendó "descontinuar" el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo, el órgano que coordina el Plan Nacional de Búsqueda. El programa no se cerró, pero los decretos de ajuste de este año rebajaron $870 millones a la Subsecretaría de Derechos Humanos, un 9,2% de su presupuesto, como reportó La Tercera.
Los documentos oficiales permiten seguir la trayectoria. Según el informe de la Dipres sobre el presupuesto 2026, el Programa de Derechos Humanos contaba con $1.243 millones para el Plan Nacional de Búsqueda, de los cuales $579 millones eran para diligencias y $458 millones para gastos operacionales, mientras que el Servicio Médico Legal disponía de $962 millones para el plan. Para 2027, el proyecto de ley autoriza hasta $843,9 millones para las acciones del plan en el Programa de Derechos Humanos, y el informe del Servicio Médico Legal considera $777 millones, una baja nominal cercana al 19% en este último caso.
La Subsecretaría admitió ante BioBioChile la disminución, aunque la cifró en un rango menor: $1.187 millones para el plan en 2027 frente a $1.242 millones en 2026, y aseguró que las diligencias seguirán. Las organizaciones, en cambio, miden la partida específica de diligencias y peritajes forenses, y calculan una caída real de 27,7%. Denuncian además la eliminación de una glosa del Poder Judicial que resguardaba $384,6 millones para buscar y digitalizar causas de derechos humanos.
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En contraste, el proyecto mantenía para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) $16.900 millones, un alza de 0,7%, tras clasificar sus fondos como gasto de ley permanente. Aun así, el organismo salió de la Cámara sin recursos para gastos variables.
Un libreto conocido
La ofensiva no es nueva. En la discusión del Presupuesto 2023, el diputado republicano Cristián Araya (REP) cuestionó los fondos para una "supuesta búsqueda" de detenidos desaparecidos y su colega Luis Sánchez (REP) habló del "museo de la mala memoria". Ese año la Cámara rechazó el programa que financiaba al Museo de la Memoria, Villa Grimaldi y Londres 38, aunque los fondos fueron repuestos más tarde. En 2025, el Senado rechazó los recursos de cuatro sitios de memoria, que finalmente se restituyeron en la Comisión Mixta
La diferencia en 2027 es que la reducción viene a la vez del Ejecutivo y del Congreso, y que se suma a recortes ya aplicados por decreto durante el año.
¿Se sostiene la acusación?
Los documentos públicos revisados por este medio no muestran utilidades, repartos ni rentabilidad asociados a los sitios de memoria. Las entidades que reciben fondos son fundaciones y corporaciones sin fines de lucro; sus convenios pasan por la Contraloría; la ley les exige reportar personal, honorarios y cada gasto superior a dos millones de pesos, y sus asignaciones van de unos $30 millones a $2.648 millones al año. Varias de ellas, además, operaron en 2026 con pagos retrasados o sin aporte estatal.
Lo que sí muestran las cifras es que, en un presupuesto cuyo gasto crece 1,5% real según el propio Ministerio de Hacienda, las líneas destinadas a la memoria y a la búsqueda de desaparecidos están entre las que más caen en términos porcentuales. Las organizaciones de sitios de memoria califican el momento actual como el peor que han vivido en décadas, según la conferencia recogida por Radio Universidad de Chile. La decisión queda ahora en manos del Senado y, eventualmente, de una nueva Comisión Mixta, antes del plazo legal del 29 de noviembre.
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