Han pasado casi tres años desde que el ingeniero civil y doctor en leyes, Juan Pablo Aguirre, renunció a la dirección ejecutiva de las Empresas y Fundaciones de la Universidad de Santiago (Efusach), un conjunto de entidades privadas a través de la que la casa de estudios vende diversos servicios, siendo las más notorias la Sociedad de Desarrollo Tecnológico (SDT) y Capacitación USACH.

Así también han pasado casi tres años desde que la siguiente administración de la Efusach, a cargo de Víctor Caro Castro, interpuso una querella por la apropiación indebida de 2.356 talonarios de cheques de restaurante Sodexo, valuados en $194 millones de pesos, entre 2014 y 2017. Los querellados, hoy en calidad de formalizados, fueron el entonces recién renunciado ex director Aguirre y su secretaria en las Empresas USACH, María Inés Curamil.

Según relata la querella, el 15 de agosto de 2020, sólo días después de la salida de Aguirre, una secretaria le entregó un formulario al nuevo director Víctor Caro con la solicitud de talonarios Sodexo adicionales para al menos tres unidades de la empresa.

Caro notó algo extraño en la solicitud, pues los talonarios deben ser entregados a los trabajadores en persona para almorzar por los días efectivamente trabajados y horas extra, pero en ningún caso para las unidades de la empresa en términos generales.

Los talonarios eran comprados y gestionados directamente por la dirección ejecutiva, a cargo de Juan Pablo Aguirre. Más específicamente mediante su secretaria de la época, Marta Curamil.

La querella asegura que Caro pidió más información a la secretaria, pero esta desconoció la razón de la solicitud de más talonarios, puesto que su trabajo sólo se trataba de confeccionar la plantilla mensual y gestionar la firma con el director ejecutivo de la SDT.

De esta forma, el director recién asumido se dirigió a la funcionaria a cargo de la compra de los cheques, Constanza Claret, pero esta tampoco conocía de las razones para la petición de más talonarios, pues era una solicitud habitual que se realizaba todos los meses.

Según detalla el recurso, en enero de 2018 las Empresas USACH crearon un nuevo procedimiento para gestionar la adquisición de cheques de restaurante. Para la función se nombró una encargada de gestionar el sistema de solicitudes, compra, administración y gestión de los cheques, en este caso Claret.

Sin embargo, antes de instaurar este sistema, es decir hasta diciembre de 2017, los talonarios eran comprados y gestionados directamente por la dirección ejecutiva, a cargo de Juan Pablo Aguirre. Más específicamente mediante su secretaria de la época, Marta Curamil.

El nuevo director ejecutivo solicitó más datos sobre la solicitud de estos cheques extra a la abogada Karina Cerda, quien le informó de la existencia de un set de documentos que había dejado Aguirre. Entre ellos se encontraba un informe de auditoría titulado Revisión al proceso de adquisición, utilización y custodia de cheques restaurant Empresas Usach 2017.

Portada auditoría Empresas USACH 2017.

Portada auditoría Empresas USACH 2017.

Se trataba de una auditoría solicitada por el mismo ex director que se encontraba físicamente en la oficina de Aguirre desde 2017. En ella se reportaron las anomalías relacionadas a la compra y administración de los talonarios Sodexo denunciadas en la querella. El detalle era la compra en exceso de 2.385 talonarios, de los que no se poseía respaldos de su entrega o destino.

Con el informe sobre la mesa, Caro suspendió en seguida la entrega de los cheques de restaurante a las unidades de la empresa. Luego, notificó al presidente y vicepresidente de las Empresas USACH, mediante correo electrónico.

Cabe señalar que si bien la querella no menciona sus nombres, en ese entonces el presidente de las Empresas USACH era el rector Juan Manuel Zolezzi, y el vicepresidente, el prorrector Jorge Torres.

Según concluye el recurso contra Aguirre y su secretaria, la auditoría demostró que las Empresas USACH sufrió un perjuicio de $194 millones, situación que “no fue informada por ninguna vía formal al directorio ni en ese momento, ni de manera posterior, desconociendo mis representadas el motivo para no dar a conocer tan concluyente informe”.

La auditoría

La auditoría sobre el proceso de gestión de los cheques Sodexo solicitados por las Empresas USACH da cuenta de las anomalías en la gestión de los talonarios entre 2014 y julio del 2017. La principal irregularidad es que los cheques eran solicitados a Sodexo por la secretaria de Aguirre, sin mediar controles o validaciones por parte de la jefatura.

Según los auditores, la SDT y Capacitación USACH, empresas parte de la Efusach, compraron un exceso de 2.385 talonarios, valuados en $194.000.000, sin respaldos de entrega a sus beneficiarios. Esto equivale a un 40% de cheques en exceso sobre las necesidades de la empresa.

Tabla con cheques sin respaldo.

Tabla con cheques sin respaldo.

Más detalladamente, se solicitaron en promedio 656 talonarios extras entre el 2014 y 2016, de los que 515 corresponden a Capacitación USACH y 141 a la SDT. En tanto, hasta septiembre de 2017, fecha en que se entregó la auditoría, el exceso de talonarios fue de 432. De estos, 326 corresponden a Capacitación USACH y 106 a la SDT.

Además, para la auditoría se requirió información de parte de Recursos Humanos de Empresas USACH, con la que se estableció que no existía concordancia entre los talonarios comprados en exceso y la dotación de las empresas.

Según el registro del Poder Judicial, Curamil aceptó la salida alternativa, acogiéndose a la suspensión condicional de procedimiento. Por su parte, Aguirre no aceptó esta vía, por lo que el Ministerio Público solicitó medidas cautelares, las que fueron aceptadas por el tribunal.

La investigación

La querella fue interpuesta en octubre de 2020 a nombre de la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la USACH contra la secretaria del director ejecutivo de la empresa, Marta Curamil, y todos quienes resulten responsables.

En esa línea es que, meses después, se formalizó al ex director de la Efusach, Juan Pablo Aguirre, por apropiación indebida, mismo cargo que se imputó contra Curamil.

No obstante, según el registro del Poder Judicial, Curamil aceptó la salida alternativa, acogiéndose a la suspensión condicional de procedimiento. Por su parte, Aguirre no aceptó esta vía, por lo que el Ministerio Público solicitó medidas cautelares, las que fueron aceptadas por el tribunal. Con ello en noviembre de 2022, el ex director quedó con arraigo nacional y firma mensual.

La última actualización disponible señala que el juzgado notificó a Aguirre que la audiencia de cierre de investigación se realizará el próximo martes 25 de abril.

Interferencia se contactó con el abogado de Juan Pablo Aguirre, quien desistió de dar declaraciones dado el estado procesal de la querella.