Durante esta semana en la Convención Constitucional, la Comisión de Forma de Estado realizó las primeras votaciones en particular de las indicaciones a las propuestas aprobadas previamente en general. El primero de los artículos establece a Chile como un “Estado regional, plurinacional e intercultural'', por lo que ahora pasará al Pleno para ser discutida y votada en aquel espacio junto a otras iniciativas aprobadas en las comisiones, a partir del 15 de febrero. Y para que aquellos artículos integren la propuesta de texto constitucional, deben ser visados con el quórum de 2/3, es decir de 103 votos a favor.

La propuesta de norma 'Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas, Estado Plurinacional y Libre determinación de los pueblos”' presentada por los convencionales Rosa Catrileo, Lidia González, Adolfo Millabur, Elisa Loncon, Tiare Aguilera, Luis Jiménez, lsabella Mamani, Félix Galleguillos, Fernando Tirado, Ramona Reyes, Helmuth Martínez, Manuela Royo, Alejandra Flores, Guillermo Namor, Francisca Arauna y, Bárbara Sepúlveda, comienza en su texto tomando el antecedente que se trata de una demanda histórica: “dicho requerimiento ya aparecía expresado en el Acuerdo de Nueva Imperial del 1 de diciembre de 1989”.

Ese año, y en pleno comienzo de la recuperación de la democracia tras la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, Patricio Aylwin, candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, firmó un pacto con un conjunto de autoridades indígenas pertenecientes al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), que agrupaba a organizaciones mapuche, huilliche, aymara y rapa nui. 

En el acta se comprometía al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, a la creación de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de un Fondo Nacional de Etnodesarrollo y a la creación de una Comisión Especial para los Pueblos Indígenas como instancia para estudiar las propuestas formuladas por las organizaciones.

La principal organización que se excluyó del acuerdo fue el Consejo de Todas las Tierras o Aukiñ Wallmapu Ngulam (AWNg). 

En la propuesta programática indicó que el futuro gobierno tendría “un especial compromiso con los pueblos indígenas de Chile".

Mientras, las organizaciones indígenas pactaron “apoyar y defender el futuro gobierno de la Concertación de partidos por la Democracia que encabezará don Patricio Aylwin Azocar y su gestión en pro de la recuperación democrática de Chile” y a “canalizar sus legítimas demandas de aspiraciones de justicia frente a los graves problemas que afectan a los pueblos indígenas a través de las instancias y mecanismos de participación que serán creados por el futuro gobierno”.

Pero más allá del acta, también existieron más compromisos en la propuesta programática del candidato. El documento, que consta de diecisiete páginas, indica que el futuro gobierno tendría “un especial compromiso con los pueblos indígenas de Chile por ser uno de los grupos más postergados”. También propone el reestudio del proyecto de las represas hidroeléctricas del Alto Bio Bio para “asegurar que su ejecución no afecte negativamente a los mapuche pehuenche que allí habitan ni a su medio ambiente”, y la ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado chileno”.

Sin embargo, el 22 de mayo de 1990 el Ministerio de Economía autorizó la construcción de la central hidroeléctrica Pangue, cuyo objetivo final era la construcción de una serie de seis centrales en el río Bío Bío, entre ellas, Ralco, según consigna el sitio web Memoria Chilena. La decisión provocó de inmediato una fuerte oposición a los proyectos y significó el menoscabo en la forma de vida de los mapuche pewenche que residían en el área de inundación, donde incluso cubrieron un cementerio indígena.

“Hemos procurado que los planes y medidas que se han propuesto como parte del programa de gobierno que encabezaré, sean realistas", dijo Patricio Aylwin en su discurso.

En el discurso que realizó en el Acuerdo de Nueva Imperial -disponible en el archivo de la Fundación Aylwin- el ex presidente habló sobre el “realismo de nuestras propuestas”, donde señaló: “Hemos procurado que los planes y medidas que se han propuesto como parte del programa de gobierno que encabezaré, sean realistas y posibles de realizar. Nada sacaríamos con hacer falsas promesas de solución definitiva de los múltiples problemas que a ustedes aquejan”.

"Ustedes más que nadie saben que en cuatro años no se puede dar solución a problemas que se arrastran ya desde hace varios siglos. Las falsas promesas no constituyen sino un engaño, una falta de respeto y quienes las hacen, quieren mantener con ustedes. una relación que nosotros queremos superar", añadió.

Ya en el poder

El 1 de enero de 1991 Aylwin ingresó al Congreso Nacional un primer proyecto de ‘reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas (Boletín N° 513-07), donde se proponía incluir en el primer artículo de la Constitución el siguiente texto: “El Estado velará por la adecuada protección jurídica y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran la Nación Chilena”, pero la reforma constitucional no fue aprobada. 

La investigación Pueblos indígenas y reconocimiento constitucional: aportes para un debate, en la discusión del proyecto, la oposición de la época planteó que la reforma no era necesaria.

Según la investigación del Centro de Políticas Públicas UC Pueblos indígenas y reconocimiento constitucional: aportes para un debate de Sebastián Donoso y Camila Palacios, “en la discusión del proyecto, la oposición de la época planteó que la reforma no era necesaria, siendo posible generar ayudas concretas y directas a los pueblos indígenas con las disposiciones constitucionales vigentes”. El proyecto de reforma constitucional fue presentado conjuntamente con otras dos iniciativas: un proyecto de acuerdo para ratificar el Convenio 169 de la OIT y un proyecto de ley que establecía crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

“Desde el Congreso la opinión era que para aprobar la reforma constitucional era necesario concordar políticamente los aspectos claves que contendría la legislación. El Gobierno se comprometió a buscar y obtener un amplio acuerdo con todos los sectores representados en el órgano legislativo a fin de determinar, en forma precisa y consensuada, los principios y contenidos que tendría la Ley Indígena, así como la forma en que sería tramitado el Convenio 169 de la OIT. De esta manera se terminó aprobando la Ley N° 19.253 en octubre de 1993 (Ley Indígena), mientras que el proyecto de reconocimiento constitucional tuvo que esperar hasta el siguiente gobierno para retomar su discusión”, añade el mismo estudio.

También el estudio recoge que el uso del vocablo ‘pueblos’ fue polémico; “el Ejecutivo había explicado que la expresión ‘pueblos’ no estaba considerada en el sentido de ‘titulares’ de la soberanía nacional o de su ejercicio, o como derecho de autodeterminación, sino como un concepto que buscaba reconocer la existencia de los pueblos indígenas como un sector integrante de la nación. Sin embargo, en opinión de muchos parlamentarios, la palabra en cuestión podía constituir una amenaza contra el carácter unitario del Estado chileno y alentar un potencial separatismo”.

En la actualidad, según los mismos pueblos indígenas y entidades internacionales, este término, 'pueblos', es el más adecuado a la hora de mencionarlos, ya que reconoce una estructura social propia, lengua, cultura, tradición y el derecho sobre el territorio, entre otros elementos, al contrario de conceptos como 'etnia'. Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para Adolescentes Indígenas (2013), indica que el término 'pueblos' está más estrechamente ligado al  inherente reconocimiento de su particular identidad, derechos humanos individuales como de derechos colectivos y a la autodeterminación.

Ana Llao, quien asistió al Acuerdo de Nueva Imperial dijo sentirse decepcionada: "Tuvimos la Ley Indígena, que vino a reemplazar los decretos nefastos de la dictadura, pero el resto de los compromisos no se cumplieron”.

Ana Llao, werken (vocera) de la histórica agrupación Ad Mapu asistió al Acuerdo de Nueva Imperial. En una entrevista con el Observatorio de Género y Equidad, dijo sentirse decepcionada: “A fines de los 80' teníamos como pueblo grandes sueños e intentamos alianzas con movimientos progresistas. Se nos habló de cambiar la Constitución de Pinochet para que tuviéramos un reconocimiento institucional. De crear un Ministerio Indígena, que al final se transformó en Conadi que es una cuestión que no corta nada. Vimos que no había voluntad política. Es cierto que tuvimos la Ley Indígena 19.253, que vino a reemplazar los decretos nefastos de la dictadura, pero el resto de los compromisos no se cumplieron”.

Respecto al Convenio 169 de la OIT, el Congreso Nacional lo aprobó recién 2008, logrando su entrada en vigor el año 2009, pero a la vez generando amplios cuestionamientos sobre su efectiva apliación hasta día de hoy. "Mientras el país actuaba lentamente en ratificar el Convenio, el contexto internacional de reconocimiento de protección de los derechos colectivos indígena seguía avanzando mediante la discusión en la ONU de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y posteriormente en la discusión de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA", dijo Elisa Loncon en una columna en El Mostrador.

Mientras que el periodista Pedro Cayuqueo en au columna La traición de la palabra, señala: “No pasó mucho con lo pactado solemnemente en Nueva Imperial. Sí, se legisló una nueva Ley Indígena y se creó la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Pero aquello, seamos serios, ya existía como institucionalidad pública desde comienzos del 50'. Conadi antes se llamó Dirección de Asuntos Indígenas (Dasin, 1953-1972) y después Instituto de Desarrollo Indígena (IDI, 1972-1978). Lo mismo aconteció con la ley promulgada el año 1993; una reedición de anteriores textos legales, el último promulgado por la UP en 1972. Fue en síntesis lo único que hizo Aylwin en materia indígena; reedificar aquello que los militares habían desmantelado. Y no digamos que de la mejor forma. Recuerden que todo se hizo "pactando".  O lo que es lo mismo, en la medida de lo posible”.