El Ministerio Público decidió ayer 8 de octubre, a menos de una semana de revelados los Pandora Papers, que los antecedentes aportados por Ciper y LaBot, en el marco de la filtración mundial de documentos de paraísos fiscales, ameritan reabrir la investigación e indagar en el actuar de Sebastián Piñera y su familia.

Durante la semana La Moneda trató de instalar la narrativa de que los antecedentes revelados por los medios no eran novedosos y estaban incluidos en la investigación penal que se cerró en 2017 y que llevó a cabo el fiscal Manuel Guerra, por lo que se trataba de algo juzgado, donde se había acreditado la inocencia de Piñera. 

La decisión del Ministerio Público desdice la tesis que La Moneda insistentemente intentó instalar: que los antecedentes no son nuevos y constituyen cosa juzgada.

Sin embargo, la decisión de la Fiscalía que dirige Jorge Abbott, descartó dicha tesis al considerar que el contrato en inglés, firmado en las Islas Vírgenes Británicas por Carlos Alberto Délano y los hijos de Piñera, a través de las sociedades Delcorp International y Latin Minerals, no eran datos conocidos. Tampoco que el acuerdo final fue en tres pagos, y no en dos, como supo Fiscalía en 2017 dado que accedió al pre-acuerdo. 

Cabe mencionar que el contrato de compraventa por $152 millones de dólares estipula que el tercer pago a los Piñera por $9,9 millones estaba condicionado a que la autoridad -es decir Piñera y su gobierno, en su primer mandato- no declarase el área del proyecto Minera Dominga en zona de exclusión, parque o reserva natural. Algo que -por lo demás- nunca hizo, pese a que hizo gestiones personales para que en la zona no se instalase el proyecto termoeléctrico de Barrancones, que competía por el espacio con Dominga, aduciendo razones medioambientales, las que luego repitió cuando inauguró la COP 2019.

Tampoco los nuevos antecedentes ni la información respecto de la tercera cláusula, que es la que incrimina a Piñera, fueron conocidos por los tribunales de Justicia, tal como dio a con0cer ayer Ciper, pues el dato del pre-acuerdo no fue presentado por Manuel Guerra ni los querellantes que representaban al diputado Hugo Gutiérrez (PC) en 2017, en medio de la campaña presidencial que a la postre ganó Piñera ese año. 

Según informó la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, quien estuvo a cargo de comunicar la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott, "los antecedentes podrían revestir delitos de cohecho, con su correlato de soborno y eventuales delitos tributarios”. 

Las indagaciones quedaron a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, quien también investiga a Piñera por violaciones de derechos humanos durante el estallido social.

Piñera: 'Soy inocente'

Durante la jornada de ayer, Piñera hizo un punto de prensa en La Moneda donde flanqueado por los ministros Juan José Ossa (Secretaría General de la Presidencia) y Jaime Belollio (Secretaría General de Gobierno), reiteró su línea de defensa y afirmó: "nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga”. 

También Piñera dijo que “como es de público conocimiento, el año 2009, antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración y gestión de las empresas en que participaba [...] Junto a mi familia, constituimos fideicomisos ciegos para la administración de los activos financieros de forma de evitar cualquier conflicto de interés y, además, cumpliendo con la ley”.

Piñera ni sus ministros aceptaron preguntas.