Artículo publicado originalmente por Revista Doble Espacio el 23 de julio de 2021.

Fueron alrededor de 600 mil jubilados en Chile los que no pudieron acceder, el año pasado, a los primeros retiros del 10% de las AFP, ya que sus jubilaciones las reciben desde aseguradoras, que básicamente son dueñas de sus ahorros, que le van entregando mes a mes. 

Actualmente en la Cámara de Diputados hay dos iniciativas relacionadas con el anticipo de las rentas vitalicias. Por un lado, una moción presentada por Karim Bianchi, que busca solucionar la disminución de las pensiones, y que el pasado 19 de julio se aprobó en general en la Comisión de Constitución, y por otro, una Comisión Investigadora liderada por Alejandra Sepúlveda (FREVS) que tiene como objetivo fiscalizar a la CMF.

Pese a ello, Evelyn, la abogada de la ONG de pensionados vitalicios “Respeto, Justicia y Dignidad”, considera que el debate sobre las rentas vitalicias no debe limitarse solo al anticipo.

“La pandemia levantó una cortina de humo. Reveló un engaño, una estafa, de la que nosotros nos fuimos enterando a medida que los pensionados iban relatando sus casos”, afirma.

Para Evelyn la explicación se encuentra, al menos parcialmente, en la influencia que tienen las aseguradoras sobre los políticos.

El Ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien anunció reservas de constitucionalidad durante el debate sobre las rentas vitalicias, está casado con Carmen Lyon, Gerente de seguros de vida en la Corredora Cono Sur.

“La Asociación de Aseguradores de Chile son dueñas de AFP, son dueños de banco, son dueños de retail, financian campañas políticas, entonces colisionan los intereses de la ética parlamentaria con los intereses económicos de las grandes empresas (…) Quizá no es la forma de legislar, porque tiene que ser el ejecutivo, pero haciendo estos proyectos de resolución, al menos generan un debate público que es necesario”, dice.

Doble Espacio constató que al menos un actor relevante durante la discusión parlamentaria sobre los retiros del 10% tiene lazos con una aseguradora. El Ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien anunció reservas de constitucionalidad durante el debate sobre las rentas vitalicias, está casado con Carmen Lyon, Gerente de seguros de vida en la Corredora Cono Sur.

La empresa, que además tiene entre sus socios fundadores a Juan José Santa Cruz, tío en segundo grado del Ministro, no vende rentas vitalicias, pero sí ofrece asesoría previsional. 

Considerando estos antecedentes, Aldo Madariaga, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), señaló a Doble Espacio que podría ser un conflicto de interés, y que, por tratarse de un país capitalista con altos índices de desigualdad, en Chile los vínculos entre empresarios y políticos son múltiples.

De acuerdo al académico, el mundo privado utiliza canales formales como el financiamiento a partidos y la intervención de empresarios en el Congreso, todo con el objetivo de influir en la esfera política.

Existe una relación, aún más clara, entre la madre del titular de la Segpres, Lucía Santa Cruz y la aseguradora Chilena Consolidada. Santa Cruz fue parte del directorio de la empresa mientras se tramitaba el anticipo.

Sin embargo, a veces se recurre a canales más informales, como la llamada “puerta giratoria”: tal como en el caso de Joaquín Cortes, hay muchos que transitan constantemente entre los directorios de empresas y los organismos públicos. A veces, incluso “basta que el empresario vaya a una fiesta de cumpleaños, a una reunión social el fin de semana, para tener alguna relación con alguien dentro de la política”, asegura Aldo.

Con posterioridad a la publicación de este reportaje, Doble Espacio comprobó que además de este vínculo entre la esposa del Ministro Ossa y la industria aseguradora, existe una relación, aún más clara, entre la madre del titular de la Segpres, Lucía Santa Cruz y la aseguradora Chilena Consolidada. Santa Cruz fue parte del directorio de la empresa mientras se tramitaba el anticipo y, actualmente, es vicepresidenta de la misma. De acuerdo a un informe del 2017, realizado por la Fiscalía Nacional Económica, Chilena Consolidada está entre las 10 aseguradoras con mayor presencia en el mercado de las rentas vitalicias.

Cuando Evelyn habla de "engaño" no solo se refiere al desconocimiento de una gran cantidad de pensionados respecto a lo que significa contratar una renta vitalicia, sino que también alude a un reciente escándalo con certificados de oferta que fueron adulterados.

Al momento de jubilarse, todos los futuros pensionados deben solicitar un certificado de oferta a través del  Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP). En esos certificados, que se emiten para que las personas tomen decisiones informadas, aparecen las pensiones que distintas AFP y aseguradoras les ofrecen teniendo en cuenta sus antecedentes.

Los SCOMP, como son frecuentemente conocidos estos certificados de oferta, no se les entregan a las personas directamente, sino que se consiguen a través de asesores previsionales, agentes de ventas de AFP o aseguradoras. Precisamente, diez de las 16 empresas que ofrecen rentas vitalicias fueron sancionadas en septiembre del año pasado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), debido a “incumplimientos relativos al proceso de contratación de rentas vitalicias a través del SCOMP”.

Para dar solución a estas irregularidades, Evelyn propone una mayor participación del Estado, pero para que se produzcan ese tipo de reformas, deben hacerse cambios constitucionales que son de iniciativa exclusiva del ejecutivo.

La abogada, en su rol de representante de la ONG, les propuso a parlamentarios lo que ella cree es la mejor forma de dar soluciones a los pensionados en renta vitalicia: un proyecto de resolución para presionar al gobierno.

Además de reunirse con personeros de gobierno, Evelyn, en su rol de representante de la ONG, estableció lazos con parlamentarios y les propuso lo que ella cree es la mejor forma de dar soluciones a los pensionados en renta vitalicia: un proyecto de resolución para presionar al gobierno. Sin embargo, esto no se ha concretado, y acusa que los mismos diputados que la ayudaron en la tramitación del tercer retiro ahora no le responden.

Sin retiro y con bajas pensiones

La discusión en el Congreso sobre el retiro del primer 10% de fondos previsionales, trajo esperanza a muchas personas con renta vitalicia. Entre ellos, María Eliana Jofré, una educadora de párvulo de 68 años que vive en Puerto Natales.

Su pensión, que en ese momento era cercana a los 130 mil pesos, hace años no le permite costear el arriendo (actualmente vive en una casa que el Serviu le facilitó en comodato), y muchas veces la ha obligado a escoger entre pagar las cuentas de los servicios básicos y comprar alimentos. Todo esto se vio agravado con la pandemia, ya que no pudo seguir en su trabajo como recepcionista de hotel, ni tampoco cuidando niños. 

Al igual que muchos chilenos, durante buena parte del 2020 no recibió ayudas del Estado, y es por ello que cuando se habló de un posible retiro se sintió optimista. Sin embargo, mientras veía como avanzaba el debate en televisión, se dio cuenta de que para ella el retiro no era una posibilidad, porque cuando pasó de la AFP a una aseguradora, sus fondos dejaron de pertenecerle.

“Cuando empezaron los 10% me di cuenta de que mi plata no era mía. Que prácticamente la había regalado. Que todos mis años de trabajo, de sacrificio, todo lo había regalado”, dice en conversación con Doble Espacio, María Eliana.

A diferencia de lo que ocurre con los jubilados que están en una AFP, los pensionados con rentas vitalicias no corren el riesgo de que sus fondos se terminen. El dinero de esas personas está en manos de corredoras de seguros de vida que les dan la garantía de que recibirán pensión hasta el final de sus vidas. Para muchos, ese fue el principal motivo por el que cambiaron de sistema, pero cuando tomaron la decisión, pocos sabían que también estaban entregando sus fondos a perpetuidad. 

María Eliana y otros cientos de jubilados con rentas vitalicias formaron la ONG “Respeto, Justicia y Dignidad”, una agrupación que se ha manifestado en las calles.

Esa cláusula no aparece en las pólizas que suscriben los pensionados con las aseguradoras, así que hizo falta que ocurriera un retiro de fondos en las AFP, para que las personas, que ahora se sienten estafadas por las aseguradoras, comenzaran a organizarse.

En este contexto, María Eliana y otros cientos de jubilados con rentas vitalicias formaron la ONG “Respeto, Justicia y Dignidad”, una agrupación que se ha manifestado en las calles, y que logró, presionando a los parlamentarios, que el tercer retiro del 10% sí los incluyera.

El anticipo

Ingrid Mancilla, viuda y madre de tres hijos, también es parte de la ONG y hasta hace poco recibía una pensión de sobrevivencia de 167 mil pesos. Con la pandemia, ese dinero pasó a ser su único ingreso, ya que las cuarentenas le impidieron seguir trabajando como bartender.

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Foto: Evelyn Urrutia.

Durante los primeros meses del 2020, la joven de 31 años vendió casi todas las cosas de su casa, incluido su ropa y pertenencias personales, para que a sus hijos no les faltara nada. Y luego, cuando solo le quedaban la cama y la cocina, comenzó a vender y repartir pizzas para solventar sus gastos.

Hace un par de meses, cuando los pensionados de rentas vitalicias pudieron retirar  su 10%, Ingrid compró un horno profesional para seguir con su negocio. Esto, sin embargo, significó que su pensión disminuyera un poco.

Lo anterior se debe a la manera en que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) interpretó la ley del tercer retiro. A través de un oficio, el ente regulador le indicó a las aseguradoras que junto con entregar el 10% de los fondos, estaban autorizados a bajar las pensiones a perpetuidad. Es por ello que para las rentas vitalicias se habla de anticipo, porque la rebaja amortiza el retiro y en rigor lo paga.

“Voy a pagar como el doble o tres veces la plata, porque es un crédito al final lo que dieron. Ahora lo que quieren cambiar con el segundo retiro, es que te reajusten la pensión, pero hasta que se pague la totalidad del 10%.", dice Ingrid Mancilla.

En el caso de Ingrid, su pensión bajó solo 9 mil pesos, pero si se toma en cuenta la cantidad de años que le quedan en el sistema previsional, terminará pagando mucho más de lo que retiró de la aseguradora.

“Voy a pagar como el doble o tres veces la plata, porque es un crédito al final lo que dieron. Ahora lo que quieren cambiar con el segundo retiro, es que te reajusten la pensión, pero hasta que se pague la totalidad del 10%. No que sea de por vida”, señala la pensionada.

Algo que también le preocupa es la situación del resto de los pensionados vitalicios, pues la mayoría de ellos son adultos mayores que, a diferencia de Ingrid, no pueden seguir trabajando.

“No debería pasar eso acá en Chile. Menos con los adultos mayores, todos vamos a ser adultos mayores. Por último, que reciban un sueldo mínimo. Para que puedan vivir. Que tengan más garantías por haber dedicado toda su vida a trabajarle a Chile. Si trabajaste, impusiste, mínimo que se te devuelva la mano cuando ya no tienes fuerza”, opina Ingrid.

Para Evelyn Urrutia, el actuar de la CMF no fue una sorpresa, pues asegura que en repetidas ocasiones el organismo regulador ha actuado en favor de las empresas, y no de los ciudadanos. Después de todo, Joaquín Cortes, el presidente de la CMF, fue hace un par de años director de la aseguradora Confuturo. 

“Siempre en Chile ocurren estos problemas de que personas que están vinculadas a la política luego pasan a grupos empresariales como AFPs, y así se van alternando. No podemos permitir que siga ocurriendo eso, porque nunca van a dictar normas generales o de instrucción en favor de las personas”, señala la abogada.

Carlos Rivadeneira, abogado de la Universidad de Chile y autor del libro Aquí se fabrican pobres: El sistema privado de pensiones chileno, considera que se está beneficiando a las empresas.

Carlos Rivadeneira, abogado de la Universidad de Chile y autor del libro Aquí se fabrican pobres: El sistema privado de pensiones chileno, coincide con Evelyn en su crítica a la CMF, y también considera que se está beneficiando a las empresas.

“El solo hecho de que exista esa interpretación da como para tomar medidas políticas de remoción. ¿Quién puede interpretar así?. Porque si yo, organismo fiscalizador lo estoy interpretando así, le estoy cuidando la espalda a la industria de las compañías de seguros”, explica el escritor en conversación con Doble Espacio. 

Rentas vitalicias NO

Nancy San Martín siempre tuvo el sueño de ser profesora y cantante. Cuando egresó del colegio lo consiguió, pues además de estudiar pedagogía en música, fue desarrollando una carrera en el canto intercultural mapuche que, en 1991, la llevó a ganar una gaviota de plata en el Festival de Viña.

Hoy en día trabaja formando orquestas con niños de comunidades mapuche, y aunque asegura que eso la hace feliz, le parece aberrante que el buen sueldo que consiguió como profesora universitaria y directora cultural en una municipalidad, esté tan lejos de los 120 mil pesos que le entrega todos los meses la aseguradora. 

María Eliana Jofré, que también fue profesora, tiene una frustración similar. Con el sueldo que recibía antes, que incluso bordeo los 2 millones de pesos, llevaba una vida muy distinta.

“Ahora tengo que ir al Cesfam porque no me da para más. Y eso también me duele, porque yo estaba en la AFP, estaba en el AUGE, estaba trabajando, estaba en una isapre (…) a mí me daban los mejores remedios en la farmacia. Remedios de marca, remedios de buena calidad, no como los que te entrega el Estado, que te entregan lo que bota la ola”, cuenta María Eliana.

Tal como ocurre con los jubilados en AFP, los pensionados vitalicios sugieren un cambio radical en el sistema previsional y ponen en duda la acción de los privados que lo administran. Nancy, que incluso escribió una canción sobre las rentas vitalicias para que sea usada en marchas, es particularmente crítica.

“Ojalá algún gobernante, algún parlamentario, senador, diputado y toda esa gente, pudieran hacer algo, pero algo que vaya realmente en beneficio de las personas, no sólo de renta vitalicia", cuenta una pensionada.

“Solamente ven su propio interés. Ven su ambición. De querer tener, tener, ¿para qué querer tanto? Si nos vamos de esta vida y al final nos vamos a poto pelao y sin nada. A la tierra en donde la sangre desaparece en unos días. Las uñas, el pelo, la palpitación del corazón se muere, se vuelve tierra, se recicla todo y se vuelve tierra”, reflexiona. 

Y agrega, “¿Qué somos? No somos nada. Lo que verdaderamente nos llevamos son las cosas lindas que entregamos aquí en la tierra. Lo mío quedará patentado con mi música (…) Mis canciones van a quedar ahí. Eso es lo más maravilloso, eso sí que es oro. Más que todo el oro de lo que ellos quieren atrapar de nosotros, de nuestros pulmones, más que todo el oro del pan que nos quitan de la boca”.

María Eliana, por su parte, espera que de ahora en adelante, los políticos dejen de poner  los intereses de las empresas por sobre las necesidades de los jubilados.

“Ojalá algún gobernante, algún parlamentario, senador, diputado y toda esa gente, pudieran hacer algo, pero algo que vaya realmente en beneficio de las personas, no sólo de renta vitalicia, que somos los que estamos más mal, sino de todos los viejos que pusimos el hombro para que este país saliera adelante. Porque de alguna manera los que ya somos olvidados, dimos toda nuestra vida de trabajo para el país”.