El avance de la minería submarina mantiene en riesgo a la zona Clarion-Clipperton, un área de aguas internacionales ubicada en el océano pacífico, frente a los mares de México y Hawai.

Con una superficie superior a los 4 millones de kilómetros cuadrados, Clarion-Clipperton es considerada una de las zonas marinas más ricas en recursos minerales, al mismo tiempo que alberga más de 5 000 especies, de las cuales cerca del 80% son consideradas nuevas para la ciencia, según una investigación científica publicada en mayo del año pasado en la revista Current Biology.

En el fondo marino de Clarion-Clipperton, existen nódulos polimetálicos —pequeñas rocas que contienen manganeso, hierro, calcio, cobalto, cobre, níquel y titanio— que son considerados valiosos para la transición energética. Por lo mismo, la empresa canadiense The Metals Company, patrocinada por el país insular de Nauru, busca obtener el primer permiso de extracción mineral de aguas profundas en esta zona, lo que mantiene en alerta al mundo entero.

Actualmente, la explotación minera en el suelo marino está detenida por solicitudes de diferentes Estados que buscan impedirla hasta tener claridad de las consecuencias ambientales que puede generar. Sin embargo, el avance de la minería submarina podría convertirse en una realidad gracias a un subterfugio legal aplicado en 2021 por Nauru.

Expertos advierten que las consecuencias aún desconocidas de la minería submarina podrían ser nefastas para la humanidad y claman porque la toma de decisiones sea consecuente con las necesidades de desarrollo sostenible.

Una moratoria para la minería submarina

La minería submarina considera extraer minerales desde las profundidades del mar (bajo los 200 metros), en áreas de aguas internacionales, es decir, en aquellos espacios que están más allá de las 200 millas de la costa de cualquier país y que no son parte de ningún territorio nacional.

Hasta ahora, ningún proyecto minero ha avanzado a la etapa de extraer minerales del fondo del mar, pero sí a explorar las posibilidades. De hecho, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA)—la organización internacional conformada por todos los países que son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que regula la exploración minera en aguas internacionales— ha aprobado reglamentos sobre prospección y exploración relacionados con tres tipos de minerales: los nódulos polimetálicos; los sulfuros polimetálicos y las costras de ferromanganeso con alto contenido de cobalto.

Hasta el 31 de enero de 2024, estaban en vigor 31 contratos de exploración en todo el mundo, de los cuales 19 corresponden a nódulos polimetálicos, siete a sulfuros polimetálicos y cuatro a costras de ferromanganeso con alto contenido de cobalto. Estos proyectos de exploración se encuentran principalmente en la zona Clarion-Clipperton, la Cuenca de Perú, el Océano Índico y el Atlántico Sur.

Actualmente, el avance hacia la explotación es el principal debate entre los países miembros de la ISA.

“Se están discutiendo los aspectos ambientales y los aspectos regulatorios”, explica el abogado en derecho internacional y experto en océanos, Cristián Laborda, y en ese contexto “se han dado diferentes temas y preocupaciones ambientales por los riesgos que conlleva esta actividad”, agrega el abogado.

Según las regulaciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el avance hacia la explotación requiere el patrocinio de un Estado miembro de la ISA, lo que ha llevado a que ciertos países negocien con grandes empresas para entregar su patrocinio y facilitar la explotación del fondo marino. Es el caso de la relación entre Nauru, una pequeña isla de Oceanía que tiene cerca de 13 mil habitantes, con la empresa canadiense The Metals Company para lograr explotar Clarion-Clipperton.

Expertos aseguran que Nauru ha aprovechado una especie de vacío legal, conocido como la regla de los dos años, para presionar a la ISA. Sucede que el Tratado sobre el Derecho del Mar establece que se debe concluir el código minero en un período de dos años luego de la solicitud de explotación minera, es decir, en julio de 2023. Como eso no ha ocurrido, según el tratado, la ISA tendría que admitir las solicitudes de explotación minera conforme a la normativa vigente en estos momentos.

Frente a esto, 25 países han expresado su preocupación a través de acciones oficiales. Chile, Ecuador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y otros 10 países presentaron una solicitud de pausa precautoria, buscando que no avance la minería submarina por un período de 15 años con el objetivo de reunir, en ese tiempo, información fidedigna sobre las posibles consecuencias de esta actividad.

Por otra parte, México, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá y UK, presentaron una moratoria para detener indefinidamente el inicio de la minería de aguas profundas.

Sin embargo, el Consejo de la ISA avanzó en marzo pasado, durante la primera parte de su 29ª sesión, en el reglamento de explotación de recursos minerales en los fondos marinos.

La segunda parte de esta sesión se realizará en la próxima asamblea de la ISA, que se celebrará entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 2024. Se trata de un espacio que cobra especial importancia para el futuro de los ecosistemas marinos, ya que podría concluir con la publicación del código minero para el desarrollo de la minería submarina y con los primeros permisos para extracción de minerales. No obstante, esta reunión también podría detener el avance de los planes puesto que en ella se discutirán las moratorias y pausas precautorias presentadas.

Consecuencias ambientales

Según las Naciones Unidas, los océanos son la principal fuente de proteínas para más de un tercio de la población mundial, y más de tres mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Por lo mismo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU es lograr conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.

Además, los océanos son grandes sumideros de Gases de Efecto Invernadero (GEI), absorben alrededor del 23% de las emisiones anuales de CO2 generadas por la actividad humana y absorben cerca del 90% del exceso de calor causado por el calentamiento global. Por todas estas razones, los océanos son esenciales para mitigar los efectos del cambio climático.

Protegerlos es urgente y el mundo ya ha dado importantes señales políticas en esa dirección, como el compromiso de proteger el 30% de la biodiversidad marina al año 2030, o el tratado de Alta Mar firmado por 80 países. Si bien este tratado aún debe ser ratificado por gran parte de los Estados firmantes, la creación del documento se considera como un avance clave ya que permite crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales, obligar a los Estados que quieran desarrollar proyectos en alta mar a realizar un estudio de impacto ambiental, y asegurar que nadie pueda apropiarse de los recursos genéticos marinos.

El abogado Cristián Laborda crítica el gran contraste existente entre los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 y el avance de la minería submarina. “Por un lado la agenda 2030 va por el lado de la protección y la minería submarina en este caso va por otro. Hay que tener una visión un poquito más interrelacionada de los temas. La humanidad en este momento no permite seguir teniendo estas mentalidades del siglo XX, es decir, una mirada que no considera el cambio climático ni las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Para la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Laura Ramajo, en Chile, el avance de la minería submarina constituye un riesgo del que no somos totalmente conscientes. “El océano es capaz de capturar entre el 30 y el 50% del CO2 antropogénico que hay en la atmósfera a través de diferentes procesos. El océano lo secuestró por miles y millones de años y ese carbono está en los sedimentos. Entonces no se tiene mucha idea si estas actividades pueden afectar o pueden liberar este CO2 y amplificar los efectos del cambio climático”.

Además, la investigadora comenta que las consecuencias no sólo están asociadas a la posible liberación de gases de efecto invernadero. “También se proyecta la contaminación por polución o por contaminación lumínica generada por los barcos o estructuras que se instalen para poder extraer los minerales. Ya sabemos los efectos que tienen estas alteraciones sobre la fauna, esto sí que está ampliamente estudiado, y se sabe que los efectos generan cambios en los patrones de alimentación, patrones reproductivos, entre otros”.

A pesar de que 25 países miembros de la ISA han presentado su negativa frente a la minería submarina, el comienzo de la explotación de fondos marinos podría comenzar muy pronto, asegura Sandor Mulsow, doctor en Geología Marina y ex miembro de la Comisión Técnica Legal de la ISA.

“En la empresa Metal Company están esperando solamente una resolución de la Autoridad Internacional de fondos marinos. Ni siquiera es una aplicación de licencia, lo harán gracias a un subterfugio que permite que un país pobre puede solicitar la utilización de los recursos minerales en aguas internacionales para su beneficio económico, porque no tienen recursos para subsistir, como ocurre con Nauru”, dice Mulsow.

Desde la perspectiva de científicos y expertos, los riesgos de la minería submarina son enormes y podría afectar a toda la humanidad. Por lo mismo, para Alejandro Olivera, director del Centro para la Diversidad Biológica en México, “la minería submarina debería estar prohibida. Si los países ya lo están prohibiendo dentro de sus aguas territoriales, también debe haber una congruencia y buscar la prohibición en aguas internacionales”.

*Imagen Principal: los riesgos de la minería submarina son enormes y podría afectar a toda la humanidad. Foto: The Metals Company

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