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Miércoles, 28 de octubre de 2020
¿Quién paga la luz?

Gobierno y eléctricas difieren respecto de quién debe absorber el costo de las compensaciones por el no corte del servicio

Joaquín Riffo Burdiles

En el veto de Sebastián Piñera a la disposición que prohíbe el corte de los servicios básicos, se argumentó que los costos de no hacerlo vía acuerdo no implicarán cargo fiscal ni a los usuarios. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que eso nunca fue concordado. 

Este jueves 9 de julio, el gobierno envió a la Cámara de Diputados el veto a la disposición legal que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago en el contexto de pandemia, por considerarlo inconstitucional.

Sin embargo, el gobierno quiso lanzar una señal de tranquilidad a la ciudadanía, garantizando que no habrá de todos modos cortes de servicios básicos durante la pandemia.

En un oficio enviado al presidente de la corporación legislativa, Diego Paulsen, se señaló que las observaciones gubernamentales asociadas al veto de dicha prohibición "no vienen a alterar las normas que aseguran el suministro de servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, así como aquellas que permiten enfrentar las dificultades para pagarlos; por el contrario, las hacen compatibles con el ordenamiento institucional que es el que permite, en el tiempo, poner en marcha iniciativas sostenibles para proteger a las personas".

En paralelo, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet aclaró que "estas observaciones buscan perfeccionar el contenido de esta ley, facilitar su promulgación y posterior ejecución en beneficio de las personas. Buscan en definitiva reafirmar lo que hemos dicho desde el inicio de la pandemia: no habrá corte de servicios básicos, y quienes lo necesiten podrán postergar sus cuentas sin costos".

Esta supuesta garantía de no suspensión del suministro, se funda, en palabras de Jobet, en que "el gobierno puso en marcha el acuerdo con las empresas, un plan que garantiza que a ninguna familia se les corte el suministro de servicios básicos de electricidad y agua potable durante la pandemia, y que permite postergar los pagos en doce cuotas sin intereses”, por lo cual "su plazo inicial de 90 días se ha ido extendiendo en la medida que se ha ido extendiendo la duración de la crisis, y fue recientemente ampliado hasta mediados de septiembre"

Según Jobet, "a esta fecha no ha habido corte de suministros de servicios básicos".

Corto circuito

Sin embargo, causó escozor en el sector eléctrico una observación contenida en el veto, en cuanto se afirma ahí que la ley en cuestión -a la cual solo se vetó la prohibición de corte de suministro- permite "eliminar la compensación que exista de cargo fiscal".

Lo más grave, a juicio de las empresas de electricidad, está contenido en este párrafo de las observaciones del veto: “sin embargo, y dado que las propias empresas han señalado, de manera pública y formal, que no traspasarán los costos que emanen de estas nuevas obligaciones que la ley establece en los próximos procesos de fijación tarifaria, se mantiene la premisa buscada tanto por el gobierno como por los legisladores: que no sean los usuarios de los servicios básicos quienes deban compensar los beneficios buscados, dado que los costos no serán incorporados por las empresas, ni menos por los respectivos reguladores en los futuros procesos tarifarios”. 

Es decir, se trata de una afirmación gubernamental que asegura un compromiso por parte de las empresas de que los costos asociados a la postergación del pago de los servicios, no será de cargo fiscal, ni será traspasado a los usuarios, vía próximas fijaciones tarifarias.

Pero, según varias fuentes del sector eléctrico, el acuerdo con el gobierno nunca se realizó ni formalizó en esos términos. 

“Se habla de no transferir los costos de estas medidas a los clientes finales, pero eso no está en ninguna parte y de hecho no es verdad. La pregunta que hay que hacérsela al gobierno. Lo que dice el gobierno, lo que debe estar firmado por el Presidente de la República, y debe ser público y formal, debe estar escrito en alguna parte. Pero no lo está”, dice una de las fuentes. 

Consultados ante la afirmación anterior, desde el gobierno indicaron que el acuerdo se expresa en una declaración pública de hace unos días, correspondiente a las empresas de distribución de energía eléctrica agrupadas en Empresas Eléctricas A.G., las que indicaron en la ocasión que seguirán otorgando los beneficios a los clientes afectados por la crisis generada por el Covid-19, mientras dure la emergencia sanitaria.

Estas fuentes gubernamentales afirman que dicha declaración pública implica el compromiso de estas empresas con sus clientes "mediante el otorgamiento de esos beneficios sin costo adicional por intereses”, según declararon.

Para varios parlamentarios, esa declaración pública implica un acuerdo, pero que no obliga a su cumplimiento, pues no hay un documento formal que lo asiente. 

Al interior del Ministerio de Energía se considera que quienes sostienen esas opiniones están desinformados, pues cuando una empresa en este sector regulado toma un acuerdo lo debe expresar en planes de acción que se mandan a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la cual -dicen estas fuentes- ofició a las empresas proveedoras para que cumplan con su compromiso de mantener el servicio. Si eso no es cumplido, dicho organismo fiscalizador podría pasar millonarias multas que van desde las 1 UTM hasta las 10.000 UTA como máximo.

La SEC corroboró a INTERFERENCIA que los acuerdos se expresan en planes de acción informados ante dicho organismo, aunque sus funcionarios indicaron que la fiscalización llega sólo hasta lo relativo a la prestación de servicio y no respecto del financiamiento ni las compensaciones, lo que es competencia de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

"El oficio de la Superintendencia se refería al no corte, pero no hacía referencia a la forma de financiar esto, porque no está entre sus facultades. Eso no está en ninguna parte, ni en la SEC, ni en la CNE”, dice una fuente conocedora del sector, en la misma línea.

"Un chantaje"

Además, distintas fuentes del sector eléctrico mencionaron a nuestro medio que el acuerdo al que llegó el gobierno en marzo fue más bien una imposición. Para algunos “un total chantaje”. 

Según indican desde el sector eléctrico, hubo poca posibilidad de contraargumentar las medidas y la situación fue similar a lo ocurrido tras el estallido social con el congelamiento de las tarifas.

En ese sentido, indican, lo único que se pudo negociar fue que el anuncio del no corte del insumo fuese segmentado a los sectores más necesitados, aunque ninguna empresa en la práctica lo esté efectuando en ningún grupo por los efectos sociales que podría tener. 

Lo anterior llega en un contexto de denuncias de un aumento significativo en las cuentas de electricidad por parte de usuarios durante los últimos meses, pese a que el gobierno señaló a fines de marzo que el acuerdo con empresas distribuidoras permite otorgar beneficios y facilidades para pagar las cuentas de la luz o electricidad, durante la vigencia del Estado de Catástrofe, y que esta iniciativa beneficiaría a 3 millones de familias y siete millones de chilenos.

Entre las medidas principales se indicó la suspensión del corte de suministro por atraso en el pago de cuentas, que los saldos impagos que se originen durante este periodo sean prorrateados en las cuentas de los doce meses siguientes al término del Estado de Catástrofe sin ninguna multa o interés y que quienes hayan acumulado deudas por hasta 10 UF hasta antes del Estado de Catástrofe, podrán prorratear sus deudas bajo el mismo mecanismo y, si el servicio está cortado, pueden solicitar su reposición.

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Comentarios

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Gracias

En este tipo de situaciones las empresas de carácter. Monopolico, no, Tengo alternativa de cambio ... abusa sin importar el estado del país, una pandemia es casi lo mismo que una guerra... en caso de guerra vamos a estar velando muertos recibiendo misiles y explosiones, con inspectores de luz cortando el suministro

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