Ministerio de Energía
La iniciativa que busca aumentar la cobertura del subsidio a las familias más vulnerables como respuesta al alza de las cuentas de luz fue aprobada en general en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero se rechazó el financiamiento proveniente del cargo a los PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) quienes fueron críticos con la propuesta del Gobierno.
El director (s) Richard González, confirmó los hechos e indicó que la sustracción ocurrió en la Oficina de Planificación y Control de Gestión. Explicó que nunca había ocurrido una situación de estas características y que las cámaras de seguridad eran vigiladas tanto por el Ejército, a cargo de la seguridad perimetral y también por civiles al interior del recinto. Explicó que se inició un sumario administrativo y la denuncia a la fiscalía. También descartó un riesgo nuclear.
El organismo publicó ayer en la red X que la crónica revelada por Interferencia dando cuenta de filtraciones y posibles afectaciones en los sistemas del reactor de La Reina y potencial riesgo de fuga de material radiológico, era “completamente falsa”. Sin embargo, este medio revela un informe interno donde sí se habla de riesgos eventuales en “la eléctrica” de la Sala de Control y un segundo edificio ante “un eventual accidente nuclear o radiológico”.
Un miembro del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, explicó a Interferencia que desde enero se venía pidiendo impermeabilizar el recinto y las bases de licitación siguen pendientes. El director del organismo Luis Huerta confirmó el hecho e indicó que existen medidas de seguridad para evitar fugas de material.
Se trata de Rodrigo Castillo, quien acusa "distorsión" en los precios acordados con los productores de energía solar, lo que justificaría cargarlos con el mayor peso del subsidio tarifario. Energía asegura que su propuesta fue hecha sin los insumos del abogado.
Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad y académico de la Usach, explica que es muy complejo revocar concesiones eléctricas, luego de que el Presidente Boric instruyera revisar contratos con Enel. Lo importante ahora, dice, es entregar soluciones a los afectados, más que hacer anuncios grandilocuentes.
En el contexto de la creciente alza en las cuentas de la luz, el punto a discutir en el Senado fue este beneficio que percibirían firmas de renovables como Acciona y Mainstream que afirman estar en crisis, pero que terminaría repercutiendo en un aumento en las tarifas que pagan los clientes.
En medio de declaraciones cruzadas entre distintos sectores que pueden terminar en una acusación constitucional en su contra, el ministro de Energía dejó entrever la responsabilidad de ampliar la cobertura del beneficio en el titular de Hacienda, históricamente reacio a este tipo de medidas.
“Lo que no hizo oportunamente el actual Ministro de Energía -esto es, dictar los decretos tarifarios a los que estaba obligado legal y constitucionalmente- impactará de forma muy relevante en los bolsillos de los hogares de nuestro país, con alzas que incrementarán las cuentas de electricidad hasta en un 57% respecto de las tarifas actuales en los próximos 12 meses, según estimaciones del Banco Central”.
Un comité conformado por seis ministros de gobierno tendrá que decidir si aprueba o rechaza el proyecto minero de Anglo American, luego de que en mayo fuera rechazado por el SEA. Desde esa fecha, la compañía multinacional ha sostenido numerosas audiencias de lobby con autoridades de, al menos, cinco de esos ministerios.
La crisis energética que vive el viejo continente sólo se ha agudizado producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que el principal país europeo ha optado por acelerar acuerdos y proyectos en los que ha estado en los últimos años. De todos modos, advierten potenciales cuellos de botella en la infraestructura para la exportación.
A fines de 2014 la empresa reclutó nombres relevantes para contrarrestar la ofensiva gubernamental de Bachelet: los abogados Felipe Bulnes y José Miguel Gana; el bufete especializado en medioambiente y energía Cubillos y Evans; y también la ex ministra Vivianne Blanlot. También asesoró a la compañía el economista Jorge Quiroz. El gerente legal de Metrogas era Jorge Beytía.
Desde las bancadas PC y DC de la Cámara se presentaron dos recursos legislativos para impedir el concurso que concesiona 400 mil toneladas de litio a privados por 29 años, mientras el biministro de Minería y Energía se reunió con el equipo del gobierno entrante para aclarar puntos sobre la iniciativa gubernamental.
El ente contralor respondió al oficio que buscaba detener la licitación de 400 mil toneladas del recurso minero en siete años prorrogables afirmando que el decreto se ajusta a la norma. Ante este escenario, en el Congreso evalúan acciones legislativas para detener la concesión a 29 años a empresas privadas.
El fallo obligará a la cartera que dirige Juan Carlos Jobet a llevar a cabo la consulta de manera presencial. El intento de hacerlo por teléfono o vía online fue algo que la Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad denunció como una participación falsa e ilegal, y fuera de los estándares de la OIT.
Hay factores que han hecho impopulares a estos sistemas que reemplazan a las estufas a leña. Su delicadeza, la complejidad de su funcionamiento y la imposibilidad de que el propietario pueda solucionar alguna falla por su cuenta son algunos.
El proyecto ubicado en Curarrehue se aprobó en 2015 pese al rechazo de varias comunidades. Hoy éstas acusan que el primer Intendente mapuche los dejó botados y que la empresa de la central ofreció todo tipo de incentivos económicos para conseguir apoyos. El entonces gobernador de la provincia afirma que Máximo Pacheco, ministro de Energía en esa época, influyó en la votación a favor de la compañía.
En medio de la batalla descarnada por preservar los fondos previsionales, el titular de Hacienda ha silenciado un detalle: fue parte del directorio de la AFP Capital en 2016. Y no es el único ministro de Evópoli con intereses cruzados.
En el veto de Sebastián Piñera a la disposición que prohíbe el corte de los servicios básicos, se argumentó que los costos de no hacerlo vía acuerdo no implicarán cargo fiscal ni a los usuarios. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que eso nunca fue concordado.
Tras un convulsionado 2019 de incertidumbre por su inversión, dados los anuncios gubernamentales de cambios arbitrarios en el precio estabilizado de venta de energía -situación que aún no se resuelve- este año asoma con mejor pronóstico para las pequeñas y medianas empresas del mundo fotovoltaico. Esto, pues el país sigue su proceso de descarbonización con hitos tales como el cierre de Bocamina.
Además otros beneficios acordados entre el gobierno y las empresas de servicios han recibido críticas ciudadanas pues hay atascos en el trámite para acceder a ellos.
El secretario de Estado se mueve entre tensiones con la industria de pequeños generadores, el gremio distribuidor y parlamentarios de oposición que han evaluado una interpelación en su contra por el continuo aumento en las cuentas de electricidad. A ello se suma la discusión sobre la ley corta de distribución eléctrica, donde está enfrentado a senadores que esperan resolver una ley intermedia, preocupados porque la discusión abarque otros temas no considerados.
Quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe del Subdepartamento de Normativa de la entidad estatal a cargo de establecer los precios y tarifas de las eléctricas, fue nombrado como director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM-AG), un gremio que apoya a las grandes empresas del sector en su pugna contra los productores de energías eólicas y solares, a quienes acusan de haber sido subsidiados con el precio estabilizado para proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs).
El ministro Jobet anunció que el gobierno piensa continuar con la modificación del precio estabilizado para proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), poniendo en peligro el financiamiento para que las firmas pequeñas de energías renovables sigan creciendo.
Manuel Díaz de Valdés y su hijo Manuel José, familiares políticos del titular de la cartera, son abogados y han estado ligados como accionistas y directores a Aprovechamientos Energéticos, filial del grupo español Ibereólica, que tiene proyectos energéticos en la región de Antofagasta y Atacama. Además, el propio ministro participa de negocios en esta industria.
Tras pasar por la cartera de Trabajo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Juan Carlos Jobet estrechó lazos con Pedro Pablo Errázuriz y Abel Bouchon, con quienes formó Veta 3, empresa que entre sus áreas de negocios se dedica a las inversiones en energías renovables y biogas. A través de su rama familiar, Jobet también se relaciona con el derecho ambiental, derechos de aguas y minería.
La medida propuesta por la ministra Susana Jiménez podría poner fin a la ‘primavera’ de energías renovables de los últimos años. ¿Los beneficiados? Los gigantes del sector.
