En noviembre de 2018, un dictamen de la Contraloría General de la República favoreció a los vecinos de Estación Central, que exigían paralizar la construcción de casi 50 edificios de más de 30 pisos de alturas, conocidos informalmente como “guetos verticales”. En ese entonces, la medida afectó a 12 inmobiliarias, todas pertenecientes a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Tal como informó INTERFERENCIA a comienzos de julio con en el artículo “Inmobiliarias recurren a Tribunal Constitucional para continuar construcción de guetos verticales”, la Inmobiliaria Placilla SpA había ingresado al Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en relación al recurso de protección caratulado “Inmobiliaria Fortaleza Placilla SPA/Contraloría General de la República”, en que varios recurrentes solicitan se deje sin efecto el Dictamen Nº27.918, de fecha 12 de noviembre de 2018, del Contralor General de la República, que ordenaba paralizar las construcciones. El escrito de las empresas constructoras mencionaba que la inversión considerada en la obra ascendía hasta la fecha a más de 1.900 millones de pesos. 
 

El documento se fundaba en la falta de competencias de la Contraloría respecto de las Direcciones de Obra Municipales (DOM) de cada comuna. En concreto, que el Contralor estaría arrogando una potestad inconstitucional, al suplantar el criterio y potestad técnica-urbanística del DOM de Estación Central en la materia respectiva, altamente técnica. Además, cuestionaba la intervención de Contraloría en el permiso de edificación otorgado originalmente por el DOM para un proyecto de 12 pisos de altura y 298 departamentos, permiso que luego resultó invalidado por el mismo DOM en acatamiento de lo resuelto por el Contralor.

Según pudo reportear nuestro medio en ese momento, la acción legal habría sido una maniobra por parte de las inmobiliarias para ganar tiempo y actuar bajo una política de “hechos consumados”, ya que hasta la fecha han observado cómo las construcciones han seguido avanzando en Estación Central, pese a la paralización de obras que habría impulsado la Contraloría, tesis que con la sentencia del Tribunal Constitucional y lo indicado por el abogado de los vecinos de la comuna, parece ser la correcta. 

“Nosotros teníamos la convicción que el Recurso de las inmobiliarias tenía sólo efectos dilatorios y el Tribunal Constitucional falló en ese sentido. No había fundamento plausible”, comentó el abogado Gabriel Osorio a INTERFERENCIA. Consultado por el escenario que viene y a los recursos legales a los que podrían acogerse las inmobiliarias, Osorio dijo que “actualmente se encuentran tramitando Recursos de Protección ante la Corte de Apelaciones contra el mencionado Dictamen, el cual tenemos plena confianza que serán desechados por encontrarse extemporáneos.” 

En cuanto a qué pasará con la existencia de algunos edificios que ya se encontraban en proceso de construcción avanzada, el abogado afirmó que “sólo citaré al abogado de las inmobiliarias, que en estrados en el TC señaló que la DOM no podrá otorgar recepción final por ser ilegales”.

GUETOS ILEGALES 

Durante la jornada de este martes, la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento que buscaba impugnar el poder legal del contralor, Jorge Bermúdez, quien en su momento invalidó los permisos de edificación en la comuna de Estación Central. Los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva y el magistrado suplente, Rodrigo Delaveau, fueron los encargados de tomar la decisión.

Este recurso en el TC no es la primera vía legal que buscan las inmobiliarias para continuar con las construcciones. En diciembre de 2018, las inmobiliarias Placilla, Inmobiliarias Fortaleza, Cenit Placilla, Eurocorp Dos, entre otras, presentaron una serie de recursos de protección en contra de la resolución de la Contraloría que ordenó la paralización de los denominados “guetos verticales”, además de establecer que se debía hacer un sumario dentro de la municipalidad de Estación Central.

En paralelo, habían surgido iniciativas como el proyecto de ley de diputados de distintas coaliciones políticas que buscaba otorgar un perdonazo a las inmobiliarias que habían incurrido en faltas a la legislación, tal como informó INTERFERENCIA en su momento.