Distintas organizaciones han reunido antecedentes cronológicos para denunciar la forma en la que fueron construidas las decenas de torres habitacionales en altura bajo agrupamiento continúo -o guettos verticales- que actualmente se encuentran en la comuna.

El máximo tribunal rechazó el recurso de casación de la inmobiliaria Dalmacia, que buscaba revertir una sentencia desfavorable de la Corte de Apelaciones de Santiago en la materia.

Este abogado experto en derecho urbanístico profundiza en los orígenes de la normativa en construcción en Chile, la cual se basa en criterios de higiene, seguridad y asoleamiento. Los mismos que se han olvidado en los últimos años con la densificación urbana extrema, en edificaciones como los ‘guetos verticales’, y que quedan en evidencia en el riesgo que provoca el hacinamiento en contextos como el del Covid-19.

Con los primeros casos confirmados de Covid-19 en inmuebles que albergan más de 250 departamentos, las comunidades se han organizado, estableciendo cuarentenas totales en algunos pisos y restricciones de capacidad en los ascensores. Aún así, hay dificultades sanitarias y temor entre los habitantes y vecinos de los guetos verticales de Estación Central.

Fueron rechazados los recursos de protección de varias inmobiliarias en contra de la Contraloría General de la República, descartando un actuar arbitrario del organismo que declaró ilegales los permisos de edificación. 

La Dirección de Obras Municipales decidió mantener la paralización de un proyecto de la Inmobiliaria SuKsa, la que está vigente desde agosto, y no podrá construir pareada al domicilio de un vecino del sector, lo que abre la puerta para múltiples reclamos de vecinos contra otros guetos verticales. 

Dos dictámenes judiciales consideran inválida la decisión de la Municipalidad de aprobar los permisos de edificación de los guetos verticales, y la obliga a repetir dichos procesos. Estos, además, deben considerar -esta vez- mecanismos de participación ciudadana, lo que incluyen como actores válidos a opositores, tales como Defendamos la Ciudad o Agrupación Defensa de Barrios de Estación Central. 

Este jurista experto en derecho urbanístico -quien asesora desde hace tres años a la organización ciudadana Adoquines de Ñuñoa y quien aboga por derechos de propiedad de los vecinos frente a las inmobiliarias- se refirió a la situación de tener que demoler edificios construidos y habitados, por ser ilegales desde su origen. Como es el caso del edificio de Desarrollo Inmobiliario Bellavista, al frente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

La sanción del máximo tribunal afecta a cuatro megaproyectos seguidos emplazados en calle Toro Mazzote, de la Inmobiliaria SuKsa, ligada a la Cámara Chilena de la Construcción y sienta un precedente para varios otros proyectos en similar situación.

Un vecino denunció a la inmobiliaria por la ejecución de obras en terrenos de su propiedad y el uso de una de las paredes de su inmueble para sostener el edificio, por lo que la Dirección de Obras Municipales de la comuna paralizó -por primera vez- la construcción de un megaproyecto de este tipo. 

El Tribunal Constitucional apoyó criterio de la Contraloría que había declarado como ilegal los permisos de edificación aprobados por la Municipalidad de Estación Central para construir edificios en altura.

La Contraloría señala que hay vicios en los permisos de construcción, por lo que ordena la paralización de las obras. En respuesta, diez diputados, incluidos Raúl Leiva (PS), Carlos Abel Jarpa (PR) y Matías Walker (DC), presentaron un proyecto de ley que configura un perdonazo a las 12 inmobiliarias de la Cámara Chilena de la Construcción que incurrieron en falta, las que avanzan en obras pese a la prohibición.