En total sigilo el Ministerio del Interior rechazó en marzo del año pasado refugiar a una familia de Sierra Leona cuyas hijas de 7 y 5 años corrían el peligro de sufrir mutilación genital. A juicio del Gobierno, si la familia regresaba a su país, las niñas no estarían expuestas a la persecución de grupos y agentes no estatales que realizan y promueven la horrorosa práctica de oblación, sufrida por más de 200 millones de mujeres y niñas que viven mutiladas en 30 países de África, Oriente Medio y Asia. Afortunadamente, la Corte Suprema revirtió la crueldad de rechazar el refugio y acogió un recurso de protección para la familia, con argumentos similares a los esgrimidos en decenas de fallos del máximo tribunal, que han permitido mantener a salvo a venezolanos expuestos a las deportaciones masivas de este Gobierno.

La indolencia oficial frente a los vejámenes de las niñas y mujeres migrantes que claman por un espacio en Chile se revierte con inusitada rapidez frente a los reflectores. Cuando la crisis en Afganistán irrumpe en la agenda pública, la misma administración indiferente ante la tragedia de las migrantes venezolanas y las niñas africanas expuestas a violaciones a los derechos humanos, experimenta un brote súbito de conciencia humanitaria y de sensibilidad de género.

Y cuando se trata de solidaridad para víctimas del Talibán, las cifras oficiales consignan 7 denegaciones de refugio durante el año 2020 a ciudadanos afganos, entre ellos 4 mujeres.

A través de un tuit, el canciller Andrés Allamand sostuvo que el "triunfo del Talibán en Afganistán es una desgracia para el mundo y una tragedia para las mujeres, que verán avasalladas sus garantías individuales. (La) Cancillería trabaja con países amigos y ONG para ayudar a evacuar de Kabul a mujeres líderes de organizaciones de DDHH". Después del conveniente anuncio para su imagen, informó de manera más discreta que la ayuda se limitará a diez familias.

El apego al derecho internacional, la solidaridad y la desbordante empatía del Gobierno con esas diez familias afganas que intentará refugiar en Chile contrasta de modo indignante con los casi 17 mil decretos de expulsión administrativa firmados durante este mandato, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. La misma fuente identifica a más de dos mil migrantes inocentes deportados por la vía administrativa desde 2017.

Y cuando se trata de solidaridad para víctimas del Talibán, las cifras oficiales consignan 7 denegaciones de refugio durante el año 2020 a ciudadanos afganos, entre ellos 4 mujeres.

La conciencia de género tampoco figura en el registro negro de mujeres que atraviesan el desierto rumbo a nuestro país, en travesías inhumanas durante las cuales son violadas de manera reiterada o deben pagar “peaje” sexual para avanzar en su camino a la esperanza. Esas mujeres de países vecinos no conmueven al Gobierno ni perturban su conciencia, porque restan rédito político en su búsqueda de recuperar la adhesión de aquellos electores nacional-populistas que proponen zanjas y muros en las fronteras, además de aplaudir rabiosos las deportaciones masivas.

Y cuando cae el telón y se quita el disfraz de la diplomacia humanitaria, retoma la sistemática violación del derecho internacional, expulsando personas inocentes.

En el baile de las máscaras el gobierno ofrece refugio a 10 afganas, aunque hace un año lo había rechazado a siete. Y cuando cae el telón y se quita el disfraz de la diplomacia humanitaria, retoma la sistemática violación del derecho internacional, expulsando personas inocentes, separando familias, criminalizando y humillando a migrantes que forman parte de un éxodo de seis millones de venezolanos en la peor crisis humanitaria de la historia latinoamericana.