El 19 de octubre, por la noche, comenzó el primer toque de queda dirigido por el jefe de Defensa asignado por el Presidente Sebastián Piñera, el General Javier Iturriaga. Efectivos militares y de Carabineros rondaban por todas las comunas de Santiago. Como muchos chilenos, B.U. decidió seguir con su protesta pacífica, tocando la cacerola junto a su pololo, cerca de metro Rojas Magallanes. Sólo por esa razón, que en términos legales sólo ameritaba una multa, fue detenida por personal policial y llevada a la 36° Comisaría de Carabineros de La Florida.
En ese lugar, B.U. permaneció hasta cerca de las seis de la tarde del domingo 20 de octubre, sin ningún delito imputado, sin citación a control de detención. Mientras se encontraba detenida, fue desnudada completamente por una carabinera, y ya sin ropa, fue obligada a hacer sentadillas.
Durante la detención los uniformados trataron a B.U. de “perra culiá” y fue víctima de amenazas de violación sexual. “Te vamos a tirar maraca culiá” y “Te vamos a hacer cagar maraca concha de tu madre”, fueron algunas de las frases que escuchó mientras estuvo detenida.
B.U. es una de las 52 personas que, a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se querelló por vejámenes y violencia sexual contra agentes del Estado, según los datos publicados el 10 de noviembre por la organización.
La abogada Valeska Aguilar fue una de las personas que pudo ver el día domingo a B.U. y fue la primera en escuchar su testimonio. Aguilar estaba trabajando como voluntaria, coordinada en la agrupación Abogados con Vocación de Servicio. Allí se conocieron. La joven le contó lo ocurrido, y fue así como luego la abogada la contactó con el INDH, quienes tomaron su caso.
“Su detención fue arbitraria e ilegal. A ella la tuvieron por nada, no había fundamento legal para que estuviese detenida, menos por tanto tiempo”, comenta la abogada a INTERFERENCIA.
Su detención fue avisada oportunamente al fiscal de turno, quien solicitó dejarla en libertad a las siete de la mañana del domingo 20 de octubre. Sin embargo, los uniformados decidieron tomarle impresiones en tinta a sus manos y enviarlas al Registro Civil, bajo la amenaza de ser imputada por “suplantación de identidad”. Después de horas de espera, y por la presión del abogado del INDH, Roy Corvalán Meneses, fue liberada a las seis de la tarde, 11 horas después de que el fiscal diera la orden. Solo pudo comer y tomar agua una vez, durante la tarde del domingo.
La querella por B.U. es una de las dos presentadas tras el estallido social que involucran a uniformados de la 36° Comisaría de La Florida. Esta comisaría es la única con querellas criminales por violencia sexual en esa comuna, hasta ahora, según datos recopilados hasta el 30 de octubre.
La segunda querella en contra de la 36° Comisaría de La Florida es por el caso de dos mujeres, de iniciales L.L.D. y F.P.G..
Ambas fueron detenidas cerca de las nueve de la noche del 21 de octubre, en los alrededores de un supermercado Santa Isabel ubicado en Vicuña Mackenna, acusadas de participar en un saqueo. Al llegar a la comisaría, fueron obligadas a bajarse los pantalones y la ropa interior frente a uniformados varones. En el recinto policial también las habrían golpeado y “maltratado verbalmente”.
Ambas querellas están siendo investigadas en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago. En paralelos, según lo informado por Carabineros a INTERFERENCIA, se están realizando dos sumarios por estos casos, por lo que la institución no se referirá a estas investigaciones hasta que termine dicha indagación interna.
El modus operandi de la comisaría
El joven de iniciales M.V. también fue detenido durante las primeras semanas de protestas del llamado “estallido social”. Junto a un amigo estaba haciendo un rayado a las afueras de metro Los Quillayes, cuando llegó Carabineros y se le controló su identidad. Minutos después, fue llevado a la 36° Comisaría de La Florida.
M.V. afirma que no sufrió vejámenes por parte de los uniformados, pero sí amenazas verbales.
“Nos trataron casi con pinzas y estaban como molestos al respecto, no concebían que tenían que tratarnos bien cuando nos detenían. Decían ‘ahora no podemos hacerles nada, porque viene la gente de derechos humanos’”, cuenta M.V.
Esas amenazas le llamaron la atención, ya que una de sus amigas, de iniciales M.T. de 22 años, había sido detenida en noviembre de 2018, durante una protesta tras el asesinato de Camilo Catrillanca por parte de efectivos del “Comando Jungla” de Carabineros. Él afirma que en su barrio había rumores de que en esa comisaría había desnudamientos.
Según cuenta M.T., ella junto a un grupo de vecinos y amigos habían organizado una protesta pacífica cerca de calle Los Copihues, en La Florida. Al llegar carabineros, fueron dispersados con bombas lacrimógenas, en pleno barrio residencial. Ella corrió por uno de los pasajes del sector y cayó al suelo, quedando con heridas sangrantes en las rodillas, cadera y costillas. Uno de los uniformados la tomó detenida, junto a cuatro de sus amigas, y las trasladaron a la 36° Comisaría de La Florida.
“Después del control de identidad, una carabinera me llevó al baño, me desnudó, a pesar de que al comienzo dije que no, que no correspondía. Éramos cinco mujeres y un hombre detenido y solo a las mujeres las desnudaron. Ahí la carabinero insiste y me desnudo y me dice ‘a ti no te voy a hacer dar sentadillas, porque no puedes doblar la rodilla’. A mis amigas les hizo lo mismo y las obligó a hacer sentadillas, además de tocar sus pechos”, narra M.T. a INTERFERENCIA.
Esa misma noche, mientras estaban detenidas, fueron testigos de la llegada de otra joven, quien afirmaba ser menor de edad y que también fue obligada a desnudarse por parte de dos carabineras. Al negarse, la joven fue esposada y golpeada, hasta que aceptó sacarse la ropa. Durante la constatación de lesiones, M.T. dice haber ido con esta joven a la posta de Villa O´Higgins. La misma joven habría sido golpeada nuevamente en uno de los box de la posta, por otro uniformado de la comisaría.
Tras estar cerca de ocho horas detenida, le pidieron que firmara la constancia de que sus derechos habían sido respetados. “Si no firmas, no vas a salir” le dijeron. Con miedo, M.T. firmó.
“Cuando les dije que quería leer la constancia, por mis derechos, ellos se rieron y decían ‘¿Qué es eso de los derechos humanos? ¿Alguien los conoce?’”, recuerda.
Durante la noche que estuvo detenida, M.T. afirma que los uniformados dejaron de ponerle atención, ya que comenzaron a “carretear” en la comisaría. “Se escuchaba música reggeaton, cumbia y que hacían karaoke con un micrófono”, agrega.
Fue liberada sin cargos. Aunque, junto a sus conocidas que fueron detenidas iban a presentar una querella, desistieron de hacerlo.
Información derivada a la Comisión de la ONU
Valeska Aguilar asistió a prestar ayuda legal a los detenidos en la 36° Comisaría de La Florida los primeros días del estado de emergencia. Cuenta que el primer día los uniformados no tuvieron problema en mostrarle el libro de detenciones, pero que con el paso de la semana eso fue más difícil y le exigían solicitar la información con el nombre completo de los detenidos.
Algo parecido le ocurrió al diputado del distrito, Miguel Crispi (RD), quien asistió al lugar para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos y poder conversar con los detenidos.
“No querían mostrar el libro de detenciones, lo que es un derecho. No se nos permitió entrar al calabozo. Sí pudimos ver el libro de detenciones. La interpretación que tenemos es que por las labores fiscalizadoras del rol como diputado tenían que dejarnos entrar, pero Carabineros interpreta esto solo para el caso de la Defensoría de la Niñez y el INDH”, comenta a INTERFERENCIA el diputado.
Tras esta experiencia, y a propósito de la visita de un equipo técnico de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se encuentra aún en Chile, Crispi realizó un informe sobre las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en su distrito. El informe también analiza el panorama general de delitos en contra de los derechos de las personas durante los días de estado de emergencia y las protestas a nivel nacional, para luego centrarse en las ocurrida en las comunas del distrito 12.
En el informe, que ya fue entregado a la comisión de la ONU, se citan las denuncias y querellas judiciales en contra de uniformados y civiles, por casos de delitos contra los derechos humanos. Todas las mencionadas correspondientes a la comuna de La Florida se habrían perpetrado en la 36° Comisaría.
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HOLA ESTOY PREOCUPADA POR UN
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