La periodista de El Faro, galardonada con la última edición del premio José Ortega y Gasset, asegura que “retomar la institucionalidad va a ser un proceso largo” tras las medidas implementadas por Bukele en su combate contra las maras.

En el marco histórico de una democracia débil, ya se registraban abusos de la Policía Nacional bajo la consigna de seguridad y paz ciudadana, según reporta el Informe especial de la Señora Procuradora para la defensa de los Derechos Humanos¹. Sin embargo, se identificaba la separación de los poderes del Estado y el rol activo de organizaciones que exigían el cumplimiento de los deberes institucionales.

En la misma línea, la prensa en El Salvador ha vivido graves dificultades que interfieren en la labor periodística, principalmente por el nulo acceso a la información pública, situación que ha empeorado con “el cierre de espacios del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia” desde 2019.

A pocos días de iniciar la undécima prórroga del Régimen de Excepción, se suma una nueva denuncia por espionaje a un miembro de la Corte Suprema. El modus operandi es el uso del software Pegasus, que durante el mandato de Nayib Bukele infectó las telecomunicaciones de al menos 35 periodistas de diferentes medios que se encontraban investigando las negociaciones entre el gobierno y las principales pandillas del país.

- ¿Qué acontecimientos marcan un antes y un después en el ejercicio del periodismo en el margen del Régimen de Excepción?

Cuando llegó Bukele, el cierre de espacios para la labor periodística comenzó a intensificarse, incluso esto se podía ver desde que era alcalde de San Salvador y cerraba las asambleas públicas a la prensa. Así también vamos viendo otro tipo de problemas, como que cualquier solicitud de información tiene que pasar por Secretaría de la Presidencia, pero las respuestas siempre son las mismas: la información está bajo reserva o es inexistente. Antes del Régimen comenzaron a darse reformas que encendieron alertas, como la creación de los agentes encubiertos digitales. Después, todo se remite a la Ley Mordaza.

Ley Mordaza: El remate a la libertad de expresión

- ¿Cómo se define la Ley Mordaza según la situación país?

El hecho de que el gobierno pueda patrullar mensajes de civiles por mera sospecha es peligroso, porque no necesita pruebas de que estemos relacionados al crimen o alguna organización. Esto se termina de afianzar con la reforma a la Ley de las Telecomunicaciones que abiertamente legaliza el espionaje. Casi inmediatamente después de aprobar el régimen se crea la Ley Mordaza, que prohíbe a medios de comunicación difundir información que pueda generar zozobra en la población al tener contenido relacionado a las pandillas. Ya no importa si estás informando, para ellos es contribuir al crimen organizado y eso debe ser penalizado.

- ¿Cuál es la mayor amenaza que representa esta ley en este momento?

Esta ley es tan vaga, que queda a discreción del Sistema Judicial o Fiscalía el definir en qué momento una información genera zozobra y quiénes son los sujetos. Si en este momento dijeran que nuestras publicaciones alarman a la población, podrían meternos a la cárcel por hasta 15 años sin necesidad de investigación. Entonces, es una de las herramientas más peligrosas que se suman a todo el engranaje que ha ido frenando y dificultando la labor periodística, porque ataca nuestra integridad como método de desgaste. Una de las cosas que más argumenta la gente es “si no deben nada, no tienen nada que temer”. El tema es más grave. Se trata de la violación a la privacidad y el hecho de que ese espionaje nos extraiga datos, contenidos y claves.

La prensa en El Salvador ha vivido graves dificultades que interfieren en la labor periodística, principalmente por el nulo acceso a la información pública, situación que ha empeorado con “el cierre de espacios del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia” desde 2019.

Bajo la orden de castigar el crimen organizado, el gobierno de Nayib Bukele habría adquirido el software Pegasus a la compañía israelí, Grupo NSO, que tiene como objetivo vigilar organizaciones que sean de riesgo. En el caso del país centroamericano, ha sido utilizado para robar información a civiles y profesionales referidos a la investigación, como periodistas y jueces.

Según laboratorios de investigación digital y protección de datos, los períodos de espionaje se dieron en medio de la investigación y publicación del pacto entre Bukele y las tres pandillas que afectaban la seguridad nacional en 2020, conocido judicialmente como Caso Catedral. El objetivo era negociar las condiciones precarias de las cárceles a cambio de mantener bajos los niveles de homicidio y apoyo electoral.

En este contexto, 35 periodistas de El Faro, Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, Disruptiva, El Diario de Hoy, Diario El Mundo, Factum e independientes fueron espiados desde junio de 2020 hasta noviembre de 2021 en más de 200 oportunidades. Una de las mayores alertas fue que la información off the record se hizo viral en Twitter mediante bots en cuentas que difundían fake news.

Citizen Lab determinó en el Proyecto Torogoz que Pegasus puede hacer más con el dispositivo que el propio dueño, pues este sistema permite leer mensajes encriptados, ver y enviar fotografías, escuchar llamadas y notas de voz, activar la cámara, el micrófono y robar credenciales de acceso a todo tipo de cuentas, incluidas las cuentas bancarias.

- ¿Cómo te diste cuenta de que estabas siendo espiada?

Empezamos con problemas técnicos con una colega de la revista Gato Encerrado. Ya me había pasado y había sospechado que mis mensajes de WhatsApp estaban siendo leídos, pero que el teléfono no funcionara bien me hizo encender otras alertas. Llegamos a Access Now y buscábamos que nos dijeran que teníamos un spyware, algo menos sofisticado que Pegasus, así que esa fue nuestra sorpresa. Hay muchas razones concretas que llevan a pensar que detrás de esto puede estar el gobierno de El Salvador, pero necesitamos que NSO revele los contratos.

- ¿Cuáles son las pruebas que asocian la responsabilidad del espionaje al gobierno?

Hay elementos principales que lo apuntan irrefutablemente. El primero es que según uno de los embajadores de Israel (país de origen de Pegasus), Naor Gilon, “compañías como NSO no pueden vender sus productos a actores no gubernamentales. Es el único requisito”². Segundo, las infecciones que se generaron lo hicieron desde El Salvador, y una conectó con el teléfono de Carlos Martínez, periodista de investigaciones especiales de El Faro, cuando salió a la luz su investigación sobre las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las Maras Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Sureños.

En noviembre de 2022, periodistas de El Faro y su personal administrativo presentaron una demanda en la Corte Federal en el Distrito Norte de California de Estados Unidos en contra de NSO Group, denunciando infracciones a la Ley de Abuso y Fraude Informático con asesoramiento de The Knight Institute. Las exigencias fueron claras: identificación y eliminación de la información robada, prohibición de la ejecución de Pegasus contra los demandantes y que NSO revele quién estuvo detrás de la compra del software en El Salvador.

Asimismo, la magistrada de la Corte Suprema, Paula Velásquez, informó este año ser víctima de espionaje en su celular en el marco de un expediente que investigaba el uso de fondos públicos para la compra de este tipo de programas. Identificó el hackeo cuando Apple le notificó lo siguiente por correo electrónico a mediados de diciembre de 2022: “Apple cree que atacantes patrocinados por el Estado están tratando de vulnerar su iPhone asociado a su Apple ID ****@gmail.com”. Cabe destacar que Apple ya había demandado a NSO Group en 2021 por vigilancia y espionaje sofisticado³, exigiendo que la compañía israelí no pueda utilizar ningún software en cualquier dispositivo o servicio Apple.

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- ¿A qué organismos pueden recurrir quienes estén bajo este tipo de ataques cibernéticos en El Salvador?

Se ha buscado a las instituciones locales solo para dejar registro, porque sabemos que no va a llegar a nada. Hay que buscar dos tipos de organizaciones. Las primeras, que nos han dado una idea de cómo protegernos, son Access Now o Citizen Lab, que se encargan de defender derechos digitales y dar un apoyo muy fuerte de cómo hacer periodismo sin ponernos en riesgo a nosotros y a nuestras fuentes. Una medida internacional es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Amnistía, para tener claro cuáles van a ser los siguientes pasos luego de un espionaje. Si bien es un hecho periodístico el revelar que estamos siendo espiados, hay que buscar salidas jurídicas para exigirle al Estado que rinda cuentas.

35 periodistas de El Faro, Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, Disruptiva, El Diario de Hoy, Diario El Mundo, Factum e independientes fueron espiados desde junio de 2020 hasta noviembre de 2021 en más de 200 oportunidades.

Actualmente, los medios de comunicación requieren apoyo jurídico y legal para respaldar sus publicaciones, puesto que tener una asesoría de cómo publicar una información es fundamental para evitar la desacreditación y el encarcelamiento.

Entre storytelling y sharp power

- ¿Cómo se explica la popularidad y los niveles de aceptación del presidente, entonces? Considerando que acaba de cerrar el primer trimestre con 94% de aprobación, ¿qué tácticas identifica?

Nunca hubo aceptación en el sentido del espionaje o en cuanto a la violencia, por ejemplo. La gente que ha tenido la oportunidad de que se le explique la gravedad del asunto, ha cambiado de posición, identifican el peligro. Entienden que si lo hacen contra todos los ciudadanos a los que no se les ha probado delito, podrían acceder a datos personales y eso debería ser ilegal cuando se hace de manera arbitraria. La aceptación de la gente es porque hay posicionamiento y un costo muy grande que están dispuestos a pagar para tener seguridad, y es despojarse de todos sus derechos. Existen muchas preguntas sobre el tipo de paz y el modelo de sociedad que se está configurando sin pandillas. Todo tiene que ver con el gobierno frente al que estamos, que tiene la capacidad de desviar la atención, generar una narrativa y convencerte de que lo que te está diciendo es real.

- ¿Cuál sería el mensaje por difundir a nivel nacional e internacional para comprender la crisis del debilitamiento de la democracia en El Salvador?

Estamos entrando en un camino donde no hay respeto a los derechos humanos y se justifica el uso de la fuerza y el abuso de poder para tratar un problema histórico, que es la violencia social. El costo que estamos pagando es no tener derechos a cambio de que el gobierno tampoco trate problemas estructurales que han llevado a que tengamos estos niveles de violencia. Ningún gobierno se dedicó a que la gente pudiera desarrollarse, tener una mejor calidad de vida, y ahora estamos viendo un gobierno que a través de medidas reutilizadas está intentando borrar las pandillas, pero a costos altos que no sabemos si en un futuro va a implicar consecuencias mucho peores. En este momento, la democracia que hoy existe en El Salvador es letra muerta.