A lo largo de las últimas semanas, una serie de actores sociales, económicos, políticos y culturales ha dado a conocer su inclinación por una de las dos opciones por las que deberemos votar en el plebiscito del 4 de septiembre. Esgrimiendo argumentos de distinto tipo, la discusión se ha centrado en algunos de los aspectos más llamativos de la nueva Constitución: la organización del Estado, la plurinacionalidad, los sistemas de justicia y el derecho a la propiedad, entre otros.

De manera esperable, aspectos como qué sucederá con los medios de comunicación han quedado relegados a un último plano. Tal como sucedió en los cabildos posteriores al estallido de 2019, estos temas ocupan espacios marginales, pese a que es bien sabido que un sistema de medios robusto y diverso es garantía de una democracia más sólida y duradera.

A no confundirse: la nueva Constitución no les dirá a los medios de comunicación cómo conformar sus equipos o de qué manera enfocar la cobertura de un determinado tema. Todo lo contrario, la nueva Constitución asegura la libertad de expresión.

La propuesta de nueva Constitución dialoga, tanto en términos generales como específicos, con el sistema de medios que Chile necesita de cara a las próximas décadas. Los valores que la inspiran –la igualdad, dignidad, inclusividad, solidaridad, diversidad, protección de los derechos humanos y el carácter paritario, entre otros– son precisamente los mismos que deberían guiar la evolución del sistema mediático del país.

¿Cómo serían los medios chilenos si más mujeres ejercieran cargos de liderazgo en sus redacciones? ¿Cómo se cubrirían ciertos temas si las regiones tuvieran un ascendiente mayor en la elección de la pauta? ¿Veríamos a determinados pueblos originarios únicamente en las páginas policiales de tener estos algún grado de opinión? ¿Tendrían el mismo nivel de protagonismo las mismas fuentes de siempre –el partido Columnista– si al interior de los medios hubiera mayores niveles de inclusividad?

A no confundirse: la nueva Constitución no les dirá a los medios de comunicación cómo conformar sus equipos o de qué manera enfocar la cobertura de un determinado tema. Todo lo contrario, la nueva Constitución asegura la libertad de expresión y opinión sin censura previa (art. 82). Aun así, el cambio en el timón que significaría la aprobación de esta nueva Carta Magna encaminará al país hacia una dirección en la cual realidades como la baja participación femenina y de otros grupos serán vistas como la excepción más que la norma, invitando a estos medios a plegarse a esta nueva forma de entender la vida en comunidad.

Pocos días después del estallido, la antropóloga Francisca Márquez explicó en un ensayo publicado por Ciper cómo los medios chilenos “han construido de manera sigilosa, pero sistemática, un modelo icónico y estereotipado de nuestra realidad, empobreciendo o anulando la polifonía en la discusión política y de clase”. Muchos aspectos se le pueden criticar a la Convención que redactó la nueva Constitución que votaremos en 10 días más, pero sí algo logró dicho órgano fue romper con estos esquemas.

Nunca en el Chile reciente el debate fue más polifónico que durante el último año. Cada uno de los paradigmas paralizantes que moldearon al país desde 1980 fueron puestos en entredicho, juzgados por su mérito y sometidos a una discusión transmitida en vivo y en directo al mundo entero. El rol de los medios de comunicación fue uno de ellos.

Si las clases gobernantes no fueron capaces de ver venir el descontento que detonó el proceso constituyente, fue en gran medida debido a que los medios de comunicación nunca prestaron atención a lo que sucedía más allá de sus zonas de confort.

Hilando en aspectos más finos, es decir, aquellos que dicen directa relación con el ecosistema de medios que existiría bajo la nueva Constitución, el texto presenta avances sustantivos. Junto con reconocer derechos fundamentales tradicionales en este ámbito como son el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de libertad de expresión, sin censura previa, se suman otros como el derecho a la comunicación. En este sentido, se garantiza el derecho que le asiste a toda persona a fundar y mantener medios de comunicación (art. 83), la prohibición de los monopolios (art. 84) y la existencia de un sistema mediático público de alcance regional, local y comunitario. Los medios públicos, en tanto, serán pluralistas, descentralizados e independientes del gobierno de turno (art. 85).

Si las clases gobernantes no fueron capaces de ver venir el descontento que detonó el proceso constituyente fue en gran medida debido a que los medios de comunicación –uno de los canales a través de los cuales estos temas deberían transmitirse– nunca prestaron atención a lo que sucedía más allá de sus zonas de confort. El carácter duopólico de la prensa escrita, la escasa atención que recibe el periodismo comunitario y los rasgos endogámicos que predominan en el sistema en general hicieron imposible ver el tsunami de malestar que se acercaba como una ola implacable.

Como sugieren los académicos de la Universidad de Chile Claudia Lagos y Tomás Peters, el país debe “retejer la trama de las comunicaciones –sustantivo que comparte, recordemos, la misma raíz con comunidad y comunión– y establecer un nuevo pacto social que nos permita pensar lo común”. Esto, a su juicio, está incorporado en el nuevo texto. Por su parte, la especialista Patricia Peña añade que la nueva Constitución apunta hacia “la necesaria democratización de las comunicaciones y medios en Chile”.

La exclusión de estos temas del debate público supone un problema serio si lo que se pretende es “Rechazar para reformar”. A la ausencia de garantías de que esto llegue efectivamente a ocurrir se suma el hecho de que la discusión relativa a los medios de comunicación será inevitablemente relegada a los últimos puestos de la fila, alargando aún más un proceso que debió haber comenzado hace décadas.

Aprobar la nueva Constitución, en cambio, sentará las bases de un sistema de medios que tenderá hacia la presencia de nuevas voces. Quienes claman por mayores contrapesos en el sistema político no pueden sino estar de acuerdo con medios más plurales y menos concentrados en las mismas manos que ya dominan otras áreas. Por el bien del periodismo y de la democracia, la mejor opción para el plebiscito de salida es el Apruebo.