Desde hace varios años, y con especial intensidad durante los últimos meses, comunidades de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío se han enterado de una avalancha de solicitudes de concesiones mineras sobre sus territorios. Entre las sociedades identificadas en la zona aparecen la canadiense Aclara Resources, por medio de REE UNO SpA; Prospecciones Greenfield SpA, filial de la anterior; y Neore SpA, asociada a Chilean Cobalt Corp, entre otras.

La expansión plantea un problema que excede a los nombres inscritos en los registros. El desarrollo y la venta de proyectos pueden articular abogados, sociedades y fondos de inversión, mientras las comunidades desconocen quién financia las solicitudes y qué destino se proyecta para sus territorios. La presencia de distintos solicitantes no acredita por sí misma una actuación coordinada; esclarecer sus relaciones es parte central de la investigación.

Las solicitudes abarcan ocho comunas

Entre el 22 de julio y el 11 de agosto de 2026, Alejandra Carolina Vergara Piro presentó 169 solicitudes de concesiones mineras de exploración, denominadas legalmente pedimentos, que abarcan 47.100 hectáreas. Se distribuyen en Coelemu, Tomé, Cauquenes, Ninhue, Trehuaco, Portezuelo, Quirihue y Ránquil.

Un nuevo antecedente amplía el registro. El 3 de septiembre de 2026, el Boletín Oficial de Minería publicó 41 solicitudes de exploración por 12.200 hectáreas en Quirihue, provincia de Itata, Región de Ñuble. En los antecedentes recopilados figura el abogado Juan Francisco Varela Echaurren como solicitante o representante legal, asociado a solicitudes con denominaciones comprendidas entre EMA 7 y EMA 55.

Ambos conjuntos suman 210 solicitudes y una superficie declarada de 59.300 hectáreas. La suma no descuenta eventuales superposiciones. Solicitar derechos mineros como persona natural no es extraño ni ilegal en sí mismo; lo que requiere una explicación pública es la magnitud de las áreas involucradas y los intereses que se busca desarrollar en ellas.

La revisión de fuentes públicas permitió establecer que Vergara Piro es abogada y se desempeña como superintendenta Legal y de Asuntos Corporativos de Minera Pampa Camarones SpA. La empresa explota un proyecto de cobre en Arica y Parinacota. También desarrolló el proyecto polimetálico Ciclón-Exploradora, en Antofagasta, cuya venta a Norfolk Metals por US$50 millonesfue anunciada mediante un contrato en marzo de 2026.

El hilo societario conduce a Minería Activa

El vínculo empresarial aparece al seguir el control de Pampa Camarones, cuya operación se encuentra a miles de kilómetros de las comunas cubiertas por las solicitudes. La compañía se identifica públicamente como controlada y dirigida por Minería Activa. Esta relación permite situar los antecedentes en una estructura de gestión de activos mineros, más allá del cargo de una profesional.

Minería Activa SpA nació como una asociación entre Activa Alternative Assets, brazo de capital privado vinculado a LarraínVial, y un equipo de socios con trayectoria en la industria minera. LarraínVial participa en la asesoría y administración de fondos de inversión. El modelo de Minería Activa consiste en identificar, financiar, desarrollar y valorizar activos mineros.

El cargo de Vergara Piro no demuestra que las 169 solicitudes hayan sido presentadas por encargo de Minería Activa o de Pampa Camarones. Tampoco los antecedentes disponibles permiten establecer a quién representa Varela Echaurren ni vincular sus solicitudes con esas empresas. Estas preguntas pendientes son relevantes para las comunidades, ya que conocer al solicitante formal no basta para identificar a quienes financian una operación o serán sus beneficiarios finales.

Las sanciones a administradoras de LarraínVial

El historial del grupo financiero agrega un antecedente que exige atención. El 25 de agosto de 2025, la CMF informó una multa de UF 60.000 a LarrainVial Activos AGF por inducir a inversionistas a adquirir cuotas del fondo Capital Estructurado I mediante recursos engañosos. También sancionó a su exgerente general y a cinco exdirectores. El regulador cuestionó la sobrevaloración de créditos deteriorados ligados a la situación financiera de Antonio Jalaff. Diario Financiero describió entonces la multa a la administradora como la más alta aplicada en la historia de la CMF. 

El 3 de julio de 2026, mediante la Resolución N.º 6791, la CMF informó otra multa, de UF 600, a una entidad distinta: LarrainVial Asset Management AGF. La sancionó por falta de cuidado y diligencia en la selección de Factop para inversiones en facturas, por no informar a todos los aportantes y al público el deterioro del valor cuota del fondo afectado y por no evaluar periódicamente ese deterioro.

Estas sanciones administrativas deben distinguirse de las imputaciones penales del caso Factop, recogidas por The Clinic en enero de 2025, que no equivalen a condenas. Tampoco acreditan irregularidades en Minería Activa o en estas solicitudes mineras. Sí aportan antecedentes concretos sobre fallas de información y administración de fondos dentro del grupo, relevantes para exigir transparencia sobre los capitales y las sociedades que intervienen en la valorización de derechos mineros.

El precedente de BioLantánidos en Penco

Minería Activa fue gestora y controladora del proyecto BioLantánidos en Penco, presentado como la primera iniciativa de tierras raras en Chile y actualmente denominado Módulo Penco. Para su desarrollo recibió financiamiento asociado al Fondo de Exploración Minera Fénix de Corfo, instrumento público destinado a impulsar proyectos privados de exploración y prospección minera.El monto asignado fue de 1.502.381 de dólares en 2012.

En octubre de 2019, Hochschild Mining acordó pagar US$56,3 millones por el 93,8 % de BioLantánidos que todavía no controlaba, después de haber invertido US$2,5 millones por el 6,2 % restante. La operación consolidó el 100 % del proyecto en manos del grupo minero de origen peruano y matriz en Londres. En 2021, Hochschild separó Aclara Resources y la listó en la Bolsa de Toronto, estructura bajo la cual quedó el proyecto chileno.

Según la propia Minería Activa, la venta de BioLantánidos representó un múltiplo de cuatro veces para sus inversionistas. Ese indicador no equivale a una ganancia neta de cuatro veces lo invertido. Desde OLCA, el cuestionamiento político es que el financiamiento público contribuyó al desarrollo y valorización de un activo posteriormente transferido al capital transnacional.

La hipótesis de una nueva operación de valorización y venta

El precedente de Penco permite plantear una hipótesis respecto de las solicitudes en Maule, Ñuble y Biobío, las que podrían formar parte de nuevas operaciones de especulación y valorización minera. El mecanismo consistiría en asegurar derechos de los minerales en el subsuelo y reunir posteriormente otros activos necesarios para configurar un proyecto, como acceso a arcillas iónicas, agua, servidumbres, financiamiento público y permisos ambientales, con factibilidad de ser explotado o vendido a una empresa transnacional.

Se trata de examinar un modelo de negocios que puede distribuir funciones entre personas naturales, empresas y fondos de inversión. Los antecedentes no permiten atribuir una estrategia común a todos los mencionados ni dar por acreditado el destino de cada solicitud. OLCA considera indispensable que se informe a quién representan los solicitantes, qué capitales intervienen y si existen relaciones con planes corporativos de exploración de tierras raras en el centro-sur de Chile.

Una institucionalidad hecha para ocupar primero y discutir después

Más allá de quién se encuentre tras las solicitudes, el caso expone un problema estructural. La constitución judicial de concesiones mineras no incorpora un mecanismo de decisión comunitaria sobre el destino del territorio. La publicidad legal en boletines mineros no asegura que quienes habitan la superficie conozcan las solicitudes ni equivale a participación territorial efectiva. El título se tramita separadamente de la evaluación ambiental de un proyecto y de los procedimientos de consulta que puedan corresponder. 

La concesión no autoriza por sí sola la ejecución material de un proyecto minero, que deberá obtener los permisos y la evaluación ambiental correspondientes. Sin embargo, crea una posición jurídica de gran fuerza. La legislación minera reconoce la concesión como un derecho real inmueble, distinto e independiente de la propiedad del terreno superficial. El Código de Minería dispone su constitución mediante resolución judicial y contempla servidumbres para la actividad minera, sujetas a sus requisitos legales.

Para el director de OLCA, Lucio Cuenca, esta combinación de protección constitucional, propiedad privada, origen judicial y facultades sobre el subsuelo produce una profunda asimetría. Como se demuestra en este caso, “el régimen minero que se desprende de la Constitución vigente facilita la apropiación privada de bienes naturales comunes del subsuelo, como los minerales, pone a disposición agua y territorios. En algunos casos, subsidios y exenciones tributarias, sin participación y consulta, imponiendo una reconfiguración territorial que amenaza proyectos de vida y vocaciones productivas preexistentes, ampliando un extractivismo que precariza la vida y la integridad de las comunidades”.

La desigualdad no vuelve imposible la defensa territorial

Las comunidades y pueblos que buscan hacer prevalecer su soberanía, defender sus territorios y sostener sus propias opciones de vida enfrentan un escenario profundamente desigual. Pero la experiencia demuestra que esa defensa es posible. 

Penco ha sostenido durante más de una década su resistencia frente a la minería de tierras raras y se declaró comuna libre de minería. En el Valle del Huasco, la movilización comunitaria contra Pascua Lama y la transnacional canadiense Barrick Gold fue decisiva en la lucha que condujo a la clausura total y definitiva de un megaproyecto parcialmente construido.

Las 210 solicitudes registradas entre julio y septiembre de 2026 advierten de la escala de esta expansión. El debate público debe alcanzar a quienes gestionan los fondos y toman las decisiones empresariales, además de quienes figuran en los registros. Transparentar esas relaciones es indispensable para que las comunidades puedan disputar la ventaja institucional de la minería y defender sus territorios antes de que su futuro sea negociado como un activo financiero.