En mayo de 1971, un acuerdo entre la derecha y los sectores más antiallendistas de la democracia cristiana les permitió conseguir el control del área de comunicaciones de Canal 13, la estación televisiva de la Universidad Católica de Santiago. El sacerdote diocesano Raúl Hasbún, un furibundo opositor al gobierno de la Unidad Popular, desplazó a Claudio Di Girolamo como director ejecutivo del canal en noviembre de ese año, removió a los  funcionarios y periodistas progresistas, puso a la estación al servicio de la oposición, contrató a más de 60 militantes derechistas para inclinar a su  favor el sindicato e inició una campaña de financiamiento para superar una  grave crisis económica en la estación y conseguir la extensión de las trasmisiones a otras provincias, pasando por encima de todas las normas legales vigentes. 

El deseo de Hasbún, compartido por Jaime Bellalta, rector subrogante de la UC en ausencia de Fernando Castillo Velasco, de extender el Canal 13 a todo el país, fue uno de los puntos políticos del “pliego de Chile”, presentado por la oposición durante su paro de octubre de 1972 y que le permitió al sacerdote iniciar operaciones para instalar un canal que funcionara en San Fernando y Curicó.

Trabajando sobre hechos consumados, el cura consiguió la “legitimación” de la nueva estación, ante lo cual el Ministerio del Interior no hizo cuestión de infracción por todo este proceder de hecho. El Canal 5 de San Fernando y Curicó comenzó a funcionar en vísperas de la navidad del año 1972. La Superintendencia de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, SEGTEL, notificó de inmediato al Ministerio del Interior acerca de la ilegalidad de este hecho, por cuanto la Corporación de Televisión de la Universidad Católica no había solicitado la concesión correspondiente, que debía otorgarse por Decreto Supremo, luego de la revisión de las instalaciones y de la aprobación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 

Aprovechando las debilidades gubernativas anteriores y en ausencia del rector Fernando Castillo, que se opuso a estas trasgresiones, Hasbún y el rector subrogante Bellalta iniciaron el 8 de febrero de 1973 las trasmisiones experimentales del Canal 5 de Talcahuano, para toda la provincia de Concepción.

Ninguna de esas exigencias fue cumplida por el Canal 13 de Santiago y la flagrante contravención a las leyes vigentes no fue sancionada por el gobierno de la UP. Por el contrario, la oposición, que en bloque apoyó las maniobras de Hasbún, desconoció todas las disposiciones que regían tanto la como la televisión, apoyándose en la imprecisa ley 17.377, que la derecha aprobó precipitadamente antes de que Allende asumiera la presidencia de Chile.

La Ley de Televisión señalaba que únicamente el Estado, además de las universidades Católica y de Chile, podían operar redes nacionales de TV, siempre que estas últimas, junto a los otros seis centros de enseñanza superior existentes en el país, lo hicieran en conjunto. El artículo 7° de esa ley indicaba que el funcionamiento de la TV competía al Consejo Nacional de Televisión “sin perjuicio de las funciones, atribuciones y facultades que, dentro de sus objetivos legales corresponden en forma exclusiva a la Superintendencia de Servicios Eléctricos”.

Aprovechando las debilidades gubernativas anteriores y en ausencia del rector Fernando Castillo, que se opuso a estas trasgresiones, Hasbún y el rector subrogante Bellalta iniciaron el 8 de febrero de 1973 las trasmisiones experimentales del Canal 5 de Talcahuano, para toda la provincia de Concepción.

La SEGTEL denunció nuevamente la irregularidad y solicitó la fuerza pública para terminar con las emisiones del canal pirata. Sin embargo, el ministro del Interior, general Carlos Prats, informó que por el momento no se tomaría esa medida extrema y confió en la promesa de que sería el Consejo Nacional de Televisión quien acordara la suspensión de las pruebas mientras se aclarasen los problemas legales. Así, abusando de la buena fe del ministro Prats, que había extremado el tino con Canal 13 por tratarse de una institución universitaria, la mayoría derechista del Consejo Nacional de Televisión aprobó, el 1° de marzo, la extensión del Canal 13 a Concepción, afirmando que “la legislación vigente no establece como requisito la obligación de solicitar autorización previa para establecer, operar y explotar canales de televisión”.

Así, la derecha intentó introducir el caos en las telecomunicaciones, ignorando toda la legislación nacional e internacional que las regulaba, reduciendo a la SEGTEL a una simple revisión técnica de los equipos e instalaciones. Como ya se dijo, el Canal 5 de Concepción comenzó a transmitir en forma ilegal a partir del 8 de febrero de 1973.

Ante esa situación y en uso de las atribuciones que le otorgaban los artículos 168, 169 y 170 de la Ley de Servicios Eléctricos, la SEGTEL interfirió las transmisiones piratas del Canal 5, emitiendo señales en la misma frecuencia utilizada sin la correspondiente concesión. Raúl Hasbún cayó en la histeria. 

Acababa de regresar de Estados Unidos y España, donde había obtenido ayuda económica y técnica para extender de facto sus transmisiones a todo el país. Estos aportes, en el caso de Estados Unidos, provenían de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, según afirmó a la revista Chile HOY, sin ser desmentido, el jefe de la División de Telecomunicaciones de la SEGTEL, ingeniero Rodrigo Gutiérrez.

Hasbún no sólo desconoció la orden del Ministerio del Interior y las disposiciones vigentes, sino que puso en grave peligro la aeronavegación en Concepción, ya que la frecuencia utilizada sin autorización por el Canal 5, interfería la radio del aeropuerto de Carriel Sur. 

Los cabecillas de Patria y Libertad escogieron al estadounidense Michael Townley para planificar, organizar y comandar personalmente la operación. Townley había llegado por primera vez a Chile en 1957 como hijo de un alto ejecutivo de la planta de Ford en Casablanca, a quien se le sindicaba como informante de la CIA.

La SEGTEL, junto con presentar la querella correspondiente por el delito de instalación clandestina de una estación de radio comunicaciones, inició, el lunes 19 de febrero de 1973, el control y medición de la frecuencia, encontrándose con las interferencias puestas en marcha por el canal pirata que dependía del cura Hasbún. En esa oportunidad, un alto funcionario de la SEGTEL declaró: “en vista de que la UC insistía en utilizar la frecuencia de Canal 5 ilegalmente, resolvimos hacer uso de lo que son nuestras atribuciones respecto de una frecuencia no concedida y utilizar el canal con señales experimentales que nos permiten probar nuestros equipos. Al hacerlo comprobamos que nuestra señal era interferida por otras ilegalmente emitidas”.

Mientras Hasbún y su equipo ideaban la manera de impedir las interferencias de la SEGTEL, el 20 de febrero, el director del Canal 5, Carlos de la Sotta, contrató como “control de audio” al estudiante de electricidad de la Universidad Técnica de Concepción, David Peña Jiménez, un joven que, curiosamente, vivía en Freire 382, una casona vecina   oficinas regionales de SEGTEL. En una meteórica carrera, el aprendiz de técnico fue trasladado, el 14 de marzo, al Canal 13 de Santiago para especializarse en audio e iluminación.

Patria y Libertad entra en la escena

A fines de febrero de 1973, el máximo jefe de Patria y Libertad, el abogado Pablo Rodríguez Grez, autorizó al jefe de propaganda de la  organización, el periodista Manuel Fuentes Wending, quien trabajaba en la opositora Radio Agricultura, para que pusiera en marcha la denominada “Operación Antena”, una maniobra ilegal y clandestina destinada a permitir que el Canal 5 de Talcahuano pudiera funcionar sin las interferencias de la SEGTEL.

Los cabecillas de Patria y Libertad escogieron al estadounidense Michael Townley para planificar, organizar y comandar personalmente la operación. Townley había llegado por primera vez a Chile en 1957 como hijo de un alto ejecutivo de la planta de Ford en Casablanca, a quien se le sindicaba como informante de la CIA. En 1961, se casó con la escritora chilena Mariana Callejas, con quien tuvo dos hijos. Esta nueva familia abandonó el país en 1963 y se instaló en Miami. 

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Michael Townley.

Regresaron a Chile en 1969 y, luego del triunfo de Allende en las elecciones de septiembre de 1970, se incorporaron a Patria y Libertad, donde Michael colaboró con sus conocimientos en electrónica, creó una radio clandestina que transmitía desde su automóvil y enseñó a los militantes del grupo ultraderechista a preparar y utilizar diversos artilugios explosivos. El norteamericano dirigía un comando operativo de Patria y Libertad del cual eligió a dos miembros, Gustavo Etchepare y Rafael Undurraga, para que lo acompañaran a Concepción. 

Luego, junto a Manuel Fuentes y a través del abogado Jaime Guzmán, quien trabajaba como panelista de A esta hora se improvisa en Canal 13, y que había militado en Patria y Libertad, se contactaron con el cura Raúl Hasbún. 

En las oficinas del sacerdote en la estación televisiva, Townley le explicó el plan que había diseñado y le solicitó el apoyo necesario. Hasbún dio su visto bueno y accedió a todo lo requerido.

Townley, quien usaba la chapa de “Manolo Torres”, llegó a Concepción junto a sus cómplices el 14 de marzo de 1973. Los tres se hospedaron en la habitación 423 del céntrico hotel El Dorado y desde allí exploraron el terreno de su objetivo, estudiaron las rutinas de sus moradores y prepararon los últimos detalles de su plan. Compraron cinta adhesiva, cables, alicates, un martillo, cuerdas, paños y cloroformo. 

Los equipos interceptores de Canal 5 estaban al interior de la SEGTEL, en el patio de una casa de dos pisos ubicada en calle Lincoyán 592, y consistían en un oscilador y un ondímetro, aparatos avaluados en unos cien millones de pesos de ese tiempo. El inmueble era compartido con la casa habitación de una familia que daba pensión y a la cual se accedía por calle Freire 382. Uno de los pensionistas era el pintor de brocha gorda Jorge Henríquez González, de 35 años. 

En la madrugada del 21 de marzo de 1973, Townley, Undurraga y Etchepare llegaron hasta dicha pensión. Llevaban una copia de la llave de la puerta de entrada y tras varios intentos lograron ingresar. Recorrieron los pasillos y recovecos interiores hasta ubicar la conexión con la SEGTEL y encontrar los equipos que interferían la señal del Canal 5. Pese a que sus intenciones eran destruirlos allí mismo, Townley cambió de opinión y decidió llevárselos. En ese instante, se despertó el pintor Henríquez, quien, al percatarse de la intromisión, gritó y alertó del robo. Undurraga y Townley llegaron a su habitación. Townley lo redujo rápidamente.

En las oficinas del sacerdote en la estación televisiva, Townley le explicó el plan que había diseñado y le solicitó el apoyo necesario. Hasbún dio su visto bueno y accedió a todo lo requerido.

Lo ató de pies y manos, unió la amarra entre las extremidades y por la espalda del pintor. Lo puso boca abajo sobre una frazada y luego tomó una cinta adhesiva de 7 centímetros de ancho y le envolvió el cuello de modo muy apretado, llegando a cubrirle parte de la boca. La causa de la muerte fue clara: asfixia por estrangulamiento. Los peritos de la Brigada de Homicidios de aquel entonces no dudaron en afirmar que se trató de un crimen cometido por profesionales, por sujetos que sabían cómo matar. Al día siguiente, cerca del mediodía, un hermano encontró el cuerpo sin vida del pintor y avisó a carabineros. 

Tras algunas investigaciones, detectives arrestaron al director de Canal 5, Carlos de la Sotta, junto a dos de sus empleados, por la muerte de Jorge Henríquez. También fue detenida la dueña de la pensión, María Inés Fuller, por entregarle a De la Sotta las llaves de la pensión para que éste se las pasara a Townley. Luego, fue detenido Rafael Undurraga y se reveló que el juez Eliodoro Ortiz, quien llegaría a ser ministro de la Corte Suprema, buscaba a otros dos sospechosos: Townley y Etchepare.

Las confesiones de Undurraga

La captura del ingeniero electrónico Rafael Undurraga Cruzat, en junio de 1973, un hizo retornar al primer plano noticioso el escándalo político-policial provocado por el asesinato del obrero Jorge Henríquez y el robo de instrumentos de propiedad fiscal desde la sede regional de la Superintendencia de Servicios Eléctricos en Concepción, el 18 de marzo. 

Concluye mañana.