Pese a su vulnerabilidad, a los costos sociales y a la oposición que generó el modelo de los Chicago boys, la dictadura de Pinochet se consolidó en el período del "milagro".
En 1978 y 1980, el régimen militar triunfó con aplastantes mayorías en dos referéndums sin garantías para los opositores, que éstos consideraron fraudulentos. En el plebiscito de 1980 logró hacer aprobar una constitución diseñada para prolongar el gobierno de Pinochet hasta 1997. Pinochet ya tenía el control total del poder luego de destituir al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, a mediados de 1978. Leigh formaba parte de la Junta de Gobierno y se había opuesto tenazmente a diversas medidas personalistas de Pinochet, entre ellas, al llamado a consulta nacional que éste hizo en enero de 1978, para legitimar su poder y rechazar la presión de las Naciones Unidas por las violaciones a los derechos humanos.
Mientras el modelo económico tomaba posiciones más estratégicas, el régimen militar buscaba el camino para consolidarse políticamente, tanto en Chile como en el exterior.
El ministro del Interior, Sergio Fernández, dictó -el 22 de abril de 1978- la Ley de Amnistía para impedir juicios a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. La normativa, escrita por Mónica Madariaga, tuvo según sus autores el sentido de "pacificar" el país y "reconciliar" a los chilenos.
El gobierno sorteó la presión norteamericana que llegó hasta el embargo de la venta de armas y repuestos bélicos de Estados Unidos a las fuerzas armadas chilenas. Esto, en represalia por el asesinato del ex ministro socialista Orlando Letelier, en Washington, que planificó la DINA. Para mejorar su imagen externa; el régimen disolvió la DINA, creando en 1977 la Central Nacional de Informaciones (CNI). Poco tardó este nuevo organismo en ganar el mismo desprestigio que su antecesora.
Gracias a la mediación papal sobre las diferencias limítrofes con Argentina en el austral Canal Beagle, el gobierno superó también la tensión fronteriza con este país. Argentina declaró "insanablemente nulo" el Laudo Arbitral de la Corona Británica, obligando a las autoridades de ambos países a recurrir al Vaticano como mediador, para evitar un conflicto bélico.
El firmamento económico era también más favorable. En 1979 la economía tenía tasas de crecimiento por sobre la caída que tuvo el PGB en 1975. El escenario era propicio para que los Chicago boys complementaran su obra.
Este fue el momento en que comenzó la aplicación de las siete modernizaciones, con el objetivo de extender los principios del modelo de Chicago hacia otros planos de las relaciones sociales.
En la práctica, las modernizaciones pusieron un acento renovado para impulsar el modelo: Plan Laboral, Reforma Previsional, Reestructuración de la Salud, Municipalización de la Educación, Modernización Judicial, Desarrollo Agrícola y Reforma Administrativa y Regionalización.
Lograda la estabilización del modelo, el nuevo desafío de los neoliberales fue estimular el desarrollo del país sobre la base del sector privado. El mercado comenzó a sustituir al Estado benefactor. Una frondosa legislación limitó las demandas de los grupos de presión.
Para lograr este propósito los empresarios requerían de una serie de condiciones. El régimen las allanó todas.
El Plan Laboral de Piñera
El primer prerrequisito para un mejor funcionamiento del modelo neoliberal era un ambiente de tranquilidad laboral. A fines de 1978 era difícil preservar la calma dentro de los centros fabriles. El derecho laboral seguía en interdicción y los procesos de negociación colectiva estaban suspendidos desde 1973.
El Plan Laboral del ministro del Trabajo José Piñera Echeñique se encargó de bajar la presión de la caldera social que estaba siendo alimentada poco a poco por dirigentes de oposición con la ayuda de organismos sindicales extranjeros.
La normativa limitó el derecho de huelga a sólo 59 días. Permitió el lockout empresarial -vale decir el cierre de la unidad productiva por parte del propietario durante el conflicto- y la contratación de personal de reemplazo mientras se prolongara la huelga. De hecho, eliminó el derecho a negociar en el sector agrícola donde los trabajadores en conflicto pueden ser expulsados del predio. .
También terminó con las normas de inamovilidad y aumentó
Las atribuciones de los patrones para ejercer el control de los trabajadores. El Estado dejó de intervenir en los conflictos como mediador, tal cual lo hacía hasta 1973, a través de las comisiones tripartitas, que desaparecieron. Las negociaciones se difirieron en el tiempo de acuerdo con un orden alfabético según el nombre de la empresa, a fin de evitar una alta conflictividad en un período breve. Restringió el ámbito de la negociación al interior de la empresa, quitando con ello poder a las federaciones y confederaciones sindicales, las cuales quedaron impedidas de negociar por áreas de producción.
Aunque, efectivamente, esta legislación flexibilizó el funcionamiento de las organizaciones y otorgó mejores condiciones para formar sindicatos, el grueso de sus disposiciones le restó capacidad negociadora a los trabajadores.
Esta fue la primera modernización puesta en práctica de una sola vez. El régimen impulsó el Plan Laboral para alejar la amenaza de boicot internacional a las exportaciones chilenas, hecha por la anticomunista central obrera estadounidense American Federation of Labour and Congress of Industrial Organization (AFL-CIO). La causa del llamamiento a boicot, realizado el 24 de diciembre de 1978, fue la violación sistemática de los derechos sindicales bajo el gobierno de Pinochet.
Dos días después de la amenaza asumió como ministro del Trabajo y Previsión Social José Piñera Echenique, para enfrentar e! boicot. Economista, asesor del grupo de Cruzat-Larraín y ex demócrata cristiano, Piñera dialogó con los líderes de la AFL-CIO para ganar tiempo. Lo consiguió moviéndose rápidamente. Entre sus asesores estuvo Hernán Büchi, quien en un fin de semana leyó la legislación laboral norteamericana para ver cuáles de sus contenidos podían ser adaptados a la realidad chilena.
"Fue notable", comentó Álvaro Bardón a los autores de este texto. ·
En dos semanas, el equipo de Piñera diseñó las bases del Plan Laboral y se permitieron las asambleas sindicales. A mediados de 1979 las normas estaban dictadas y el fantasma del boicot se alejó. La misma veloz mecánica· aplicaron en 1978 los Chicago boys para realizar elecciones sindicales prohibidas desde el golpe militar.
La represión al movimiento sindical fue especialmente dura. La Central Única de Trabajadores (CUT) fue disuelta por el bando Nº 12 del 17 de septiembre de 1973. De las 130 federaciones y confederaciones afiliadas a la CUT, una cuarta parte sobrevivió al golpe militar de 1973. Un recuento entregado por los sindicatos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mostró que en 16 organizaciones nacionales fueron despedidos más de 2.200 dirigentes sindicales. Un total de 110 dirigentes fueron muertos y 230 encarcelados. En 1978, el ministro Sergio Fernández disolvió 7 federaciones y sindicatos y confiscó sus bienes. La medida afectó a 400 sindicatos afiliados y 112.795 trabajadores sindicalizados, aunque según fuentes laborales perjudicó a 539 sindicatos y
300.000 afiliados. El Decreto 198 impedía la elección de dirigentes y el Decreto 2.200 permitió el despido de cualquier trabajador sin indemnización, por realizar "actos ilícitos". El Decreto 2.345, también dictado por Fernández, permitió el despido de funcionarios de la administración pública sin sumario previo.
Pese a estas normas, hubo alrededor de 50 conflictos laborales, de carácter defensivo. Además hubo declaraciones, críticas verbales y programas de acción sindical. Las movilizaciones más significativas antes de la promulgación del Plan Laboral fueron dos, ambas en 1978: la marcha del 12 de mayo, reprimida con un saldo de 600 detenidos, y la "huelga de las viandas", no asistencia a los casinos de la empresa de los trabajadores del cobre de Chuquicamata, pidiendo reajustes de salarios. La protesta culminó con 74 detenidos, 10 deportados a pequeñas localidades y despidos.
Para frenar la lenta y tenaz articulación del movimiento sindical, que renacía a pesar de la represión, el ministro del Trabajo, Vasco Costa, anunció el 27 de octubre de 1978 que el 31 del mismo mes se debían realizar elecciones en los sindicatos. Fue una elección sin propaganda ni posibilidad de participación de los que entonces eran dirigentes, ni de los que hubieran realizado actividad política en los últimos diez años.
El objetivo encubierto bajo esta "apertura" fue preparar el terreno al Plan Laboral, en el sentido de tener una capa de dirigentes sindicales inexpertos y despolitizados para enfrentar la primera negociación colectiva en dictadura.
Dos decretos-leyes (D.L.) dictados a mediados de 1979 son los pilares del Plan Laboral: el 2.758, sobre negociación colectiva, y el 2.756 sobre organizaciones sindicales. Estos, junto con el D.L. 2.200 sobre contratos de trabajo, reemplazaron de hecho, y después de derecho, al Código del Trabajo de 1931.
Las normas de Piñera derrotaron definitivamente la idea del Estatuto Social de la Empresa y de reforma al antiguo código, del general de la FACH Nicanor Díaz Estrada, quien fue ministro del Trabajo. Díaz Estrada, con el apoyo de Leigh, procuró atraer al sindicalismo demócrata cristiano moderado, permitiendo cierta autonomía, pero dentro del marco autoritario. Su plan podría haber prosperado, pero no bajo el modelo excluyente de los Chicago boys. La iniciativa fue representativa del sector menos ortodoxo en el período de las pugnas dentro del régimen para definir su política económica y social.
Para sortear el Estatuto Social de la Empresa aprobado en 1975, los Chicago boys promulgaron como decretos leyes la nueva legislación laboral. Después, cuando ésta fue transformada en Código del Trabajo, se dispuso expresamente-en el artículo 2L la derogación de este Estatuto.
Las nuevas leyes adaptaron las relaciones laborales a un modelo económico en que el rol del empresario era determinante. Para ello procuraron atomizar y reducir al movimiento sindical, que históricamente había sido conducido por la izquierda. Las cifras de afiliación sindical indican que consiguió plenamente esta meta. En 1973 los asociados a sindicatos eran 939.000 trabajadores, cerca del 31 por ciento de la fuerza de trabajo. En 1989, los afiliados a sindicatos apenas se acercaban a 500.000 trabajadores y ellos representaban el 10,7 por ciento de la fuerza de trabajo. A la vez, el número promedio de trabajadores afiliados por sindicato disminuyó desde 166, en 1973, a 71 en 1987.
El Plan Laboral también atenuó los conflictos dentro de las empresas, por las restricciones que tuvo la huelga legal. Pero no pudo terminar con los conflictos sociales. Piñera, un convencido del "milagro", creyó que su plan se estrenaría en condiciones de alto crecimiento económico.
Durante sus dos primeros años de aplicación así sucedió efectivamente. Las negociaciones permitieron entonces algunos aumentos de salarios por sobre el IPC en las empresas ubicadas en los sectores más dinámicos. Pero durante la crisis, el Plan Laboral mostró su incapacidad para constreñir los conflictos sociales. La aplicación de las normas de Piñera, por más restrictivas que fueron, permitieron la rearticulación del movimiento sindical.
Paradójicamente, la gradual reconstitución de los sindicatos fue en tomo a la lucha por derogar o modificar el Plan Laboral. La renovación de dirigentes, los acuerdos entre los partidos, pero sobre todo la magnitud de la crisis de 1983, situaron al movimiento sindical a la cabeza de las jornadas de protesta nacional, impulsadas primero por el Comando Nacional de Trabajadores, organismo que antecedió a la creación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en agosto de 1988.
Traspaso de los fondos de pensiones
La segunda modernización clave se propuso entregar la administración de los fondos previsionales de los trabajadores a los grandes conglomerados empresariales. La Reforma Previsional, otra iniciativa del ministro Piñera, los puso a su disposición.
Fue una gigantesca privatización de los fondos de pensiones.
Para justificar esta modernización, los Chicago boys sostuvieron que el sistema anterior estaba técnicamente quebrado, aparte de que adolecía de serias dificultades de administración. Efectivamente, alrededor de un tercio de los recursos del sistema de reparto eran aportados por el Estado. La realidad es que el gobierno quiso eliminar esos aportes estatales, en la dirección de disminuir el déficit fiscal. Pero en el largo plazo ese efecto se anuló. Fue el Estado, y no las nuevas generaciones de trabajadores que se incorporaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), gestionadas por empresarios privados, quien pasó a financiar las pensiones del sector pasivo que permanecieron en el antiguo sistema.
La crítica con más asidero al mecanismo de reparto fue que las pensiones resultantes eran bajas. Indiscutiblemente, así era. Pero una de las causas está en que las pensiones se reajustaron menos que la inflación durante el gobierno militar.
Tal como el Plan Laboral, la normativa de la Reforma Previsional no fue consultada a los afectados directos: los trabajadores. La reforma consistió en el traspaso de los recursos acumulados por los trabajadores en las Cajas de Previsión a las AFP. Acabó con el sistema de reparto para las jubilaciones que, en su eficiencia, encerraba un concepto de solidaridad y de redistribución. Antes de esta modernización eran las cotizaciones de los trabajadores activos y de los empresarios las que financiaban las pensiones.
El nuevo sistema se sustentó en la capitalización individual. Cada trabajador cotiza obligatoriamente durante su vida activa. Los fondos que él reúne son administrados por las AFP, que son empresas de servicios con fines de lucro. Las AFP invierten los fondos de los trabajadores en distintas actividades e instrumentos financieros, con el objeto de hacerlos crecer en el tiempo. Cuando el trabajador jubila, comienza a recibir el monto que ahorró. La edad para el retiro laboral aumentó a 65 años para los hombres y a 60 años para las mujeres, en contraste con los 60 y 55 años que existían anteriormente.
afp
Para atraer a los asalariados, hubo un anzuelo con carnada: se rebajaron las cotizaciones mensuales. Esto permitió un aumento inmediato del sueldo líquido mensual a los imponentes, en un rango que osciló entre 7,6 por ciento para los obreros y 17,1 por ciento para los empleados. Aunque en los primeros años de operación el traslado fue voluntario, luego fue obligatorio.
Además, los empresarios tuvieron un estímulo especial para convencer a sus trabajadores a que se afiliaran. En el nuevo sistema dejaron de cotizar en favor del trabajador. De esta manera, por cada obrero o empleado que se cambió de las cajas de previsión a las AFP, los empresarios disminuyeron sus costos en cerca del cinco por ciento del sueldo del trabajador.
Pese a las supuestas ventajas del nuevo sistema, instituido por el decreto-ley 3.500, los propios militares optaron por excluirse manteniendo intactas las cajas de previsión de la defensa nacional. ·
En julio de 1989 los fondos previsionales administrados por las AFP llegaron al equivalente a 3.984 millones de dólares. El traspaso de recursos a los grupos económicos se ha cumplido a cabalidad. Inicialmente las principales AFP quedaron en manos de los grupos Cruzat-Larraín y Vial. Con posterioridad a la crisis de 1983, pasaron a manos de inversionistas extranjeros. Cinco AFP, que reunían a 2.290.000 afiliados, estaban a fines de 1989 bajo control transnacional o con una fuerte presencia en su propiedad accionaria de grupos multinacionales.
AFP Provida quedó en manos de Bankers Trust, AFP Santa María pasó a ser controlada por Aetna y AFP Unión por American lntemational Group (AIG), todas ellas de origen norteamericano. El grupo Arnindus, de la familia suiza Schmidheiny controlaba la AFP El Libertador y el grupo árabe del banquero Salim Ahmed Bin Mahfouz, un 23,2 por ciento de la AFP Summa. En 1989, un 70 por ciento de los chilenos afiliados al nuevo sistema confiaba sus fondos de previsión a compañías extranjeras o con fuerte presencia foránea.
Aunque las normas de control de la Superintendencia de AFP sobre las operaciones financieras de las administradoras fueron intensas, la tendencia hacia el final del régimen militar era a liberalizarlas. Ello, para permitir que las AFP pudieran invertir los fondos previsionales en nuevos negocios privados, entre ellos los del campo inmobiliario. .
Al igual que el Plan Laboral, la Reforma Previsional muestra una impronta con el sello de su creador. En ambas modernizaciones, Piñera quiso comprometer a los trabajadores con los resultados de sus empresas y, por derivación, con los principios globales del sistema capitalista. Ha sido una forma muy peculiar de imponer el consenso sobre estas reformas.
En el Plan Laboral está presente una idea motriz de la eficiencia empresarial: que las utilidades que obtenga el trabajador en la negociación colectiva están en directa relación con los resultados de la empresa. De esta forma, el trabajador se siente más comprometido con la marcha de su fuente ocupacional.
En la Reforma Previsional el vínculo también es nítido. Además de fomentar el individualismo- la pensión depende del ahorro personal- , los trabajadores se verían afectados ante cualquier inestabilidad política en el sistema, que ponga en riesgo sus fondos para la vejez. La idea es que los trabajadores se solidaricen con el sistema, pero, aparentemente, no con otros trabajadores.
El parto de las lsapres
El eslabón que une a la mayoría de las modernizaciones es el mayor rol que absorbe el sector privado.
Así ocurrió también en el sector salud. Esta reforma tuvo dos direcciones: una destinada a reducir los aportes del fisco al mantenimiento del sistema de salubridad, y otra a abrir una nueva fuente de acumulación para los empresarios.
Por otro lado, la modernización incluyó reformas a la ley de medicina curativa y una reestructuración del sector. Esta última se tradujo en la municipalización de establecimientos de salud y en la creación de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). El DL 3.626, de noviembre de 1980, permitió la operación de las Isapres y abrió de par en par las puertas para la entrada del sector privado a la atención de salud. Las Isapres captan la cotización de salud de sus afiliados -que en un comienzo fue de cuatro por ciento- y ofrecen atención a sus beneficiarios.
El nuevo sistema pretendió lograr la libre elección del centro hospitalario por parte del usuario, aliviar el papel del Estado en la atención de salud y promover la participación del sector privado en este sector. Sin embargo, el traslado de los cotizantes de mayores ingresos a las Isapres (en 1989, un doce por ciento de los chilenos pertenecientes a los estratos altos) contribuyó al desfinanciamiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y, por lo tanto, de los servicios que atendían a los más pobres.
La modernización de la salud, en definitiva, implantó una atención seccionada por sectores sociales. Una con todos los servicios necesarios, para quienes tienen altos ingresos. Otra, desfinanciada y sin medios técnicos, para la gran mayoría de la población.
El entonces subsecretario de Salud, Hernán Büchi, tuvo una participación destacada en esta modernización. Apenas llegó a este cargo -luego de haber sido jefe de gabinete del ministro de Economía Pablo Baraona, quien después será el conductor de la campaña presidencial de Büchi- propuso la privatización del Laboratorio Chile. El objetivo de este laboratorio era producir medicamentos a bajo costo, los del Formulario Nacional, a fin de regular el precio en el mercado. Su petición fue entonces rechazada por el ministro de Salud, contralmirante Hernán Rivera. Después, cuando Büchi fue ministro de Hacienda, cumplió con el propósito: privatizó esta empresa.
En 1982, Büchi reconoció que el sistema de las Isapres era parte de una estrategia de largo plazo. A él le correspondió, a principios de 1983, subir la cotización de salud a los trabajadores, de cuatro a cinco por ciento. Más tarde él mismo las elevó hasta siete por ciento.
Estas alzas ampliaron la cobertura de servicios a través de nuevas prestaciones. Pero, también aumentaron el mercado de potenciales beneficiarios de las Isapres hacia quienes no podían ingresar al sector privado de salud con el cuatro por ciento de cotización.
Algunas Isapres quedaron bajo control de grupos económicos. En otros casos, estas instituciones se formaron dentro de una empresa, con un mercado cautivo pero restringido.
No obstante, los costos sociales de la reforma de salud, la tasa de mortalidad infantil estuvo sistemáticamente bajando durante los años 80. Los críticos atribuyen este hecho a un efecto de inercia de las políticas ejecutadas durante décadas por los servicios estatales de salud. Para los economistas neoliberales el resultado es atribuible a la modernización y a los esfuerzos para focalizar el gasto social en la extrema pobreza.
Municipalización educacional
Para dejar al mercado reinando en el país, sin interferencias gremiales y políticas, el gobierno necesitaba debilitar los grupos depresión. El régimen autoritario era coincidente con este propósito de los chicago boys. Ya lo habían hecho con los trabajadores y con los colegios profesionales, reformando las leyes respectivas. En el campo educacional, esta política se expresó en la municipalización de las escuelas; en la privatización de la enseñanza técnico profesional; en la jibarización de la educación para adultos, en la desmembración de la Universidad de Chile y en la ampliación al sector privado de Ja educación superior.
Con estas medidas se logró adecuar el sistema educacional al modelo neoliberal, disminuyendo el papel del Estado y promoviendo una descentralización administrativa.
El 6 de marzo de 1989 el general Pinochet sostuvo:
- Si no existe una educación congruente con el rumbo que estamos imprimiendo a Chile, nos exponemos a fracasar pues estaríamos edificando sobre arena.
En 1980, esta ampliación del modelo de Chicago se llevó a la práctica con el traspaso de los establecimientos educacionales del sector fiscal a las municipalidades y al sector privado. El proceso culminó pese al rechazo del magisterio, que vio afectadas sus condiciones laborales y de remuneraciones. Apoderados y alumnos presenciaron la baja de la calidad educativa que entregaban los establecimientos, sometidos ahora a la competencia del mercado. Según los propios Programas de Evaluación del Rendimiento (PER), esta modernización no consiguió uno de sus objetivos declarados, que era mejorar la calidad de la enseñanza. Los críticos objetan también la disminución de la cobertura educacional. No obstante, la tasa de alfabetización en mayores de 15 años aumentó de 89 por ciento en 1970 a 94 por ciento en 1987, de acuerdo con estimaciones del Banco Central.
En el campo económico esta modernización provocó un traspaso de parte del gasto educacional a los municipios. Ante el aumento de sus déficits, los alcaldes, compelidos a mantenerse dentro de estrechos presupuestos financiados, pusieron en vigor políticas de restricción presupuestaria.
Las municipalidades, con alcaldes designados por el general Pinochet, fueron una extensión del Ministerio del Interior y no una expresión democrática de la ciudadanía en cada comuna. Al quedar con las escuelas bajo su tutela, el poder e influencia del alcalde ante su comunidad se reforzó. El régimen autoritario reprodujo a nivel comunal lo que hizo a nivel nacional.
La influencia del sector privado en la educación se incrementó en los años siguientes. Muchas de las nuevas escuelas subvencionadas, en manos de empresarios privados que recibían un subsidio por cada alumno que asistía a clases, operaban con criterio económico. Para esto había dos vías, y ambas fueron ocupadas: maximizar los ingresos y minimizar los gastos. Los salarios de los profesores, el equipamiento de las escuelas y los alumnos soportaron la reducción del gasto. Ha sido una práctica frecuente en algunas escuelas subvencionadas aumentar exageradamente el número de alumnos que asisten a clases en cada curso, con el fin de recibir mayores aportes del Estado.
La apertura al sector privado de la educación superior y el desmembramiento de la Universidad de Chile multiplicaron la oferta educacional en este terreno. En 1987 existían 60 instituciones de educación superior en Chile, con una matrícula global de 157.000 alumnos, el doble de la que existía en 1970, según el Consejo de Rectores.
Se puso en práctica una política de financiamiento decreciente por parte del Estado. El aporte fiscal al sistema, que en 1970 lo financió en un 65,7 por ciento se redujo a 48,3 por ciento en 1987 (directo e indirecto, bonificando el ingreso de los mejores 20.000 puntajes en la Prueba de Aptitud Académica). Los ingresos propios de las universidades aumentaron en la proporción no cubierta por el Estado. La fórmula compensatoria de ingresos para las universidades fueron los cobros de aranceles a los estudiantes. Esta política marginó de la educación superior en forma creciente a sectores de bajos ingresos; aumentó la morosidad de los estudiantes y egresados y obligó a las universidades a reducir sus costos, afectando la actividad científica y de investigación.
La restricción presupuestaria y la prolongación de los rectores militares delegados en sus cargos originaron graves conflictos dentro de la educación superior. Durante la mayor parte de los 16 años de dictadura, todas las universidades tuvieron rectores delegados.
La mayoría de las universidades e institutos privados concentró su acción en las carreras más rentables, aquellas que precisan de la menor inversión en infraestructura.
Los cambios en la justicia
La modernización de la justicia es la única en que el propio gobierno echó pie atrás y quedó pendiente.
Las modificaciones a la legislación del trabajo requerían de un complemento en la justicia laboral. La modernización, que puso en vigor la ministra de Justicia Mónica Madariaga, consistió en la eliminación de los juzgados y cortes del Trabajo, a través del Decreto Ley 3.648, del 10 de marzo de 1981. Las causas y juicios laborales comenzaron a ser examinados por la justicia ordinaria.
La desaparición de la justicia laboral especializada se sustentó en un diagnóstico compartido entre los Chicago boys y los juristas del gobierno. La principal crítica fue que los juzgados y cortes del Trabajo no funcionaban adecuadamente, con un escaso movimiento y gran dilación de las causas. Además, ocupaban una infraestructura necesaria en otras funciones de la justicia, tenían un frondoso aparato burocrático y, al menos las Cortes, eran discriminatorias en sentido geográfico, porque sólo existían en Santiago, Valparaíso y Concepción.
-Los tribunales del Trabajo de primera y segunda instancia eran los hermanos pobres del régimen de justicia-, afirmó Mónica Madariaga.
Dentro del gobierno se examinaron dos posibilidades para adecuar la justicia laboral a la nueva legislación del Trabajo: mejorarla o incorporarla a la justicia ordinaria. Se optó por lo último. "Tenía que aceptar o iban a nombrar a un Chicago boy como ministro de Justicia", recordó Mónica Madariaga, quien sostuvo haber firmado el decreto respectivo "como mal menor".
madariaga
Pese a que la Corte Suprema se opuso primero y después pidió una postergación de la supresión, ésta se llevó de todas formas a la práctica y experimentó un fracaso porque pronto los tribunales ordinarios, con jueces y funcionarios incluidos tuvieron ineficiencia de la justicia en genera l y, especialmente, de la laboral. En medio de la crisis de 1982-1983, cuando los despidos fueron frecuentes, las causas se dilataron aún más que en el pasado, perjudicando a los trabajadores.
Cinco años después el general Pinochet tuvo que reconocer el error y ordenó la reposición de los tribunales del Trabajo. Esto, después de anunciarlo, sin que se concretara, durante varias "Fiestas del Trabajo" del 1º de Mayo. ·
-La modernización de la justicia–sobre cuya necesidad existe consenso- quedó pendiente a consecuencia de la austeridad presupuestaria impuesta por los Chicago boys. Las frecuentes movilizaciones y huelgas de los funcionarios judiciales dieron cuenta de cómo afectaba la restricción fiscal en este sector.
El agro en el libre mercado
La modernización de la agricultura persiguió básicamente la apertura al exterior y liberalización del sector, incorporando las políticas neoliberales a un rubro que hasta entonces se desempeñaba en un esquema proteccionista. La rebaja de aranceles y el término de los créditos subsidiados, con la oferta de que disfrutarían de los precios internacionales para su producción, inicialmente despertó un entusiasta apoyo de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la representante patronal más conservadora del sector.
El progresivo retiro de las regulaciones en la agricultura le abrió paso al empresariado más fuerte ya las transnacionales, los cuales comenzaron a operar en las áreas con mayores ventajas comparativas. Sólo los ineficientes serían desplazados, aseguraron los Chicago boys.
En este desafío la fruticultura y, en menor medida, la silvicultura -favorecida con 60 millones de dólares en subsidios estatales entre 1975 y 1985-, fueron capaces de responder al desafío, debido a que sus productos estaban dirigidos a los mercados externos.
Las importaciones de alimentos, estimuladas por el bajo cambio del dólar y aranceles, en un período de depresión de los precios internacionales, hundieron a la agricultura tradicional. Sujetos a los vaivenes de los precios internacionales, los cultivos básicos, la producción vitivinícola y la lechera sufrieron los efectos de la modernización.
Para enfrentar el período entre las cosechas y comprar insumos, los agricultores se endeudaron con elevadas tasas de interés, o en dólares, confiando en que Sergio de Castro cumpliría con la congelación del tipo de cambio. Los efectos del sobreendeudamiento frenaron por varios años el desarrollo del sector.
La crisis de la agricultura significó en la temporada 1980-81 dejar de sembrar 350.000 hectáreas. Es decir, 3,5 veces más que las 110.000 hectáreas que quedaron sin sembrar en 1970.
En 1982-83 culminó la progresiva caída de los cultivos básicos, descendiendo a los niveles más bajos del siglo XX.
Paralelamente, el mercado de la tierra sufrió drásticas transformaciones. La Reforma Agraria y la Contrarreforma, la venta de tierras estatales con aptitud forestal, la expansión de la actividad frutícola, los remates de predios después de la crisis del sector en 1983 y la subdivisión de las tierras comunitarias indígenas, permitieron la incorporación al ámbito rural de unidades productivas empresariales de tamaño intermedio, especialmente en los sectores más dinámicos.
El proceso de modernización de la agricultura excluyó, explícitamente, al sueño empresario campesino y a los asalariados. Además, estos últimos pagaron parte importante de los costos de las reformas.
El exterminio de los asentamientos y cooperativas campesinas, la falta de créditos, de asistencia técnica y capacitación empresarial, impidieron a los pequeños propietarios incorporarse a los sectores más dinámicos ligados con las exportaciones. Durante la crisis, la agricultura campesina sólo fue de subsistencia y su recuperación posterior llegó a ser posible con activas políticas de apoyo estatal.
A su vez, las empresas del sector frutícola y forestal, tuvieron entre sus ventajas comparativas una legislación laboral que consentía los bajos salarios, la no contratación del personal y, por ende, el no pago de la seguridad social y la falta de adecuadas normas de seguridad para sus trabajadores. Ello, bajo un Plan Laboral que desalentó a la organización sindical y prohibió la negociación colectiva para los temporeros.
La mano de obra para estos sectores provino en su mayor parte de los pequeños villorrios y caseríos que se levantaron en las cercanías de los antiguos fundos. Estas aldeas fueron formadas por los trabajadores expulsados de la tierra durante la contrarreforma agraria, y los campesinos y comunidades indígenas arrojados de sus tierras en las áreas de expansión forestal. ·
La regionalización
Tal vez el aspecto en que más se distanció el programa de gobierno del candidato Hernán Büchi diseñado a mediados de 1989, de lo que fue la práctica política del régimen militar es en el plano de la descentralización y regionalización. Su proyecto ofreció la creación de senados regionales, electos por votación popular directa, para aprobar y fiscalizar el respectivo presupuesto regional. Propuso la elección popular directa de todos los alcaldes. Planteó además dictar normas para regular plebiscitos comunales, a fin de que la población influya en la autoridad edilicia.
Durante el gobierno autoritario, siendo Büchi funcionario de éste, las decisiones a nivel regional fueron sometidas al imperio de los intendentes militares, con mayores atribuciones que en el pasado. La Constitución de 1980 terminó con la separación entre gobierno y administración del Estado. Su praxis condujo a un régimen administrativo centralizado y poco participativo.
Los mecanismos de participación, cuya principal expresión fueron los Consejos Regionales de Desarrollo (Coredes) y los Consejos de Desarrollo Comunales (Codecos), ofrecieron un espacio restringido y excluyente a los opositores. Favorecieron la presencia empresarial por sobre la de los trabajadores y su capacidad para una actuación independiente de la autoridad regional o comunal fue limitada, cuando no nula.
Las trece regiones en que fue dividido el país se debieron en algunos casos más a la disposición geográfica de las fuerzas armadas en el territorio, que a la complementación entre ciudades y localidades rurales. Aun así, la concepción de región fue considerada como un paso positivo por los opositores del gobierno.
El crecimiento de las regiones más exitosas no significó, por otra parte, una disminución proporcional de los índices de pobreza.
Los complementos
Después de la obra gruesa vinieron las terminaciones. Complementariamente con las modernizaciones, el gobierno buscó erradicar el poder de presión de distintos sectores sociales y ampliar la libertad de mercado, a través de diversos mecanismos. La libertad de asociación otorgada a los colegios profesionales erosionó su representatividad y capacidad de acción gremial. No desaparecieron debido a la firme voluntad de sus miembros. Para seguir existiendo se valieron de la propia ley, pasando a constituirse en simples asociaciones gremiales. Perdieron, en todo caso, sus antiguas facultades para fijar aranceles y ejercer el control ético de las distintas profesiones.
La liberalización se extendió al transporte aéreo, con la política de cielos abiertos. Al terrestre, a través de la libertad tarifaria para los taxis y de recorridos y tarifas para los buses. Y al marítimo, con la política de mares abiertos, donde se permitió a las compañías navieras operar con cualquier bandera, y se redujeron los beneficios para los trabajadores portuarios y los tripulantes.
Nuevas reformas laborales suprimieron la inamovilidad, permitiendo el término del contrato por parte del empleador con sólo pretextar "necesidades de funcionamiento de la empresa". Para las indemnizaciones por despido, que pasaron a ser objeto de negociación colectiva, se estableció un tope de hasta cinco meses, cualquiera fuera la antigüedad del empleado. Se suprimió el salario mínimo para los aprendices, los mayores de 65 años y los menores de 18 años.
(*) -Manuel Délano es periodista de la U. de Chile, magíster en Comunicación Estratégica UAI y diplomado en Aprendizaje y Enseñanza en Educación Superior, fue corresponsal en Chile del diario El País de España, editor de Economía en revista HOY, editor general del diario La Nación, consultor de organismos internacionales y es autor y editor de libros, artículos y estudios y docente universitario.
(*)-Hugo Traslaviña es periodista especializado en economía. Titulado en la Universidad Católica del Norte y Magíster en Gestión Empresarial, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se ha desempeñado como reportero y editor en revistas y diarios y en la agencia internacional Reuters. Es profesor en la Universidad Central y miembro del directorio de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, Capítulo Chileno (AIPEF Chile). También es autor del libro "Inverlink, la ruta de una estafa" (Editorial Planeta 2003) y "Llegar y llevar, el caso La Polar'' (Ediciones Mandrágora, 2013).
Mañana: La cuaresma del modelo
Comentarios
O sea esto es EMOL
Añadir nuevo comentario