Nota del editor: Este artículo fue modificado posterior a su publicación en los términos que son explicados al final del reportaje. 

El Poder Judicial es dueño de siete departamentos emplazados en un edificio habitacional de Vitacura, una de las comunas más adineradas del país. Estas viviendas solo pueden ser utilizadas por ministros de la Corte Suprema, que son los funcionarios que están en la cima del escalafón judicial; aunque se exige que quien viva en ellos no tenga más propiedades en Santiago.

La institución les cobra 470 mil pesos al mes a los ministros que quieran vivir ahí. Una revisión de los precios de mercado realizada por Interferencia muestra que, en ese sector, cercano a la exclusiva Avenida Alonso de Córdova, el arriendo mensual de un departamento similar rondea los 2 millones de pesos. Cabe recordar que los jueces de la Corte Suprema reciben un sueldo en torno a los $15 millones mensuales brutos según el registro del Poder Judicial. 

Emplazados en un edificio de diez plantas con amplias terrazas, cada departamento tiene unos 140 metros cuadrados y cuenta con tres piezas, tres baños, living y comedor. El avalúo fiscal de cada inmueble está en torno a los 270 millones de pesos, esto sin contar la bodega y los dos estacionamientos de los que dispone cada inquilino. Las instalaciones comunes incluyen piscina, gimnasio y sala de reuniones. 

Los funcionarios judiciales pagan un 10% de su sueldo en la renta de viviendas fiscales. El monto pagado por Supremos en Vitacura es varias veces mayor que esto, según el Poder Judicial, constituyendo un 40% de su sueldo base. 

“La Corporación Administrativa [del Poder Judicial] ha adquirido siete departamentos en Vitacura, con el fin de que sirvan como viviendas judiciales para Ministros de la Corte Suprema”, reza el reglamento de uso de estos departamentos al que Interferencia obtuvo acceso por Ley de Transparencia. Para solicitar el beneficio, los jueces no pueden ser propietarios de una vivienda dentro de Santiago. (Revise el reglamento acá).

El reglamento 

Este documento especifica que el uso de las viviendas fiscales se otorgará “a funcionarios de la Primera Categoría del Escalafón Primario”, lo que según la plataforma del Poder Judicial considera al presidente, los ministros y el fiscal judicial de la Corte Suprema. En caso de que miembros del máximo tribunal no requieran alguno de los siete departamentos disponibles, “podrá asignarse a integrantes de Segunda Categoría del Escalafón Primario que pertenezcan a la Región Metropolitana”, lo cual incluye a miembros de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. 

El resto del Poder Judicial, una entidad que abarca a 14 mil funcionarios a lo largo del país y cuyos ingresos están por debajo de los percibidos por Supremos y ministros de la Corte de Apelaciones, no puede acceder a los departamentos de Vitacura. 

El reglamento establece en su artículo 5° el pago de una renta, cuyo monto no figura en el documento ya que es tarea del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial fijarlo.

El pasado 4 de abril, el Consejo Superior, compuesto por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; las ministras Gloria Ana Chevesich, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo; y la directora suplente Andreina Olmo, fijó la renta de arrendamiento del edificio en Vitacura. Según el acta N° 902 del consejo, disponible en Transparencia del Poder Judicial, se cobra $467.973 pesos a jueces de la Suprema y $482.305 pesos a ministros de la Corte de Apelaciones. 

De acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia, los funcionarios judiciales —al menos los que no viven en los departamentos de Vitacura— pagan un 10% del sueldo base en la renta de viviendas fiscales. El monto pagado por Supremos en Vitacura, según explicó el Poder Judicial, es "varias veces mayor" que lo que pagan el resto de los funcionarios de la institución de menor categoría en el escalafón, constituyendo un "40% de su sueldo base". 

Respecto a los plazos de arriendo, según el acta N° 911 del Consejo Superior, celebrado el 13 de junio de 2024, estos fueron fijados en dos años renovables por una vez para la jueces de la Corte de Apelaciones y en cinco años para Supremos.

En 2010, un pequeño artículo de la revista Qué Pasa mencionó la existencia de estos departamentos. Si bien Interferencia se reserva el publicar mayores antecedentes respecto a la nota —ya que en ésta se menciona el nombre del edificio por lo que podría identificarse la residencia de los jueces que ahí viven— hay un elemento en ésta que llama la atención, ya que se entrega una explicación a la existencia de estos inmuebles.

Según se desprende del artículo, los siete departamentos en Vitacura habrían sido adquiridos para los jueces de la Suprema que vinieran llegando de regiones. Esto último no es mencionado en ninguna parte del reglamento de los departamentos de Vitacura obtenido por esta redacción, cuya última modificación según el propio documento fue realizada el 28 de noviembre de 2019, casi 10 años después de la nota de revista Qué Pasa.

"Cultura oligárquica aberrante"

“Existiendo más de 14 mil funcionarias y funcionarios, no hay siquiera una sala cuna. Mientras, [los superiores] se permiten tener departamentos exclusivos en barrios acomodados para personas que ganan sueldos elevadísimos"

“Nos parece aberrante que en estos tiempos aún existan privilegios absurdos como éste para personas que tienen un sueldo demasiado elevado”, indicó Marcelo Acevedo, presidente nacional de la Organización de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ), quien aseguró que en el Poder Judicial existe una cultura “oligárquica” donde el poder económico está “radicado en unos pocos”.

Por otro lado, respecto a los beneficios que reciben funcionarios de los escalafones inferiores a la Suprema y la Corte de Apelaciones, Acevedo entregó un dato: “Existiendo más de 14 mil funcionarias y funcionarios, no hay siquiera una sala cuna. Mientras, [los superiores] se permiten tener departamentos exclusivos en barrios acomodados para personas que ganan sueldos elevadísimos, siendo los primeros en la categoría de remuneraciones del Poder Judicial”. 

La adquisición de los siete departamentos en Vitacura no significó el pago de dinero. Los inmuebles fueron adquiridos por la CAPJ a través de una permuta. Según consta en escritura pública, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, representada entonces por el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, intercambió en 2009 con Inmobiliaria Paz 100 Limitada un inmueble de su propiedad, ubicado en la calle Ricardo Lyon, por los siete departamentos, entonces propiedad de Paz 100.

El edificio rojo, conocido en círculos de periodistas judiciales como "La Pajarera", estaba en la esquina de Lyon con Providencia, ubicación considerada en esa época como una cuadra con una plusvalía muy alta. Estuvo en manos del Poder Judicial desde 1952.

Los detalles de este acuerdo, valorado en 52.000 UF de la época, están siendo indagados por Interferencia para una próxima entrega.

Nota de la Redacción: Este artículo fue modificado posterior a su publicación. En el reportaje original, se indicó que los supremos y ministros de la Corte de Apelaciones, pagaban menos que los funcionarios fuera de estas categorías por arrendar los departamentos en Vitacura, por los que les cobran $470 y $480 mil pesos respectivamente mientras que al resto de los funcionarios se les cobra un 10% del sueldo. Esto último es un error: a los funcionarios se les cobra un 10% del sueldo base, no de la totalidad de su sueldo, siendo el sueldo base inferior a su remuneración líquida. Según explicó el Poder Judicial, el pago mensual de $470 y $480 mil pesos por los departamentos de Vitacura es “varias veces mayor” a lo que pagan el resto de funcionarios. En concreto, según la institución, los $470 y $480 mil pesos constituyen un 40% del sueldo base de quienes pueden acceder al beneficio.