Más de 26 años el Lof Conarupu de la localidad de Coñaripe, ha buscado a través de gestiones en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), proteger su Eltuwe (cementerio) y el complejo ceremonial, donde acusan “un cierre perimetral, loteo y excavación de pozo profundo”, sin embargo, no han logrado ninguna solución.

De acuerdo a lo explicado desde el Lof Kona Rüpü, se trata de particulares que “han intentado urbanizar ilegalmente lo que hemos denominado como Complejo Ceremonial Lirkay Lelfun, espacio sagrado de Coñaripe fundamental para la vida de nosotros los mapuche”, ubicado en la comuna de Panguipulli.

El lonko —autoridad ancestral mapuche— Pedro Antimilla señala a Interferencia: “Llevamos casi 30 años con la carpeta, primero nos compraron dos hectáreas, pero con el compromiso tanto del dueño como de la institución Conadi, de comprar el resto. Nosotros confiamos, porque los mapuche creemos en la palabra, pero seguimos esperando”.

“[Hemos sufrido] muchas desavenencias producto de inescrupulosos que han visto en nuestra tierra, agua o madera, una oportunidad para saciar sus ambiciones de negocios. En el pasado fueron las 'firmas madereras', 'expropiaciones', 'hidroeléctricas' y 'arriendos por 99 años', hoy son principalmente los fraudulentos 'Loteos ilegales mediante Cesiones de Derechos Hereditarios” y las urbanizaciones ilegales en suelo rural disfrazadas de 'parcelas agrícolas', los que vulneran la propia legislación chilena, además de nuestras leyes consuetudinarias ancestrales".

Ante la situación, presentaron un recurso de protección, el cual fue rechazado, pero que según lo comunicado por la abogada Karina Riquelme, apelaran en la Corte Suprema.

Dicho documento, informa: “En el siguiente mapa (en la foto) se destaca en el cuadro el color rojo dónde se intervino el espacio. Al costado se puede observar el Nguillatue y eltuwe, donde se muestra claramente cómo se cortan ambos espacios además de afectar asi la posibilidad de ampliación que es lo que se está solicitando hace más de 25 años. En ese lugar se ha construido un cierre perimetral y un portón de acceso, también existe un camino desde la calle principal y recientemente se ha iniciado una postación de alumbrado eléctrico”.

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Respecto de la actual situación del cementerio, el lonko Pedro Antimilla explica “nosotros vivimos en el campo y el cementerio está lleno, es algo inhumano, ahora tendríamos que sepultar en la calle, el Estado tiene deberes, existe la Ley Indígena y firmaron el Convenio 159, pero no cumplen”. 

Así, conforme a lo relatado por la comunidad, han sufrido “muchas desavenencias producto de inescrupulosos que han visto en nuestra tierra, agua o madera, una oportunidad para saciar sus ambiciones de negocios. En el pasado fueron las 'firmas madereras', 'expropiaciones', 'hidroeléctricas' y 'arriendos por 99 años', hoy son principalmente los fraudulentos 'Loteos ilegales mediante Cesiones de Derechos Hereditarios” y las urbanizaciones ilegales en suelo rural disfrazadas de 'parcelas agrícolas', los que vulneran la propia legislación chilena, además de nuestras leyes consuetudinarias ancestrales".

Respecto de la ocupación de la iglesia, este medio publicó El territorio mapuche de gran valor inmobiliario que la Iglesia ha ocupado sin título de dominio por más de 100 años al borde del lago Calafquén.

“Se están vulnerando normas protectoras del suelo rural, como componente ambiental, base de servicios ecosistémicos y elementos imprescindibles para la subsistencia de ecosistemas y biodiversidad, asi como normas urbanísticas que en el mismo sentido buscan impedir el surgimiento de nuevos núcleos urbanos sin planificación territorial cercando y subdividiendo el complejo ceremonial, lo que mantiene una afectación constante y con efectos que no cesan mientras se mantenga esta intervención que incluso afecta los kaluko 26, al construir un pozo profundo”, añade el recurso presentado por la comunidad.

Los largos intentos por la vía institucional

Fue a principios del siglo XX cuando el lof Conarupu fue reducido en tres Títulos de Merced: Carlos Antimilla, José María Lemunao y José Antiqueo. A esto se sumó otro proceso de despojo durante la dictadura cívico-militar, en 1982, la comunidad Carlos Antimilla fue dividida: “Comienza la subdivisión del territorio que trae como consecuencia la pérdida territorial de espacios significativos culturalmente, lo que fue desde el primer momento denunciado y alertado a las autoridades con la finalidad de generar una solución al problema”. 

Tras los años, con la llegada de la democracia, la comunidad Carlos Antimilla ha realizado diferentes gestiones en la Conadi. En 1995 enviaron una carta a Victor Hugo Painemal, subdirector de la Conadi; en la cual expusieron las consecuencias de la subdivisión, en especial por la hijuela 193 de un particular, pues para poder llevar cabo sus ceremonias, debían arrendar el espacio del guillatue, pagando el acceso al dueño.

Debido a que el guillatue quedó dentro de un terreno particular, desde 1982 la comunidad relata que han sufrido “reacciones arbitrarias”, lo cual los motivó a organizarse y a realizar una serie de gestiones desde 1996, las que incluyen cartas, reuniones, entrevistas e invitaciones a funcionarios con el objetivo de recuperar la propiedad legal del complejo ceremonial.

Debido a que el guillatue quedó dentro de un terreno particular, desde 1982 la comunidad relata que han sufrido “reacciones arbitrarias”, lo cual los motivó a organizarse y a realizar una serie de gestiones desde 1996, las que incluyen cartas, reuniones, entrevistas e invitaciones a funcionarios con el objetivo de recuperar la propiedad legal del complejo ceremonial.

Así, en 1999, lograron la adquisición de un retazo de la hijuela vía Conadi. Ese mismo año, se tramita una segunda carpeta, solicitando la ampliación del cementerio, y “desde esta fecha hasta el 2005 se realizan gestiones y se reúnen antecedentes, incluida una promesa de compra-venta hecha por el propietario chileno de la hijuela n°193 del complejo ceremonial, y un informe cultural de Conadi de 2004 confirmando que no hay espacio suficiente para el Guillatue y el Eltue”.

En 2016 retomaron las gestiones, pero recién este año 2023, es emitido un informe social, quedando hasta la fecha pendientes los informes ocupacional y jurídico, todos informes necesarios, requisitos para obtener la Aplicabilidad para la compra de tierras y la definitiva restitución del complejo ceremonial.

El pasado 5 de septiembre el lof Conarupu visitó las dependencias de Conadi para continuar con su demanda. Respecto a ello la institución detalla en su informe: “Se debe comprender que el proceso administrativo aún se encuentra en trámite, no siendo factible proceder a una compra mientras no exista una resolución administrativa que reconozca la pérdida territorial”.