Una de las aristas más controvertidas que han surgido de los casos de corrupción más connotados de los últimos años, ha sido la filtración de mensajes de WhatsApp de los imputados a través de la prensa. Sólo en el Caso Hermosilla varios de los personajes investigados -como el propio Luis Hermosilla o el ex fiscal Manuel Guerra- han presentado querellas por “revelación de secretos” contra quienes resulten responsables.

Más gravemente, Interferencia dio a conocer que la justicia tuvo que rechazar una serie de intentos de Fiscalía para realizar diligencias intrusivas contra periodistas que revelaron el Caso Audios, tales como acceder a sus registros de llamadas y datos móviles.

Sin embargo, los imputados cuyas carpetas investigativas se han filtrado también han apuntado contra el Ministerio Público por dichas revelaciones.

En esta línea se encuentra Antonio Guzmán Neira, abogado formalizado por estafa y uso malicioso de instrumento privado en el Caso Primus, quien presentó una querella por las filtraciones de dicha investigación penal en prensa, apuntando directamente al fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda. En el escrito, enumeró 101 notas de prensa hasta ese momento y 17 filtraciones de la carpeta investigativa.

Tras presentar dicha querella, en mayo de 2024, Guzmán cambió de abogado a Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis y quien también mantiene una querella por filtraciones en el Caso Audios.

Sin embargo, tras practicar las diligencias solicitadas, el fiscal regional Xavier Armendáriz informó al tribunal, el pasado 17 de diciembre, su decisión de dar cierre de la investigación y no perseverar en el procedimiento, “por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una formalización y/o acusación”.

En respuesta, dos días después, el abogado querellante, Juan Pablo Hermosilla, ingresó una solicitud de reapertura de la investigación. En el escrito, solicita una serie de diligencias precisas que no habrían sido realizadas por el Ministerio Público durante la etapa de investigación.

Entre las diligencias pendientes, el querellante solicita periciar los teléfonos privados e institucionales del fiscal Sepúlveda. Ello, con el fin de realizar un vaciado y pericia informática forense, “estrictamente acotada a la búsqueda de comunicaciones sostenidas con periodistas o medios de comunicación, desde el inicio de la presente investigación y hasta la fecha, que guarden relación con los hechos investigados”.

En subsidio, el escrito solicita la entrega de la lista de contactos del fiscal Sepúlveda. En última instancia, la incautación y pericia limitada del teléfono del mismo.

Así también, solicita tomar declaración a los fiscales Juan Pablo Araya y Lorena Parra y la abogada asistente María Jesús Venegas, para que “den cuenta de la aplicación práctica, alcance y manejo habitual” del secreto en causas de lavado de activos.

Por último, apunta directamente a un periodista del diario La Tercera, para que declare en calidad de testigo e “indique los funcionarios del Ministerio Público que le habrían proporcionado información” reservada.

El Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago fijó la audiencia para discutir el cierre o reapertura de la investigación para el próximo 9 de marzo.