En octubre pasado, el Ministerio de Minería anunció una convocatoria pública nacional e internacional para la suscripción de contratos especiales de operación que desarrollen la exploración y producción de yacimientos de litio en suelo chileno. En total, el concurso considera una cifra de 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas individuales de 80.000 toneladas en siete años prorrogables.

La iniciativa ha sido ha sido criticada por parlamentarios, convencionales constituyentes y también por el Gobierno entrante de Gabriel Boric, entre otras cosas, por sus tiempos: el 17 de diciembre concluyó el periodo de recepción de ofertas, mientras que el 14 de enero del 2022 se publicarán los resultados de la licitación. Es decir, el proceso se está desarrollando durante los últimos meses del Gobierno saliente.

Pese a lo anterior, miembros del equipo del presidente electo han manifestado cierta resignación por los plazos que se manejan, afirmando que hay poco espacio para modificar las condiciones en la licitación para explotar litio, pero apuntando a incorporar "condiciones" en los contratos finales. 

A las críticas que ha ocasionado la licitación se sumó un grupo de 113 geólogas y geólogos, quienes plasmaron en un texto sus argumentos para rechazar la iniciativa gubernamental, cuyos resultados se darán a conocer este viernes.

De esa forma, los expertos afirmaron que “frente a la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de continuar con  la licitación de cuotas de explotación que suman 400.000 toneladas de litio, quienes abajo firmamos -geólogas y geólogos autoconvocados por una Constitución transformadora- nos sumamos al rechazo manifestado por diferentes referentes de la sociedad civil, academia y sector público-privado solicitando la detención del actual proceso”.

“La opacidad y premura con que se ha llevado el proceso, al no dar cuenta de las complejidades y plazos involucrados en explotaciones de este tipo, han impedido a la mayoría de las empresas del sector concurrir a la licitación, lo que ha quedado de manifiesto en el bajo número de oferentes, levantando dudas respecto al nivel de incumbencia de los oferentes actuales”.

En esa línea, la declaración sostiene que, en primer término, “esta licitación no resuelve la carencia de una política de Estado en torno al litio, situación que ha impedido constituir este polo de desarrollo para Chile, pese a que el mineral ha mantenido por más de cuarenta años su condición de “estratégico”; en un inicio como combustible nuclear y, actualmente, como elemento crítico para la electromovilidad y desarrollo de nuevas tecnologías”.

Junto a ello, aseguran que “la opacidad y premura con que se ha llevado el proceso, al no dar cuenta de las complejidades y plazos involucrados en explotaciones de este tipo, han impedido a la mayoría de las empresas del sector concurrir a la licitación, lo que ha quedado de manifiesto en el bajo número de oferentes, levantando dudas respecto al nivel de incumbencia de los oferentes actuales”.

Los profesionales aseguran que lo anterior se agrava al considerar lo estipulado en el Artículo 19 Nº24 de la actual Constitución Política de la República, que señala que corresponde a la ley determinar qué sustancias minerales de las referidas (considerando el litio y exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos), pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación, podría ser completamente modificado en el texto de la nueva Constitución.

Así, atendiendo al rol que le cabe a este recurso en el almacenamiento y transporte de energía, en el marco de una crisis ambiental global  sin precedentes, que desafía integralmente a la humanidad, resulta fundamental que la producción de litio en Chile considere al menos algunos aspectos, entre los que enumeran “romper con la lógica extractivista que ha operado en la minería nacional”; “considerar todos los minerales y elementos de interés económico presentes en las salmueras de nuestros salares”; “innovar en el proceso extractivo para minimizar su impacto sobre el ambiente, considerando científicamente los elementos que controlan los equilibrios hidrogeológicos y ecosistemas de los salares”; “incentivar la cadena de valor, creando un ecosistema con enfoque transdisciplinar donde incluya al mundo académico, público, privado y sociedad civil organizada, pensando nuevos modelos de gobernanza minera, robusteciendo la industria local,  democratizando el conocimiento tecnológico aportado por empresas internacionales, desarrollando productos con valor agregado y con una institucionalidad estatal fortalecida”; y “condiciones dignas para trabajadoras y trabajadores, así como para las comunidades próximas a los salares”, entre otras condiciones. 

Los expertos confían en que “el Chile que construiremos tras el proceso constituyente tendrá las herramientas necesarias para dar un giro a las condiciones y criterios con que se han explotado los minerales hasta ahora, priorizando el beneficio para las grandes mayorías, con una visión de futuro y cuidado de nuestros ecosistemas y a quienes lo conforman”.

A su vez, convocaron a la ciudadanía a manifestarse activamente en contra de la actual licitación, “para permitir al gobierno entrante replantear los términos en que se desarrollará la explotación de este recurso estratégico por las próximas décadas”

La declaración completa y los nombres de las personas firmantes del texto puede encontrarse aquí.