Ministerio de Minería

Acusando problemas económicos y una militancia dividida, el presidente del PR remitió un comunicado tras la solicitud del Servel para disolver Comunes, señalando que “si bien hemos evitado a la fecha caer en la misma situación de Comunes, aún continuamos en proceso de regularización”.

Tras la drástica decisión del presidente Gabrel Boric de aplicar una cirugía mayor en la cartera -removiendo a la ministra, al subsecretario y al vicepresidente de Enami- queda la duda sobre el significado político de estas salidas: ¿se trata de destrabar una gestión paralizada por las diferencias internas o hacer un giro de timón?

A la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social, se suma la caída de Marco Antonio Ávila en Educación, con la 'compensación' de la llegada de Marcela Sandoval a Bienes Nacionales y Francisca Gallegos a la Subsecretaría de Servicios Sociales. La crisis en RD no se detuvo ahí, y la noche de este miércoles el senador Juan Ignacio Latorre renunció a la presidencia del partido.

Larga fue la espera de la que es tal vez es la política económica más relevante de este siglo. Largo y difícil también es el camino que debe recorrer para llegar a concretarse.

Con un 42% de las reservas mundiales de este mineral, Chile se posiciona como un jugador clave en el mercado de un recurso que casi ha cuadriplicado su consumo desde 2010. En este artículo, INTERFERENCIA describe la actualidad chilena, los actores relevantes en ella y la situación global en la que se contextualiza la industria.

Un comité conformado por seis ministros de gobierno tendrá que decidir si aprueba o rechaza el proyecto minero de Anglo American, luego de que en mayo fuera rechazado por el SEA. Desde esa fecha, la compañía multinacional ha sostenido numerosas audiencias de lobby con autoridades de, al menos, cinco de esos ministerios.

Desde consultorías comunicacionales y mapeo de actores claves, pasando por guías sobre los salares, hasta materias de responsabilidad ambiental, el Ministerio de Minería va a contrarreloj contratando proveedores que le permitan responder aspectos tales como cuáles serán las características de la Empresa Nacional del Litio. ¿Tendrá una política nacional del litio antes de que acabe el año?

Las propuestas del gobierno, como la creación de una Empresa Nacional del Litio o asociarse a Bolivia y Argentina, han generado molestia en el empresariado. Esto pese a que Chile aún está lejos de implementarlas y a que se desconocen mayores detalles de esta política extractivista.

La Corte de Antofagasta se manifestó contra los argumentos de la Comunidad de Coyo, quienes cuestionaron que la licitación no precise el lugar donde serán extraídas las cuotas de litio, pues eso esconde qué comunidades serán afectadas, aunque todos los salares están asociados a pueblos indigenas. Otro recurso sigue en la Corte de Copiapó.

Ministra y subsecretario, respectivamente, enfrentarán diversos desafíos en el área durante el gobierno entrante, aunque Hernando ya adelantó que mantendrá la postura que tuvo en su período como diputada respecto a temas como el royalty minero y la licitación del litio. Por su parte, organizaciones de pueblos originarios ven con optimismo los nombramientos, aunque esperan mayor diálogo y participación.

Mientras los distintos pueblos que levantaron un recurso de protección ven con optimismo el resultado de sus argumentos en el proceso judicial y esperan que el gobierno entrante opte por no apelar en el Tribunal Supremo en caso de un fallo favorable, el presidente de la Sociedad de Geología manifestó cómo -además de los reparos técnicos a la licitación- este nuevo revés judicial termina afectando la imagen del país frente a la industria minera internacional.

Ariel León Bacián fue parte de los equipos políticos y técnicos que lograron que la Corte de Apelaciones de Copiapó considerara el derecho indígena en la detención del actual proceso de asignación de cuotas de litio.

Un gobierno languideciente se dio el lujo de imponer su posición justo en el momento de mejor evaluación del nuevo Presidente. El Poder Judicial salvó la estantería, pero esto no impide hacer la autocrítica de por qué liderazgos populares, tanto en este caso como en décadas anteriores, temen convocar al pueblo como aliado para sus agendas.

En medio de críticas de la oposición y del gobierno entrante, el gobierno finalmente otorgó dos de las cinco cuotas a BYD Chile SpA, una empresa china de larga trayectoria en el negocio del elemento químico y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., perteneciente al Grupo Errázuriz. Ambas se adjudicaron una cuota de 80 mil toneladas cada una con un plazo de 7 años para la extracción del mineral.

A pocos días de que se conozcan los resultados del concurso al que convocó el Ministerio de Minería en octubre, que permitirá que empresas privadas se adjudiquen la explotación de 400 mil toneladas por 29 años, un importante grupo de profesionales del área minera entregó sus argumentos para rechazar la iniciativa gubernamental.

Desde las bancadas PC y DC de la Cámara se presentaron dos recursos legislativos para impedir el concurso que concesiona 400 mil toneladas de litio a privados por 29 años, mientras el biministro de Minería y Energía se reunió con el equipo del gobierno entrante para aclarar puntos sobre la iniciativa gubernamental.

A diez días de que se anuncien los resultados del concurso que permite que empresas privadas se adjudiquen la explotación de 400 mil toneladas por 29 años, desde la bancada del PC en el Congreso apelan a modificar transitoriamente el Código de Minería para que las decisiones respecto del litio esperen lo que determine la nueva Constitución. Hay un precedente con la llamada 'Ley Longueira'.

Diversas reacciones se suscitaron tras el anuncio del gobierno de licitar 400 mil toneladas del recurso natural que se podrían explotar por un plazo de 29 años. Las críticas apuntan a una falta de planificación y a la decisión de poner en venta el recurso minero en las últimas semanas del mandato de Piñera, junto con las limitaciones a un nuevo sistema de desarrollo económico que se estipule en el nuevo texto constitucional.