La Corte de Antofagasta se manifestó contra los argumentos de la Comunidad de Coyo, quienes cuestionaron que la licitación no precise el lugar donde serán extraídas las cuotas de litio, pues eso esconde qué comunidades serán afectadas, aunque todos los salares están asociados a pueblos indigenas. Otro recurso sigue en la Corte de Copiapó.

Ministra y subsecretario, respectivamente, enfrentarán diversos desafíos en el área durante el gobierno entrante, aunque Hernando ya adelantó que mantendrá la postura que tuvo en su período como diputada respecto a temas como el royalty minero y la licitación del litio. Por su parte, organizaciones de pueblos originarios ven con optimismo los nombramientos, aunque esperan mayor diálogo y participación.

Mientras los distintos pueblos que levantaron un recurso de protección ven con optimismo el resultado de sus argumentos en el proceso judicial y esperan que el gobierno entrante opte por no apelar en el Tribunal Supremo en caso de un fallo favorable, el presidente de la Sociedad de Geología manifestó cómo -además de los reparos técnicos a la licitación- este nuevo revés judicial termina afectando la imagen del país frente a la industria minera internacional.

Ariel León Bacián fue parte de los equipos políticos y técnicos que lograron que la Corte de Apelaciones de Copiapó considerara el derecho indígena en la detención del actual proceso de asignación de cuotas de litio.

INTERFERENCIA conversó con Marcel Dieder, abogado del Observatorio Ciudadano, quienes evacuaron un estudio que da cuenta de cómo la explotación del litio -en este caso de una empresa que no ganó la reciente licitación- afecta los derechos de los pueblos indígenas aledaños a los salares.

Un gobierno languideciente se dio el lujo de imponer su posición justo en el momento de mejor evaluación del nuevo Presidente. El Poder Judicial salvó la estantería, pero esto no impide hacer la autocrítica de por qué liderazgos populares, tanto en este caso como en décadas anteriores, temen convocar al pueblo como aliado para sus agendas.   

En medio de críticas de la oposición y del gobierno entrante, el gobierno finalmente otorgó dos de las cinco cuotas a BYD Chile SpA, una empresa china de larga trayectoria en el negocio del elemento químico y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., perteneciente al Grupo Errázuriz. Ambas se adjudicaron una cuota de 80 mil toneladas cada una con un plazo de 7 años para la extracción del mineral.

A pocos días de que se conozcan los resultados del concurso al que convocó el Ministerio de Minería en octubre, que permitirá que empresas privadas se adjudiquen la explotación de 400 mil toneladas por 29 años, un importante grupo de profesionales del área minera entregó sus argumentos para rechazar la iniciativa gubernamental. 

La controvertida licitación 'express' que pretende dar en concesión 400 mil toneladas de litio a privados, cuenta con el antecedente de una fallida licitación en 2012 que incluyó problemas con la justicia. Hoy las mismas empresas compiten por el mineral, sin una licencia social para operar. En esta columna, el experto en la materia, José Cabello, plantea lo necesario de una estrategia profesional para la explotación de este recurso.

Desde las bancadas PC y DC de la Cámara se presentaron dos recursos legislativos para impedir el concurso que concesiona 400 mil toneladas de litio a privados por 29 años, mientras el biministro de Minería y Energía se reunió con el equipo del gobierno entrante para aclarar puntos sobre la iniciativa gubernamental.

A diez días de que se anuncien los resultados del concurso que permite que empresas privadas se adjudiquen la explotación de 400 mil toneladas por 29 años, desde la bancada del PC en el Congreso apelan a modificar transitoriamente el Código de Minería para que las decisiones respecto del litio esperen lo que determine la nueva Constitución. Hay un precedente con la llamada 'Ley Longueira'.

Diversas reacciones se suscitaron tras el anuncio del gobierno de licitar 400 mil toneladas del recurso natural que se podrían explotar por un plazo de 29 años. Las críticas apuntan a una falta de planificación y a la decisión de poner en venta el recurso minero en las últimas semanas del mandato de Piñera, junto con las limitaciones a un nuevo sistema de desarrollo económico que se estipule en el nuevo texto constitucional.