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Miércoles, 12 de diciembre de 2018
A 8 años del rescate de los 33

Más de 200 mineros han muerto por accidentes laborales

Promesas presidenciales incumplidas, vacíos normativos y una opinión pública que dejó de hablar del tema, son el corolario de un fenómeno laboral trágico: más de 200 trabajadores de la minería han muerto desde 2010, en medio de débiles fiscalizaciones y tasas de accidentabilidad dudosas. 

“Espero que esto nunca más vuelva a ocurrir”, dijo Luis Urzúa a Sebastián Piñera el 13 de octubre de 2010, apenas salió de la cápsula Fénix. Era el último minero en subir al campamento base, y sus palabras aludían a los más de dos meses que estuvieron atrapados bajo 720 metros de profundidad en la Mina San José.

Urzúa y sus compañeros vivieron en carne propia las malas condiciones de seguridad en la que se desenvuelve parte de la minería, la principal actividad económica de Chile, que en promedio representa el 10% del Producto Interno Bruto (PIB). El país se conmovió con esa historia y los políticos prometieron cambios. Pero, en realidad, nada ocurrió.

En 2011, en conmemoración del rescate de los 33 mineros, el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de Ley que buscaba prevenir accidentes como el ocurrido el año anterior en Copiapó. La iniciativa, sin embargo, fue rechazada en 2012 por la Cámara de Diputados, sin que esto causara mayor revuelo mediático.

Desde 2010 hasta julio de este año, 210 trabajadores han muerto mientras desarrollaban sus labores en este sector. Es decir, más de 26 por año, casi la misma cifra de mineros que fueron rescatados ese 13 de octubre de 2010 desde la Mina San José.  

Mientras esas promesas de cambio se diluían y quedaban en nada, parte de los trabajadores de la minería siguieron enfrentándose a un ambiente laboral complejo, en el que las cifras de accidentes con resultado fatal no estaban en la boca de políticos ni en las páginas de los medios de comunicación. La seguridad laboral en la minería, simplemente, había dejado de ser una preocupación del país.

Sin embargo, datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) revelan que la minería está lejos de ser un sector libre de peligros para sus trabajadores. Desde 2010 hasta julio de este año, 210 trabajadores han muerto mientras desarrollaban sus labores en este sector. Es decir, más de 26 por año, casi la misma cifra de mineros que fueron rescatados ese 13 de octubre de 2010 desde la Mina San José.  

Un convenio de la OIT

Cinco días después del rescate, el Presidente Sebastián Piñera se comprometió a ratificar el Convenio 176 sobre seguridad y salud minera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Si queremos convertirnos en un país desarrollado, necesitamos asumir estándares del primer mundo y vamos a hacerlo en los próximos 90 días”, dijo en una entrevista a la BBC en Londres. “No podemos garantizar que no tendremos accidentes en el futuro, pero podemos garantizar que haremos todo lo necesario para tener una industria minera más segura”.

Vigente desde 1995, el documento de la OIT entrega medidas de prevención y protección en la mina, otorgando responsabilidades a los empleadores, derechos a los trabajadores y fomentando un clima de cooperación entre ambos. Actualmente, están suscritos 33 países a nivel mundial, dentro de los que figuran tres latinoamericanos: Brasil, Perú y Uruguay.

La promesa, entonces, fue incumplida en el plano local. Hoy, precisamente, la lucha de las agrupaciones de sindicatos mineros sigue siendo lograr que Chile suscriba este documento. De hecho, en agosto de este año los representantes sindicales le enviaron una carta al Presidente Piñera para plantear la necesidad de ratificar este convenio. En ella le expusieron que este ha sido “un compromiso que nuestro país ha evadido de manera sistemática por años”. Así también lo hicieron en el primer gobierno de Piñera y en el de Michelle Bachelet.

De ninguno habían obtenido respuesta. Hasta ahora.

La subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo les envió una carta en la que señala que se están analizando las brechas normativas que podrían existir con el Convenio 176. Por último, y sin dar plazos, asegura que posteriormente se solicitará su tramitación en el Congreso.

INTERFERENCIA consultó sobre seguridad y la eventual ratificación del Convenio 176 al Consejo Minero, asociación conformada por las grandes empresas mineras de Chile, pero  aseguraron aún no tener una postura frente al tema.

“Nosotros necesitamos la ratificación del Convenio 176, pues los organismos fiscalizadores como el Sernageomin, dirección del Trabajo y el ministerio de Salud, dejan mucho que desear”, dice Hugo Páez, presidente de la Confederación Minera de Chile (Confemin), que agrupa a 28 sindicatos de la pequeña y gran minería.

Actualmente, la única normativa es el Reglamento de Seguridad minera, vigente desde 1985 y actualizado en 2002, además de algunos artículos específicos en el Código del Trabajo.

“Necesitamos una ley que sea rigurosa en el tema de seguridad, que proteja la vida y salud de los trabajadores. No se han tomado las medidas por falta de voluntad de aplicar una legislación realmente rigurosa, que le exija a las empresas condiciones más rigurosas”, dice Paéz.

Desde la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Afuser), en tanto, reconocen que se trata de un reglamento obsoleto.

“Tenemos un reglamento que está totalmente alejado de la realidad actual de la minería. Nosotros lo queremos actualizar para que esté acorde a las nuevas tecnologías, pero el reglamento depende del ministerio de Minería y hay temas que han pasado al primer lugar. No podemos multar sobre temas que no están en el reglamento hoy”, explica Carolina Herrera, directora Nacional de la Afuser y una de los dos fiscalizadores de la región de Magallanes.

INTERFERENCIA consultó sobre seguridad y la eventual ratificación del Convenio 176 al Consejo Minero, asociación conformada por las grandes empresas mineras de Chile, pero  aseguraron aún no tener una postura frente al tema.

Fiscalizaciones débiles

Una de las medidas aplicadas para reforzar la prevención de accidentes en minería fue el reforzamiento del Sernageomin. Si en 2010 había 18 fiscalizadores a nivel nacional, un año después aumentaron a 42. Hoy, en total, forman un equipo de 69 personas, distribuidos por todas las regiones. Coquimbo y Antofagasta son las zonas con más fiscalizadores, con 21 y 14, respectivamente. En la región de Maule, en tanto, hay solo un fiscalizador.

Según datos solicitados vía Ley Transparencia, el número de fiscalizaciones presupuestadas para este año son diez mil a nivel nacional. En julio de este año, ya se habían cumplido 6.726 de ellas. Para cada región, hay una meta de fiscalizaciones.

“Que te digan que tenemos que fiscalizar diez mil no significa que sean todas, hay más. En un año, en una región tal vez no se alcanzan a revisar todas las faenas o instalaciones, no tenemos capacidad para fiscalizar más”, dice Carolina Herrera, de la Afuser.

En el Anuario de la Minería en Chile 2017, el Sernageomin enfatiza en que “ha incrementado sus actividades de fiscalización, promoviendo, además, el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las empresas”.

Pese a este aumento, la fiscalización no ha sido suficiente ni rigurosa para evitar la pérdida de vidas en este trabajo.

La dinámica sería la siguiente: un trabajador se accidenta, el empleador no lo deriva a la mutual, sino que a un tratamiento pagado en una clínica privada. Así, el hecho no ingresaría en los registros oficiales de accidentes laborales de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

Un informe de la Contraloría Regional de Antofagasta, emitido en agosto de este año, muestra una auditoría realizada al Sernageomin en la región para verificar el cumplimiento de su función fiscalizadora. El resultado fue preocupante: se detectaron medidas correctivas no implementadas, sanciones no cursadas a faenas mineras, falta de cobro de las multas, falta al principio de abstención en caso de funcionarios que fiscalizan faenas donde habían trabajado, inconsistencias en actas de fiscalización y actas incompletas.

“Se verificó que ningún funcionario del servicio cuenta con todos los instrumentos técnicos necesarios para efectuar las labores de fiscalización encomendadas a dicha entidad (…) Se advirtió que el Sernageomin presenta demora en el procedimiento de cobro de multas, desde que se realiza la fiscalización hasta que se notifica a la Tesorería General de la República (…) Se constató la inexistencia de un procedimiento para informar accidentes a Sernageomin”, dice el documento.

Cifras mentirosas

Si bien la minería es una de las industrias con menos accidentes, es una de las que más muertes suma. Pese a que las cifras han disminuido a lo largo de los años, los números siguen siendo altos. El 2017, celebrado como el año con la tasa más baja en 18 años, cobró 14 vidas. “Las autoridades festejan y celebran la baja en los números, lo cual es un contrasentido. Igual tenemos, en lo que va de este año, 10 muertos y más de 200 desde el 2010”, plantea Iván Mlynarz, vicepresidente de la Federación de Supervisores de la Minería Privada de Chile (Fesumin).

“Aquí, la capacidad fiscalizadora del Estado no existe. Lo de los 33 mineros puede volver a pasar y va a pasar”,

Otro de los temas que denuncian los sindicatos, al cual se suma el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos, es la manipulación de las cifras oficiales de accidentabilidad minera. “Todos los estudios que nosotros hemos realizado como colegio de expertos, nos demuestran que tenemos alrededor de un 30% de sub notificación de accidentes laborales en la industria minera”, dice Alejandro Valdebenito, quien preside el gremio.

Así lo dan cuenta también las federaciones mineras. Se trataría de un ocultamiento de las cifras reales de accidentes pequeños o graves en los documentos oficiales. “A medida que tu tasa de accidentabilidad o enfermedad sube, más caro le sale a una empresa las mutuales. Es un convenio no escrito. ‘Yo no te mando tantos enfermos, tú no me fiscalizas tanto’”, dice Sergio Morales, secretario General de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).

La dinámica sería la siguiente: un trabajador se accidenta, el empleador no lo deriva a la mutual, sino que a un tratamiento pagado en una clínica privada. Así, el hecho no ingresaría en los registros oficiales de accidentes laborales de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

“Otra forma de ocultarlo –y lo digo muy responsablemente– es la amenaza que recibe el trabajador de despido. Además, existe lo que es el bono de seguridad negociado en los convenios colectivos. Un bono que se le da al trabajador por no registrar accidentes. Hago un llamado a las otras organizaciones sindicales a no negociar este tipo de bonos”, dice Páez, de la Confederación Minera de Chile.

Según cuenta Valdebenito, del Colegio de Prevencionistas de Riesgo, el indicador de siniestralidad afecta también a la empresa a la hora de postular a una licitación. “Lamentablemente, la forma que se encontró para alcanzar esos indicadores es que los accidentes leves o menos graves no fueran denunciados y se derivan o al sistema público o al privado de salud. Es absolutamente cuestionable que, con un alto índice de días perdidos por cantidad de accidente, no haya accidentes reiterados”, dice el dirigente.

Según el informe anual de Estadísticas de Seguridad Social de la Suseso, la tasa de accidentabilidad en minería es una de las más bajas, con 1,3%. Sin embargo, encabeza la lista con la cantidad de días perdidos por accidente, con 42,6.

El diagnóstico compartido entre trabajadores y dirigentes sindicales de este sector, que es las leyes que deben protegerlos no están a la altura. “Aquí, la capacidad fiscalizadora del Estado no existe. Lo de los 33 mineros puede volver a pasar y va a pasar”, sentencia Valdebenito.

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