En febrero de 2024, Inmobiliaria Los Mogotes presentó una querella criminal por usura contra la Sociedad de Garantía Recíproca MásAval, hoy conocida como Maxxa, empresa que se dedica a entregar garantía a pequeñas y medianas empresas para que soliciten créditos ante entidades financieras.

La acción judicial acusa que la gestión de MásAval para afianzar un préstamo de $1.300 millones en 2019, acabó con enormes deudas para la inmobiliaria. Según la querella original, MásAval habría cometido el delito de usura al cobrar intereses sobre los legales, “a través de comisiones y otros gastos”.

Ahora, la querella se amplió al delito de estafa. 

En un nuevo escrito, presentado el 15 de octubre por el abogado Mauricio Daza en representación de Los Mogotes, se describe un esquema con que MásAval habría coordinado la entrega de crédito a través de sociedades relacionadas, actividad prohibida por la ley a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

“En otras palabras, se trata de una verdadera triangulación que encubre una unidad de negocio, que se enriquece mediante una integración fraudulenta”, apunta la querella.

La querella señala que, en la fecha de entrega de los créditos, MásAval era controlada por MA Holding SpA con un 99, 99% de las acciones. El resto se repartía entre el Fondo de Inversión Privado Cabo de Hornos (0,005%) e Inversiones Almados SpA (0,005% de acciones). Posteriormente, ingresaría Inversiones San Crescente SpA. Así también, como parte de la estructura societaria de MA Holding SpA, la sociedad San Crescente tiene como accionista a BP Capital S.A., el que luego pasaría a ser accionista de MásAval.

La hipótesis de los querellantes es que tanto la SGR MásAval como MA Capital, una de las sociedades otorgó créditos a Los Mogotes, forman parte del mismo holding empresarial, cuyo controlador y accionista mayoritario es MA Holding SpA. 

Vale decir, MA Holding sería el verdadero controlador de MásAval, la garante de los créditos, y MA Capital, la prestamista. 

“En otras palabras, se trata de una verdadera triangulación que encubre una unidad de negocio, que se enriquece mediante una integración fraudulenta”, apunta la querella.

La ley establece que las SGR, como MásAval, deben tener un giro exclusivo para el otorgamiento de garantía y prohíbe expresamente que estas instituciones concedan créditos directos a sus accionistas o terceros.

Además, el escrito incluye a Addwise Servicios Financieros, otra prestamista, como parte del esquema, señalando que “operaba concertada previamente con MásAval para aparecer como sociedad externa que otorgaba el crédito, pese a que mi representada no tenía ningún conocimiento de la referida sociedad”.

Lee la ampliación de querella contra MásAval completa al final del artículo.

Lee la ampliación de querella contra MásAval completa al final del artículo.

El mecanismo

Según la querella, el esquema comenzó tras la suscripción de la fianza, cuando los representantes de MásAval gestionaron los contratos con las entidades relacionadas (MA Capital y Addwise). En estos instrumentos, apunta el escrito, se establecían cobros fraudulentos por conceptos como “comisión anticipada” y “otros gastos”.

Piñera Morel era socio hasta 2018 de MásAval a través de BP Capital SpA, la que participa en Inversiones San Crescente, la que a su vez participa en MA Holding SpA, socia de la SGR.

Según los querellantes, estos supuestos "gastos" y "comisiones" constituían en realidad intereses encubiertos que excedían con creces el límite legal. Por ejemplo, en uno de los contratos originales, el descuento alcanzó más del 50% del monto nominal solicitado. De un monto total de $1.131.286.579, la empresa solo recibió realmente $872.810.291.

"De esta forma la sociedad que represento recibió mucho menos dinero de lo que necesitaba, pero al final del plazo, debía devolver el capital nominal completo más todos los intereses periódicos, resultando en una obligación total que es significativamente mayor que lo que se negoció en apariencia, dejando al descubierto la naturaleza abusiva y usuraria del esquema", describe la querella.

Ahora bien, como parte de la fianza Los Mogotes debía entregar una contragarantía, constituyendo una hipoteca y prohibición de gravar sobre sus inmuebles de proyectos inmobiliarios en favor de MásAval. Ante la imposibilidad de cumplir con las comisiones y altos montos a pagar, la SGR presionaba a los afianzados a vender los inmuebles hipotecados para pagar la deuda. El argumento utilizado era que esto evitaría un remate judicial que generaría costos y gastos adicionales.

La querella sostiene que, además de la venta forzada de los inmuebles hipotecados, el perjuicio causado a Los Mogotes asciende, al menos, a $258.476.288 por cobros artificiales en “comisiones” y “gastos”.

Los querellados

La acción legal ampliada está dirigida contra las 17 personas individualizadas en la acción original, entre ellos, Juan Sebastián Piñera Morel, hijo del ex presidente Sebastián Piñera. 

Como se describió en el artículo original publicado por Interferencia, Piñera Morel es socio de MásAval a través de BP Capital SpA, la que participa en Inversiones San Crescente, la que a su vez participa en MA Holding SpA, socia de la SGR.

Sin embargo, consultado al respecto, desde la oficina del empresario afirman que “Sebastián Piñera Morel no participaba de la empresa en cuestión en el periodo que hace referencia la querella”, y que “su salida de la sociedad MA Holding SPA y la venta de la totalidad de acciones por parte de Inversiones San Crescente sucedieron en marzo de 2018”.

Además de Piñera Morel, la querella también va contra los controladores de MásAval y MA Holding, Inversiones San Crescente y Gestora Kawésqar, cuyos socios son José Tomás Lavín Burgos, director legal de la auditora Deloitte; José Miguel Bulnes Valdés y Felipe Larraín Aninat, propietarios de Volcom; Bernardo Simián Soza, director suplente en Aguas Andinas; Franco Acchiardo Olivos, ex director de Cruzados SADP; Alejandro Poklepovic Zegers; Gonzalo Pizarro Brignardello; Lucas Marinovic Carrasco y Cristian Rodríguez Silva.