Todo Chile baila a los sones del mercado negro sin distinción de edad, sexo o situación económica. Unos son los mercaderes negros -algunas estimaciones aproximan su número a los treinta mil- y otros son los millones de chilenos que adquieren productos en esta feria ilegal que se pasea por calles y plazas o golpea las puertas de los hogares. Pero los 30 mil delincuentes económicos son aquellos que operan con cierto método o regularidad en gran o mediana escala. Varios miles de chilenos, en cambio, operan en el mercado negro de otra forma: desde estudiantes que revenden cajetilla de cigarrillos a sus vecinos, hasta pequeños criadores de pollos que expenden el producto a precio real (entre 120 y 180 escudos el kilo) y no oficial (33 escudos el kilo faenado). Y es mercado negro desde el mismo momento en que no se respeta el precio oficial y no se entrega la boleta correspondiente a la compra.

Dos hechos son innegables: 1) El mercado negro existe como nunca antes en Chile y lo reconocen todos los partidos políticos; 2) el mercado negro “despegó” durante el gobierno de Salvador Allende.

¿Por qué alcanzó ahora este auge? ¿Quién es el verdadero culpable? Las versiones varían según quien responda.

Julio Stuardo, secretario nacional de Distribución y Comercialización, nuevo organismo con oficinas en el edificio Gabriela Mistral creado por el presidente Allende para controlar a la Distribuidora Nacional (Dinac) después que el mismo Stuardo despidiera a veinte funcionarios que aceptaban pagos anexos a condición de ciertas preferencias, afirma que “el tradicional mercado negro donde operaban traficantes de drogas y buenas señoras que contrabandeaban en Arica se ha extendido ahora a otros productos”. Sobre la participación de obreros que obtienen altas cuotas en sus empresas y luego revenden una parte, Stuardo opina que la noticia carece de toda veracidad y que, por el contrario, “los trabajadores de los textiles en consideración a la nueva situación han comenzado a reconsiderar el derecho -establecido en convenios colectivos en años anteriores- a comprar una parte de la producción que variaba entre el cinco y el diez por ciento”.

Réplicas

Mientras la izquierda asegura que tras el mercado negro hay grandes cerebros que planifican la escasez de un determinado producto para luego lanzarlo con un violento sobreprecio a los ávidos consumidores, los partidos de oposición acusan que “la ineptitud del gobierno ha mermado la producción de artículos de primera necesidad con la consiguiente escasez y mercado negro”. Juan Enrique Vargas, abogado de Cenadi, la única distribuidora que no está en poder del Estado, envió hace algunas semanas una circular a todos los jefes del organismo, donde establece que: 1) Toda venta debe hacerse a comerciantes; 2) Queda prohibida la venta a empleados de la compañía; 3) Los feriantes deben ser atendidos con cuotas mínimas sólo en los rubros autorizados a comercializar.

En la búsqueda de las causas que originan el mercado negro, Ercilla quiso obtener en organismos estatales y privados cifras exactas de producción de algunos artículos de primera necesidad y cómo se distribuía ese total. Pero las pocas cifras obtenidas en un organismo (“Es mejor no meterse con cifras”, fue la disculpa de muchos entrevistados) se contradicen con las escasas obtenidas en otro. Así, por ejemplo, Julio Stuardo aseguró que Dinac (reúne a las cuatro distribuidoras por el Estado, excepto Codina) distribuye sólo el treinta por ciento de los abarrotes. Juan Enrique Vargas, por su parte, afirma que Cenadi (ex Codina) distribuye sólo el treinta por ciento en el mismo rubro. ¿Y el cuarenta por ciento restante dónde está? Según Vargas, es la estatal Dinac “la que adultera cifras”. Un ejemplo: Stuardo afirma repartir menos del cincuenta por ciento de los productos lácteos y Vargas asegura que es imposible sostener esa cifra si es Chiprodal la empresa que fabrica casi el 95 por ciento de los lácteos en Chile y la distribución pertenece a Agencias Graham o Dinac.

El caso de los textiles (hay que recurrir al mercado negro para adquirir crea para sábanas, gasa de pañales, céfiros, percales y todos los algodones de uso común) es el clásico: la Oficina Central de Distribución Textil (Ocendit), que supervigila la actuación de los interventores realizó un estudio de capacidad de máquinas y cantidad de personal en cada industria. De la cifra resultante de producción estimada, sólo un 25 por ciento es entregada a los confeccionistas de vestuarios y en porcentajes mínimo a las tiendas de género. ¿Dónde queda el 75 por ciento restante?

En otro frente, Stuardo sostiene que el reparto en camiones a poblaciones obreras y campamentos “es una medida de emergencia y alcanza sólo al uno por ciento del volumen total de productos”. Vargas replica que el reparto en camiones alcanza u volumen gigantesco (además los precios son increíbles: entre tres y nueve escudos las latas de atún, sardinas, arvejitas). Con la política Dinac de reparto en poblaciones se dan casos como el de la fábrica Nugget de betunes y ceras. Como en las casas modestas no se usa cera, Nugget está abarrotado de mercadería. Para sacarla de alguna manera comenzaron a incluirla en la canasta popular y los compradores alegan que no la necesitan”.

Difícil explicación

Para Julio Stuardo la razón que gestó el marcado negro es muy clara: “La producción aumentó notablemente en Chile estos dos últimos años (cerca del ocho por ciento), pero se desató una presión de demanda nunca vista.

Juan Enrique Vargas concuerda en la existencia de una fuerte presión, pero señala que ella no justifica la aparición del mercado negro. Bastaría entregar la producción -aunque escasa- a los canales establecidos de distribución a los consumidores: “Los comerciantes son fácilmente controlables y si el público exige su boleta se podría limitar el mercado negro. En todos los países en que se pretende manejar la producción insuficiente con una economía dirigida y con inspectores, se producirá inevitablemente el mercado negro”. La solución, a juicio de Vargas, está en la economía de mercado -planificada dentro de la oferta y la demanda- o la economía de paredón: “Pero sería más inteligente evitar el paredón y dar, en cambio, precios reales, seguridad para la inversión y disciplina laboral”.

Antonio Jadad, presidente de Sideco, opina que la solución reside en “darnos a nosotros acceso a la distribución. Propusimos revisar el registro de clientes en las empresas estatizadas para descubrir los casos de falsificación de registros de comerciantes. Pero hasta ahora no nos responden”.

El caso de los textiles (hay que recurrir al mercado negro para adquirir crea para sábanas, gasa de pañales, céfiros, percales y todos los algodones de uso común) es el clásico: la Oficina Central de Distribución Textil (Ocendit), que supervigila la actuación de los interventores realizó un estudio de capacidad de máquinas y cantidad de personal en cada industria. De la cifra resultante de producción estimada, sólo un 25 por ciento es entregada a los confeccionistas de vestuarios y en porcentajes mínimo a las tiendas de género. ¿Dónde queda el 75 por ciento restante?

El primer esquema de costos se envió el 22 de septiembre. Se insistió el 22 de noviembre y todavía no hay nuevos precios. La temporada agrícola ya terminó y la producción de este año será muy inferior a la normal. ¿Qué industrial se va a embarcar en compra de materia prima si no sabe a qué precio va a vender su producto?

Los confeccionistas plantean anónimamente sus quejas: deben pagar hasta diez escudos extras por metro de mezclilla a un intermediario del Ocendit, “el señor del porta documentos”, que asegura entregar los fondos extras “al partido”. Y comienza así la cadena del sobreprecio: el fabricante factura al comerciante a precio oficial y cobra bajo cuerda el extra que debió pagar al intermediario; el comerciante debe arriesgarse a vender con sobreprecio sabiendo que en algún momento llegará el tan temido inspector.

El mercado negro de aceite (sobre 50 escudos el litro), que tiene desesperadas a las dueñas de casa, porque no abundan quienes “comercien” este necesario producto, tiene sus días contados, según Julio Stuardo (Dinac distribuye el 70 por ciento de la producción). “El incendio de la fábrica en Temuco nos pilló desprevenidos y mermó la producción en un 50 por ciento. Pero muy luego se regulará”.

Las arvejitas en tarro (hasta 50 escudos la lata y 40 escudos si vienen mezcladas con papas y zanahorias) tienen historia aparte. Abelardo Silva, director de Arfaco (Asociación de Fabricantes de Conservas), explica que “el primer diálogo con Dirinco para solicitar un estudio de costos se realizó el 21 de agosto de 1972. El primer esquema de costos se envió el 22 de septiembre. Se insistió el 22 de noviembre y todavía no hay nuevos precios. La temporada agrícola ya terminó y la producción de este año será muy inferior a la normal. ¿Qué industrial se va a embarcar en compra de materia prima si no sabe a qué precio va a vender su producto? Calculamos que sólo habrá 180 mil cajas de arvejitas y las fábricas ya tienen compromisos con el Estado por idéntica cantidad. Los tarros se están entregando actualmente a Dinac, Centros de Madres, juntas de Auxilio Escolar y a la Gran Minería del Cobre. Sólo podemos entregarles a ellos, ya que pagarán después a nuevo precio. Pero al comercio detallista no podemos entregar hasta que haya nuevo precio”.

La batalla para combatir el mercado negro está recién comenzando. El gobierno lanzó una gran campaña solicitando la ayuda de los consumidores para que exijan precios oficiales y boleta; la oposición cree que las vías de escape de la producción hacia el mercado negro nacen en las mismas empresas estatizadas. Mientras millones de chilenos sufren los efectos devastadores del comercio ilícito de artículos de primera necesidad. La presión anímica que significa la búsqueda de contactos para obtener aceite, arroz o té aumentan con la comprobación de que sueldos y salarios parecen hacerse agua en la desesperada compra del pan de cada día.