El 20 de marzo de este año, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, firmó un contrato con la empresa canadiense Weatherhaven Global Resources Ltd, para la compra de cinco hospitales modulares por la suma de US$13.728.671 ( alrededor de 10.800 millones de pesos ), los cuales debían instalarse en Santiago (2), Concepción, Temuco y La Serena. 

En el trato se especifica que la fábrica de dichos hospitales modulares se encuentra en Lima, Perú, de tal forma que el Minsal se haría cargo de traer estos cinco hospitales a Chile e instalarlos en distintos puntos de nuestro país. Sin embargo, según consta en un documento de modificación de contrato con fecha 29 de abril, el Minsal tuvo problemas para la instalación del primer hospital modular, el cual se encuentra en el Hospital Sótero del Río. 

El ministerio arguyó “falta de experiencia” y la dificultad que ha significado la pandemia para poder internar al país los cuatro restantes hospitales modulares que se encontraban en Perú, reconociendo la falta de capacidad para llevar a cabo esa tarea a pesar de haber firmado un contrato de millones de dólares en el que se comprometían a hacerlo.

De esa forma, se pactaron otros US$1.258.316 (991 millones de pesos) para que Weatherhaven -la empresa canadiense- se hiciera cargo de internar los cuatro hospitales restantes desde Perú a Chile, y además los instalara una vez que se encontraran en territorio nacional. 

Esta segunda operación significa que la inversión pública total para el levantamiento de estos cinco hospitales llega a los US$14.986.987 (más de 11.800 millones de pesos), mientras que aún existe incertidumbre sobre cuándo entrarán en funcionamiento dos de los cinco hospitales. Esto a pesar de que en el primer contrato firmado por Zúñiga, se señala que estos hospitales debían ser entregados entre el 1 de abril y fines de junio.

De hecho, recién este sábado 18 de julio fueron entregadas “las partes que componen” el futuro hospital modular en Concepción, de forma que aún está pendiente su puesta en funcionamiento.

INTERFERENCIA informó sobre esto en un artículo, en el que además se informó que esta empresa tiene una investigación pendiente en la Fiscalía Anticorrupción de El Chacao en Perú. Además, el medio NYC del periodista Nicolás Yáñez, informó ampliamente en su cuenta de twitter lo relacionado con estos contratos.

Ahora bien, como Weatherhaven es una empresa con sede en Canadá, debió contar con un representante legal en territorio nacional para que realizara el negocio con el Minsal.

Esta representación fue proveída por un abogado del renombrado estudio jurídico "Vial Serrano", en particular, por parte del abogado José Miguel Olivares Padilla

Olivares Padilla es un antiguo militante de la UDI, el cual participó de la fundación de este partido en octubre de 1988, en compañía de Jaime Guzmán, Joaquín Lavin, Jovino Novoa, Pablo Longueira, entre otros. 

También, José Miguel Olivares Padilla es miembro del Tribunal Supremo de la UDI -principal órgano jurisdiccional interno de los gremialistas- desde el primer día en que la UDI se constituyó como partido, y continúa siéndolo hasta el día de hoy, totalizando una cantidad de 32 años ocupando ese cargo.

Este tribunal ha cobrado relevancia pública recientemente, debido a que en los próximos días deberá resolver la situación de dos diputados de la UDI -Cristhian Moreira y Pedro Álvarez Salamanca-, los cuales votaron a favor del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones a los trabajadores chilenos.

José Miguel Olivares Padilla, como parte de este Tribunal Supremo, tendrá parte de esta decisión en sus manos.

Weatherhaven es una empresa que se dedica a la confección de infraestructuras modulares, las cuales tienen objetivos principalmente militares. 

Esta empresa ha tenido tratos con el Ejército previamente, y ha participado en compras públicas con el Estado de Chile. Además, figura en el listado de proveedores del Ejército bajo el nombre de Weatherhaven Chile SA, lo cual fue aprobado por una resolución de agosto de 2013, aunque a la fecha figura como proveedor “no vigente”. Sin embargo, en el documento se puede observar que José Miguel Olivares Padilla. actuaba como representante de esta empresa. 

De esta forma, este alto militante de la UDI -partido de la coalición de Gobierno- ha sido intermediario entre el Gobierno y Weatherhaven en el negocio que involucra la compra de estos hospitales modulares.

Por otro lado, además de su cargo en el Tribunal Superior de la UDI, José Miguel Olivares Padilla es parte del directorio de Compañía de Seguros de Crédito Continental SA desde abril del año 2019, una compañía de seguros cuya propiedad corresponde a capitales chilenos y españoles. 

Una mala inversión

INTERFERENCIA se comunicó con el consultor en materia hospitalaria Sergio Teke, para conocer su opinión sobre la inversión que el Minsal realizó en estos cinco hospitales modulares. 

Según este consultor, se trata de una “mala inversión desde el primer minuto”. “Más allá del retraso en la llegada de estos hospitales, desde el inicio es una mala decisión porque es gastar alrededor de 13.7 millones de dólares en levantar carpas cuando eso es lo que cuesta un hospital”, dijo Teke. 

“Estás comprando cinco hospitales modulares de 1.500 metros cuadrados cada uno por un total de más de 13.700.000 dólares. Eso te da un valor de aproximadamente 2.200 millones de pesos por cada [hospital] modular, es decir, cerca de 51 UF (Unidades de Fomento) por metro cuadrado, lo cual es excesivo”, señala Teke.

Teke ha estudiado las licitaciones a través de las cuales se adjudican los contratos para la construcción de diversos hospitales a nivel nacional. En base a eso realiza una comparación.

“El Hospital Barros Luco, se adjudicó a 43 UF el metro cuadrado, el Hospital de Chillán se adjudicó a 46 UF el metro cuadrado. El Sótero del Río se adjudicó en 51 UF el metro cuadrado”, dice Teke para evidenciar que se trata de una inversión inadecuada.