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Viernes, 5 de marzo de 2021
Dependiente de Hacienda

Ministerio Público investiga a alto funcionario de Unidad de Análisis Financiero por eventual violación de secreto bancario

Camilo Solís

Denuncian que Max Montecino -jefe de la División de Inteligencia de la UAF- habría compartido ilegalmente información bancaria de clientes de Scotiabank con Álvaro Torrealba, entonces ejecutivo de ese banco. El director de la UAF, Javier Cruz, denunció estos hechos al Ministerio Público, cuya investigación se maneja en hermetismo. Un sumario interno de la UAF desestimó responsabilidad administrativa al respecto.

El 15 de abril de 2020, Javier Cruz Tamburrino, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) -servicio dependiente del ministerio de Hacienda- presentó una denuncia ante el Fiscal Nacional del Ministerio Público mediante correo electrónico, con el objetivo de que se investiguen “una serie de conductas contrarias a la probidad y vulneraciones al estricto secreto bancario”, eventualmente cometidas por Max Montecino Malky, jefe de la División de Inteligencia Financiera de la UAF. 

Dicha interpelación al Ministerio Público se dio a causa de una denuncia con reserva de identidad que ingresó a principios de 2020 ante la Contraloría General de la República, en la cual se señala que Max Montecino habría compartido de manera ilegal información bancaria confidencial con el entonces gerente de cumplimiento del banco Scotiabank, Álvaro Torrealba. 

Los hechos denunciados, tal como pudo averiguar INTERFERENCIA, dan cuenta de que Montecino habría solicitado información bancaria confidencial de clientes del banco Scotiabank -personas naturales y jurídicas- a Alvaro Torrealba, aprovechándose de una relación de cercanía entre ambos que se remonta al año 2016, cuando Torrealba había sido jefe de Max Montecino en la Superintendencia de Pensiones. Esto, sin mediar ninguna de las estrictas causales por las cuales los bancos deben entregar estas informaciones. 

Para comprender mejor la denuncia, cabe mencionar que la Unidad de Análisis Financiero fue creada por la ley 19.913 de 2003, como un servicio dependiente del Ministerio de Hacienda cuyo objetivo principal es “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero (...) para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”. 

Mediante el mandato que le entrega esta ley, la UAF puede acceder a información bancaria confidencial de particulares, siempre y cuando un banco regulado haya detectado previamente algún tipo de actividad sospechosa, la que se materializa en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), elaborado por ese banco. 

“Si una persona que percibe regularmente ingresos por $500 mil mensuales, de pronto tiene un ingreso por $100 millones, es algo sospechoso y el banco puede recabar información al respecto. Luego hace un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), el cual se le envía a la UAF para que pida más información al banco, o lo derive directamente al Ministerio Público para que investigue el caso”, señala una fuente enterada en la materia. 

El artículo 2° de la ley 19.913, la cual dio origen a la UAF, señala expresamente que será atribución de esta Unidad solicitar información a todas las personas naturales y jurídicas obligadas por esta ley “con ocasión de la revisión de una operación sospechosa previamente reportada a la Unidad”. Es decir, la UAF solo solicitará información cuando desde los bancos se haya detectado una operación sospechosa y no antes. 

Además de esto, la ley dice que en caso de que los antecedentes estén afectos a secreto o reserva, como es el caso de información relativa a cuentas bancarias particulares, la solicitud “deberá ser autorizada previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones, quien resolverá, sin audiencia ni intervención de terceros dentro del plazo de tres días contado desde la presentación de la misma”. 

Los hechos denunciados en contra de Max Montecino en la UAF, se refieren a que este funcionario habría pedido información confidencial bancaria a Álvaro Torrealba de manera directa, sin realizar las gestiones descritas anteriormente. 

La información habría sido proporcionada por el propio Torrealba, quien era gerente de cumplimiento de Scotiabank, directamente a Montecino a través de un Reporte de Operación Sospechosa, lo que en este orden de cosas permitiría al funcionario de la UAF acceder a información bancaria confidencial de manera discrecional.

Fuentes que los conocen a ambos y que han mantenido su identidad en reserva por temor a represalias, señalan a nuestro medio que este tipo de prácticas y conductas han sido naturalizadas por Montecino en el ejercicio de su trabajo en la UAF.

Otras fuentes que se han desempeñado en Hacienda y que conocen el rol y funcionamiento de la UAF, señalaron a INTERFERENCIA que en caso de verificarse estas conductas no solo se trata de una situación irregular y eventualmente ilegal, sino que también da cuenta de un gran conflicto de intereses.

Esto debido a que la UAF también tiene un rol fiscalizador respecto de los “sujetos obligados” por este servicio -entre los que se cuentan los bancos y otras entidades financieras- de manera que este vínculo entre un funcionario de la UAF y de un banco en particular por el otro lado -saltándose los canales regulares- “podría dar cuenta de una ventaja de este banco frente a los otros regulados que no tienen este tipo de nexos”, señaló esta fuente. 

Redes

Además de esto, la denuncia señala que estos hechos se dan en el contexto de una eventual red de protección al interior de la Unidad de Análisis Financiero, debido a que muchos de los funcionarios que allí se desempeñan -incluído Montecino- han trabajado previamente en la Superintendencia de Pensiones cuando era encabezada por la ingeniera comercial Tamara Agnic.

Agnic había sido directora de la UAF entre el año 2009 y el 2013, luego de lo cual pasó a encabezar la Superintendencia de Pensiones entre los años 2014 y 2016, cuando puso su cargo a disposición debido al escándalo de la fusión entre Cuprum y la "AFP de papel" Argentum

Max Montecino Malky trabajó en la Superintendencia de Pensiones entre 2011 y 2017, luego de lo cual migró a la UAF para ser el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad.. En la Superintendencia de Pensiones, Agnic también coincidió con el abogado Rodrigo Márquez Doren, el cual llegó a la UAF en 2018 para desempeñarse como jefe de la División Jurídica, cargo que dejó a principios de 2020. Además está el caso del abogado Tomás Koch Schultz, el cual trabajó como encargado de Asuntos Internacionales de la UAF entre 2012 y 2014, con Agnic al mando. Una vez Agnic se fue a la Super de Pensiones, Koch salió de la UAF para asumir como jefe de gabinete de esa superintendencia. Posteriormente, cuando Agnic salió del cargo en la Superintendencia de Pensiones, Koch regresó a la UAF para desempeñarse como jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, cargo que ocupa hasta hoy. 

Álvaro Torrealba, quien figura en la denuncia como aquel que habría compartido con Montecino información bancaria confidencial, también estuvo en la UAF entre 2008 y 2015, luego de lo cual, emigró también la Superintendencia de Pensiones mientras Agnic se encontraba en el cargo, lugar donde coincidió con Max Montecino. Luego de eso, Torrealba no volvió a la UAF, sino que migró al mundo privado para trabajar en el banco BBVA desde 2016, el cual luego se fusionó con Scotiabank. Allí trabajó hasta abril de 2020, cuando renunció para irse al Banco Bice, donde se desempeña hasta la actualidad.

¿Qué dicen las instituciones? 

INTERFERENCIA se comunicó con el banco Scotiabank, para consultarles si estaban al tanto de esta denuncia y de los hechos que la constituyen. Además, para conocer hasta qué punto estuvo en riesgo o exposición la información bancaria de sus clientes. 

También fueron consultados sobre el ex funcionario de Scotiabank, Álvaro Torrealba, y su salida en abril de 2020 de ese banco, el mismo mes en que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Hoy Torrealba trabaja en el banco Bice, cumpliendo un rol similar al que desempeñó en el Scotiabank. 

Desde esa entidad financiera señalaron que Torrealba dejó de trabajar en Scotiabank en abril de 2020 por renuncia voluntaria. Sobre la denuncia dijeron que “el Banco, hasta ahora, no tiene antecedentes de que en los hechos objeto de la denuncia se hubiese producido intercambio de información de sus clientes”. 

INTERFERENCIA conversó con el área de comunicaciones de la Unidad de Análisis Financiero, para realizar las consultas del caso, desde donde se mencionó que estos hechos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el director de ese servicio, Javier Cruz, debido a la obligación que tiene de denunciar cualquier hecho que pueda constituir delito al interior de la Unidad. 

Además, este organismo hizo hincapié en que los hechos denunciados motivaron un sumario interno que finalizó en octubre del 2020, el cual no consiguió acreditar la certeza de los hechos denunciados, de manera que no encontró responsabilidades administrativas relacionadas con la denuncia, lo cual cuenta con toma de razón por parte de Contraloría. "Como resultado de la investigación sumaria interna, no se detectó ninguna acción irregular o ilegal que fuese contraria a los procedimientos de obtención y uso de información por parte de la UAF, por lo que se descartó dicha acusación", señaló Javier Cruz, director de la UAF.

Este director además desestimó que se dieran estos intercambios irregulares de información, y quiso enfatizar que “la UAF es muy estricta en el cumplimiento de la ley, la que indica que solo se entrega información al Ministerio Público. La UAF no comparte, ni ha compartido, ningún tipo de información de inteligencia con ninguna otra institución del Estado”.

Nuestro medio también intentó comunicarse con el propio Max Montecino a través del mismo canal, sin embargo hasta el cierre de esta edición no habíamos podido tomar contacto con él.

Si bien esta investigación interna no consiguió encontrar responsabilidades administrativas relacionadas con Montecino, la denuncia se encuentra radicada en el Ministerio Público, al que le compete investigar para decidir si perseguir penalmente a eventuales responsables por los hechos denunciados. 

INTERFERENCIA se comunicó con el Ministerio Público, desde donde se nos indicó que tal denuncia se encuentra radicada en la Fiscalía Centro Norte. A esta fiscalía se dirigieron las consultas en orden a conseguir información sobre la etapa en que se encuentran dichas investigaciones, si se han realizado avances o diligencias, entre otros detalles. 

Sin embargo, desde esa Fiscalía se mencionó que no es posible dar ninguna información sobre este caso en particular, manteniendo los detalles en completo hermetismo. 

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