Luego de una breve introducción a la estructura gubernamental y policial chilena, el resumen ejecutivo del informe anual sobre prácticas de derechos humanos en Chile de Estados Unidos establece una certeza: “Miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos”. (Revise acá el informe 2020 de EE. UU. sobre derechos humanos en Chile).

“Los significativos problemas en materia de derechos humanos incluyeron reportes de asesinatos arbitrarios o ilegales; tortura por parte de agentes del orden; violencia hacia personas indígena; y violencia hacia personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros e intersex”, se detalla en el documento

Aquella oración no estuvo presente en el informe del año anterior, emanado de la administración del expresidente Donald Trump. Durante su último año a la cabeza del gobierno estadounidense, el resumen ejecutivo del reporte no habló de estas realidades. (Revise acá el informe 2019 de EE. UU. sobre derechos humanos en Chile). 

Dos párrafos más abajo, el primer reporte sobre derechos humanos durante el gobierno de Joe Biden da luces de lo que fueron aquellos abusos.

“Los significativos problemas en materia de derechos humanos incluyeron reportes de asesinatos arbitrarios o ilegales; tortura por parte de agentes del orden; violencia hacia personas indígena; y violencia hacia personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros e intersex”, se detalla en el documento; algo que también fue descrito en la versión del 2019, de la misma forma.

Inmediatamente después de esto se nota una nueva diferencia. El reporte del 2020 asegura que “el gobierno dio pasos hacia identificar, investigar, perseguir y castigar a los oficiales que cometieron estos abusos a los derechos humanos”. Mientras que en el último informe se habla de abusos, en el reporte del 2019 se describe a estos hechos como “presuntos abusos”.

El informe sobre prácticas de derechos humanos en Chile de Estados Unidos, versión 2020

Desde 1976, el Departamento de Estado de Estados Unidos –la entidad responsable de la política exterior de aquel país– elabora anualmente informes sobre la situación en materia de derechos humanos de “todos los países que reciben asistencia y todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”; el cual es presentado ante el Congreso estadounidense.

“A pesar de que la constitución y la ley prohíben estas prácticas, existieron reportes de uso excesivo de la fuerza, abuso y tratamiento degradante desde oficiales de las fuerzas del orden”, indica el reporte en el punto C. Tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

En el escrito se cubren derechos reconocidos internacionalmente en materias individuales, civiles, políticas y laborales, ciñéndose a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En su versión enfocada a la situación chilena en la materia, el gobierno estadounidense describió varias situaciones constitutivas de violaciones a los derechos humanos.

“A pesar de que la constitución y la ley prohíben estas prácticas, existieron reportes de uso excesivo de la fuerza, abuso y tratamiento degradante desde oficiales de las fuerzas del orden”, indica el reporte en el punto C. Tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. El párrafo continúa relatando una situación ampliamente difundida por medios nacionales: “Desde que protestas generalizadas y disturbios civiles comenzaron en 2019 y continuaron durante enero y febrero del año siguiente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó cerca de 2.500 acusaciones criminales hacia funcionarios del orden que supuestamente cometieron actos de tortura o tratamiento cruel”.

El informe asevera que la Fiscalía Nacional recibió más de 8.800 alegatos de abuso perpetrado por fuerzas de seguridad entre el 18 de octubre del 2019 y el 31 de marzo de 2020. De estos, según detalla el Departamento de Estado, “más de 1.000 alegatos relataban abusos de menores y cerca de 400 correspondían a violencia sexual”.

El informe, también, indica que no existen “reportes de prisioneros políticos o detenidos”.

El reporte continúa dando luces, a través de estadísticas, de la eficacia del sistema judicial chileno durante el levantamiento de octubre. “Desde octubre [del 2020], la oficina del Fiscal Nacional reportaba que 4.681 investigaciones seguían abiertas; que habían acusado formalmente a 75 miembros de las fuerzas de seguridad y que habían solicitado audiencias para acusar a 22 más”. El párrafo lo cierra otra certeza: “de los acusados, un caso resultó en condena para el mes de octubre”.

Dentro del reporte también se relata la sensación de impunidad presente en entidades nacionales. “Grupos de Derechos Humanos reportaron que la impunidad es un problema dentro de las fuerzas de seguridad, especialmente en Carabineros. El INDH, la Policía de Investigaciones y los Fiscales investigaron varios de los abusos cometidos y presentaron cargos criminales, pero el cierre de las cortes y retrasos provocados por la pandemia del Covid-19 frenaron las investigaciones”, se describe.

Además, se indica que, en materia de impunidad, “la lentitud y el reducido número de enjuiciamientos en relación al número de acusaciones emanadas del malestar social crearon una percepción de que aquellos acusados de abusos no se enfrentaron a una rendición de cuentas efectiva”.

A su vez y en el mismo párrafo, el gobierno estadounidense destaca el incremento en entrenamiento para técnicas de control de multitudes y derechos humanos.

El informe, también, indica que no existen “reportes de prisioneros políticos o detenidos”.