En las vísperas de las elecciones presidenciales en Chile, fijadas para el 16 de noviembre de 2025, se abre un escenario que supera lo meramente electoral y entra en el territorio de la geopolítica de la inteligencia. Con múltiples candidaturas en juego, coaliciones que se reconfiguran y un electorado más volátil que nunca, diversos gobiernos extranjeros —y con ellos sus servicios de inteligencia— observan atentos este proceso, porque sus intereses estratégicos no se limitan a Chile como país aislado.

La renovación presidencial importa para el alineamiento regional: alianzas económicas, decisiones sobre litio, ciberseguridad, flujos de capital y diplomacia con potencias emergentes. Los aparatos de inteligencia saben que influir, aunque sea de modo sutil, puede rendir dividendos a mediano plazo.

En este contexto, un país europeo que depende del cobre chileno puede tener interés en que el próximo gobierno asegure estabilidad en esa industria. Un servicio de inteligencia vinculado a ese Estado puede desplegar mecanismos de recolección de información —ya sea mediante espionaje económico o penetración digital— para prever qué candidato priorizará la minería frente a las energías renovables.

En muchos países se mantiene como un gran secreto el hecho que los sistemas computacionales electorales reciban millones de ataques, durante las elecciones presidenciales, de parte de hackers y servicios de inteligencia, todos intentando intervenir e influir en quién será el próximo presidente. 

En el ámbito del espionaje digital, Chile no es una excepción. Los candidatos y partidos manejan grandes volúmenes de datos de electores y tecnologías de microsegmentación. Un servicio extranjero con sofisticación puede intervenir mediante malware, phishing o manipulación de redes sociales para alterar percepciones públicas. Además, un servicio de inteligencia avanzado puede buscar infiltrar campañas políticas, manipular redes sociales o favorecer la difusión de líneas favorables a sus intereses.

Los servicios de inteligencia externos actúan por múltiples rutas: financiamiento indirecto a think-tanks o medios de comunicación, ciber-operaciones para difundir narrativas favorables o desestabilizar candidaturas adversas, o incluso aprovechar redes diplomáticas para acceder a datos internos.

Si un candidato se muestra proclive a restringir la inversión extranjera en tecnología crítica, un servicio externo podría lanzar campañas de desinformación para socavar su figura. Mientras tanto, otro candidato con una agenda más abierta podría recibir apoyo indirecto o mediático.

El próximo presidente o presidenta deberá enfrentar no sólo los desafíos domésticos —economía, desigualdad, seguridad— sino también decisiones con peso internacional: de qué lado quedar, con qué bloques integrarse y cómo manejar alianzas con potencias. Detrás de esos hilos, los servicios de inteligencia ajenos se anticipan y planifican.

Una forma de influencia puede ser silenciosa: contacto con asesores de campaña, provisión de datos de votantes, apoyo logístico, intercambio de “mejores prácticas” en redes. Otra, más agresiva, se da a través de ciberataques, bots, manipulación mediática o filtraciones calculadas.

Desde la narrativa pública, Chile vive una polarización marcada entre bloques de izquierda y derecha. Esa tensión es terreno fértil para operaciones de inteligencia que buscan amplificar el conflicto, reducir el espacio de moderación y asegurar resultados que favorezcan sus intereses. 

Los intereses del mundo en Chile 

Estados Unidos busca garantizar estabilidad y continuidad política favorables a la inversión, especialmente en minería, energía y cooperación en seguridad. Su estrategia combina diplomacia, programas de apoyo institucional y vigilancia digital bajo el discurso de “defensa de la democracia”.  Un factor clave es Trump, que busca que su política conservadora se expanda en la región, pero no gusta de los candidatos de ultraderecha chilenos que dicen admirarlo pero que en voz baja son pro-China y anti israelitas.

China, en cambio, apuesta por preservar sus intereses comerciales y tecnológicos. Al mejor estilo comunista, usan las técnicas de sobornar y chantajear a políticos, policías y militares chilenos que son grabados con prostitutas (mujeres y hombres) en los hoteles de lujo de Santiago. Su interés es el litio, puertos y el sector energético. A través de cámaras empresariales y foros académicos impulsa una narrativa de “asociación estratégica”. Durante el gobierno de Sebastián Piñera hicieron nexos con universidades para instalar equipos de espionaje y así observar y sabotear satelites de otros países. Los decanos chilenos felices se fotografiaban con los “académicos” chinos a cambio de millones de dólares en “ayuda tecnológica para los estudiantes”. Sin embargo, para el Partido Comunista Chino se trató de una exitosa y secreta operación de inteligencia. 

Rusia, con menor peso económico, se concentra en el plano informativo. Han podido “invertir” en medios de comunicación chilenos y así promover su propaganda. La intervención rusa no busca imponer candidatos, sino alterar el clima mediático: amplifica desconfianza, difunde teorías de complot y fomenta divisiones. Este ruido beneficia su narrativa global contra Occidente y le otorga presencia en la conversación política chilena sin una inversión material significativa. 

La Unión Europea actúa mediante la presión normativa y diplomática, defendiendo estándares medioambientales y de gobernanza que afectan directamente al futuro del litio y a las relaciones comerciales. Europa no impone candidatos, pero sí condiciones: exige que Chile mantenga estabilidad institucional y políticas alineadas con la transición verde y los tratados multilaterales.

En la región, Brasil, Argentina y Perú leen la elección chilena como un termómetro económico y migratorio. Brasil observa la agenda energética y medioambiental; Argentina teme desajustes fronterizos; y Perú, efectos sobre su comercio. Cada uno moviliza discretamente consultores y reportes de riesgo que, sin intervenir abiertamente, moldean percepciones e inversiones previas al resultado.

Los intereses de Israel, es mejorar las relaciones con Chile, vender sus productos militares, y controlar las acciones de algunos millonarios Palestinos que aparentan ser prestigiosos empresarios y banqueros pero que, en realidad, mientras desayunan en las terrazas de un mall de lujo de Santiago, coordinan la ayuda económica a grupos terroristas iraníes, sirios y palestinos. 

Todas estas potencias no buscan elegir al próximo presidente chileno, sino asegurar que, gane quien gane, sus inversiones, contratos y narrativas estratégicas sigan protegidos dentro del nuevo orden que emergerá después del 16 de noviembre.

Chile no sabe cómo protegerse, y menos en sus elecciones presidenciales, de sus homólogos en el mundo. No blindan a su país ante las intervenciones y operaciones internacionales en su contra. Lamentablemente, la inteligencia chilena siempre ha estado reducida a un iletrado analista que trabaja en un subterráneo leyendo periódicos y que ahora hace informes con inteligencia artificial que nadie lee.

Ya que los chilenos orgullosamente se autodenominan los ingleses de Latinoamérica, quizás su seguridad e inteligencia no debieran estar en manos de agentes como Johnny English, personaje de la cómica película de Mr. Bean, sino más bien de alguien como Alan Turing.