Israel y sus aliados denunciaron la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de dictar ayer jueves una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras la Unión Europea, Turquía, Colombia, Jordania y Sudáfrica junto a grupos de derechos humanos han sido los primeros en reaccionar públicamente en favor de la medida

Lo anterior, a partir de que la CPI emitiera una orden de arresto contra Netanyahu, por su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

A través de un comunicado, la Corte indicó que tanto Netanyahu como su exministro de Defensa, Yoav Gallant, “privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024”.

“Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación”, añadió el tribunal internacional.

Además, la Corte también dictó una orden de detención contra Mohammed Deif, el jefe militar de Hamás, grupo considerado terrorista por la UE y otros países.

La decisión de la CPI es inédita: nunca antes el alto tribunal internacional había ordenado la detención del jefe de Gobierno de un país democrático y aliado de Estados Unidos. De esa forma, pone a Netanyahu al nivel del presidente ruso Vladímir Putin, contra quien pesa también una orden de arresto por crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania. Anteriormente, la Corte emitió órdenes internacionales de arresto contra el presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir o el libio Muamar el Gadafi.

Cabe recordar que la CPI es un tribunal internacional independiente que investiga y juzga a individuos acusados de crímenes graves como: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Así, Netanyahu está perseguido internacionalmente por presuntos delitos de enorme gravedad: el uso del hambre como arma de guerra contra los habitantes de Gaza (crimen de guerra) y crímenes contra la humanidad por presuntamente ordenar asesinatos deliberados de población civil, por la persecución por cuestiones de nacionalidad a los palestinos y por otros “actos inhumanos”. La Haya lista hechos como las amputaciones a niños pequeños sin anestesia por el bloqueo de la ayuda humanitaria y material médico de Israel hacia Gaza, entre otras atrocidades.

La decisión de la CPI es inédita: nunca antes el alto tribunal internacional había ordenado la detención del jefe de Gobierno de un país democrático y aliado de Estados Unidos. De esa forma, pone a Netanyahu al nivel del presidente ruso Vladímir Putin, contra quien pesa también una orden de arresto por crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania. 

Anteriormente, la Corte emitió órdenes internacionales de arresto contra el presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir o el libio Muamar el Gadafi.

A partir de la medida, las reacciones no se hicieron esperar, en especial desde suelo estadounidense: “Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes”, dijo a EFE un portavoz de la Casa Blanca, que explicó que Washington se está coordinando con sus aliados, incluido Israel, sobre los “próximos pasos” a tomar.

El portavoz señaló que Estados Unidos está “profundamente preocupado” por la “precipitación” de la Fiscalía de la CPI, liderada por Karim Khan, para solicitar las órdenes de arresto, así como por los “errores procesales problemáticos que han llevado a esta decisión”.

“Estados Unidos ha dejado claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto”, subrayó el portavoz.

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró este jueves que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) debe ser "respetada y aplicada", y remarcó que se trata de la decisión de un tribunal y no una decisión política.

"No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de Justicia, y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada", dijo Borrell preguntado por la decisión de la CPI en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en Amán.

El mundo entra ahora en terreno diplomático desconocido. El todavía jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha instado a los países de la UE a que ejecuten la orden porque “es vinculante”. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha asegurado que su país cumplirá las decisiones de la CPI porque “es importante que todo el mundo respete la legislación internacional”, informa Reuters.

Holanda ha advertido de que “no establecerá contactos no esenciales” con el Gobierno israelí y “actuará de acuerdo con las órdenes de arresto”. Suiza ya ha confirmado que lo arrestará si entra en su territorio. Francia actuará “de acuerdo con los estatutos de la Corte Penal Internacional”, aunque el Ministerio de Exteriores no ha querido concretar si le detendrían, porque se trata de un “asunto legal complejo”. El primer ministro irlandés, Simon Harris, ha pedido a todos aquellos que puedan ayudar a la Corte a llevar a cabo su trabajo esencial que la apoyen “de forma urgente”. 

Los matices han venido de países como Italia, que respeta y “apoya a la CPI”, pero pide que “desempeñe un papel legal y no político”. Austria ha criticado la decisión de La Haya, si bien recuerda que es firmante del Estatuto de Roma y está obligada a implementar las órdenes de arresto. Todos podrían negarse a hacerlo, como fue el caso reciente de Mongolia con Putin o en el pasado de Sudáfrica con al-Bashir, pero sería de difícil justificación en democracias avanzadas.