Corte Penal Internacional
Amos Goldberg, historiador y académico israelí, publicó una carta en abril donde asegura que a esa altura de las operaciones de su país en Gaza se estaba cometiendo un genocidio en contra del pueblo palestino. En octubre, en una crítica entrevista con Le Monde, ratificó sus dichos: “Lo que pasa en Gaza es genocidio, porque Gaza ya no existe”.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, su exministro de Defensa y un comandante de Hamás. Estados Unidos rechazó la medida y anunció que coordina con sus aliados, incluido Israel, los "próximos pasos" a tomar, mientras la comunidad internacional advierte los alcances de la decisión.
El ex jefe del Mossad, Y. Cohen, le habría dicho a la fiscal F. Bensouda “deberías ayudarnos [...] no quieres meterte en cosas que podrían comprometer tu seguridad o la de tu familia”. Esto mientras la CPI se debatía si iniciar una investigación en contra de Israel por crímenes de guerra, cuestión que finalmente ocurrió la semana pasada.
Formó parte del panel que definió legalmente el ‘ecocidio’ en busca de que sea incluido como el quinto crimen internacional, proceso que espera sea expedito. En entrevista con INTERFERENCIA, el también director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón discutió sobre plazos, motivaciones e impactos de la iniciativa.
La fundación Stop Ecocide comisionó a 12 abogados de reconocida trayectoria en crímenes internacionales para lograr que el ecocidio – ilícitos cometidos en conocimiento de que existe probabilidad de dañar gravemente el ecosistema – sea reconocido en el Estatuto de Roma como el quinto crimen internacional.
El martes pasado el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.
