Mariana solicitó dinero a un prestamista en la comuna de Las Condes que operaba a través de una aplicación alojada en la Play Store de Google, pagadero a 30 con un alto interés, pero a poco andar no pudo cumplir con su obligación comercial.

Su situación económica y de salud empeoró con el paso de los días, pero de seguro jamás pensó que el cobro la tendría al borde del peligro. Tampoco su marido, quien hizo lo propio al mismo prestamista.

La primera advertencia llegó a su Whatsapp y correo electrónico; luego continuos llamados telefónicos, donde las advertencias no dejaban lugar a interpretaciones: o pagaba o la asesinarían.

Faltaban algunas semanas para que finalizara 2023, cuando pasadas las 17.00 en las afueras de su casa apareció un vehículo Suzuki con tres personas en su interior. Según la víctima al Ministerio Público Oriente, se trataba de dos hombres y una mujer. Esta última -”de aspecto extranjero”- caminó por la calle sin quitar la vista de la residencia de Mariana, mientras los sujetos esperaban en el carro. 

Los hechos llegaron a oídos de la casa comunal que a través de área de su programa “Defensoría Pro Víctimas”, interpuso una querella por el delito de amenazas en el Cuarto Tribunal de Garantía, que quedó incoada en el Ministerio Público oriente a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda.

Con obvia preocupación, llamó a seguridad ciudadana de la Municipalidad de Las Condes. Cuando los guardias llegaron,  no huyeron. Lentamente retrocedieron y se condujeron hacia la camioneta municipal.

El sospechoso que sostenía el volante, lejos de estar preocupado, se detuvo y conversó amablemente con el guardia y le consultó que si buscaba un Suzuki blanco, se había retirado del lugar y que no se preocupara.

En ese instante Mariana salió de su casa y atemorizada le indicó al funcionario que el auto era precisamente donde viajaban los sospechosos. La patente fue consultada, pero la base de datos de tránsito arrojó que el propietario es un banco de la plaza.

Lejos de sentirse amedrentados los “cobradores” regresaron una hora más tarde, volvieron a observar la casa donde reside la víctima y se retiraron del lugar.

“(...) te habla el motorizado de la financiera Credivida del Tren de Aragua. Mi jefe me envió a cobrarte el billete maldita. Pagas o cuando te encuentre será peor. Se te acaba el (...) te metiste con la mafia (...) te vamos a encontrar y quebrar a punta de plomo maldita, el tiempo se te acaba conchatumadre”.

“(Te vas a poner a llorar sangre cuando llegue credivida no perdona. piensas que no sé donde está toda tu familia (piensas que regalo dinero cuando aceptan el dinero cuando entran a la aplicación (...) con tu cédula saco a toda tu familia”.

Fantasma

La empresa detrás de los préstamos está constituida en Santiago y cuenta con inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y cuyo dueño sería un abogado chileno. Esta misma sociedad operaría también con otros nombres: “Tiempo”, “Dinero ya”, “CH Buro”, “Vicucash”, “Soleweaka”, y “Chekera”.

Fuentes de la PDI indicaron que casos de este tipo han ido en aumento, pero que aún no superan al llamado “préstamos gota a gota” que manejan criminales colombianos.

Sin embargo, según fuentes del caso, la sociedad podría ser usada como pantalla y así evitar que los verdaderos responsables sean detectados.

Los hechos llegaron a oídos de la casa comunal que a través de área de su programa “Defensoría Pro Víctimas”, interpuso una querella por el delito de amenazas en el Cuarto Tribunal de Garantía, que quedó incoada en el Ministerio Público oriente a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda.

Fuentes de la PDI indicaron que casos de este tipo han ido en aumento, pero que aún no superan al llamado “préstamos gota a gota” que manejan criminales colombianos.

Otra forma que utiliza la mafia indagada por la fiscalía opera así: el deudor paga la acreencia a un rut para extranjeros y este último continúa con las amenazas y fotografías trucadas donde la víctima aparece ofreciendo servicios sexuales o en situaciones deleznables.

Para verificar por qué ocurría la situación, pese a que el dinero aparecía descontado, el afectado recurrió a su banco, donde le confirmaron que todo estaba en regla, de acuerdo a documentos a los que accedió este medio.

Lea la querella de la comuna de Las Condes haciendo clic aquí.