Si bien cuando la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a este primer paro general la intención era que cayera el megadecreto, las circunstancias cambiaron e hicieron que el objetivo de este paro fuera que el Congreso rechazara la ley ómnibus. Y para eso, la marcha que acompaña al paro debía ser grande: el piso que los organizadores estimaban era de 400 mil personas. Pero a esta hora (pasado el mediodía), por esas callecitas de Buenos Aires, todo indica que esa cifra se superará, porque sobre Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio se ve mucha gente. Literalmente no se puede entrar por Avenida de Mayo, que une a La Rosada con el edificio del Congreso. No es una marcha de trabajadores solamente, es una marcha de aquellos que entendieron bien el mensaje de la CGT: contra la ley ómnibus.
El epicentro de la manifestación acontece en la Plaza del Congreso, que es donde termina Avenida de Mayo, y el grito que predomina es “La patria no se vende”. Y es que la ley ómnibus, que el martes a la noche obtuvo aprobación en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, ha sido bautizada como una ley que permitía la privatización de la Argentina, más específicamente la enajenación de 41 empresas públicas: Aerolíneas Argentinas, YPF, Banco Nación, los medios públicos, etcétera. Sin embargo, el lunes pasado el gobierno modificó la ley quitando del listado a YPF, una empresa que es sociedad anónima, que cotiza en bolsa y que es estratégica para el país, y poniendo condiciones para la enajenación de las demás empresas del Estado, entre ellas que sea aprobada por la comisión bicameral del Congreso. Esta semana o la próxima la ley deberá aprobarse o rechazarse en sesión, que podría ser el primer revés para Javier Milei. Sin embargo, la habilidad legislativa no está siendo el punto fuerte del gobierno.
Cuando la noche del martes el Ejecutivo intentaba conseguir la aprobación del dictamen de la ley ómnibus, se llegó al ridículo de que la “oposición dialoguista” firmó un documento en blanco, confiando en las negociaciones verbales que había sostenido con el Ejecutivo. Hoy se supo que llegaron a los despachos de los partidos “dialoguistas” dos dictámenes, con contenidos diferentes. Esto sólo puede suceder porque ni el gobierno sabe, a esta altura, cuál es la versión de la ley ómnibus que vale. Y esto habla de la improvisación, descuido y displicencia con la que el gobierno se ha manejado en el Congreso.
Después de la marcha que, según los organizadores convocó en todo el país a 1,5 millón de personas, y después de que el gobierno postergara para el próximo martes 30 de enero el tratamiento de la ley ómnibus, el bloque de senadores peronistas solicitó a la presidencia del senado que el megadecreto se tratara en sesión especial el jueves 1 de febrero, ya que se había vencido el plazo para dictaminar en la comisión bicameral. Esto indica que el gobierno estaba con toda la cabeza puesta en una sola cosa. Por eso próxima semana será la semana decisiva, ya que, de acuerdo a reglamento, el senado deberá tratar el megadecreto y diputados la ley ómnibus. Si con una ley el gobierno parecía sobrepasado nadie sabe qué podría pasar con dos tratamientos de leyes relevantes.
Aunque cueste creerlo, el gobierno mantiene en el parlamento una posición poco dialoguista, o al menos eso trasciende de La Rosada, que se ha cansado de advertir que, de no aprobarse la ley ómnibus, el ajuste será mucho peor para las provincias. Hoy miércoles, en su cuenta X el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, ante el éxito de la marcha y paro de la CGT, señaló: “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos (de la ley ómnibus) es rechazado”. Si bien luego advertía que no se trataba de una amenaza, lo es, porque como Argentina es un país federal las provincias tienen diputados y senadores que las representan. Aunque en estricto rigor el senado es más representativo.
Sin embargo, los gobernadores ya intercedieron en la aprobación del dictamen en el plenario de comisiones de Diputados y no se ve de qué manera podrían hacer ganar una votación. Por otra parte, la actitud del ministro sólo demuestra el enojo con que el gobierno siempre ha respondido a alguna frustración, que por lo general es producto de una debilidad o incapacidad del propio equipo de gobierno o parlamentario.
Lo interesante de la marcha de la CGT es que el gobierno no va a tener tiempo de digerirla, porque tiene el escenario montado para la próxima semana. De nada le servirá desacreditar las 600 mil personas que llegaron hasta la Plaza del Congreso con calor, con desaliento y con amedrentamiento de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien además minimizó el número de los manifestantes. De nada tampoco le servirá al gobierno ahondar en la pelea que estaba teniendo con la CGT, por más que el secretario general de la central sindical Héctor Daer haya dicho en pleno acto que “a nosotros nos enviaron a defender los derechos de los trabajadores. Una cosa es andar en una camioneta con una motosierra, y otra es gobernar”; y por más que Pablo Moyano, otro dirigente de la CGT (hijo del histórico Hugo Moyano), haya señalado en alusión al ministro de Economía que “yo le digo al Presidente ante miles de compañeros que, si lleva esas medidas de ajuste, de hambre los trabajadores, los jubilados y los más humildes, lo van a llevan en andas, pero para tirarlo al Riachuelo”.
En sus distintas variantes, hay un punto de la ley ómnibus que el gobierno ha sido majadero en mantener y ese punto va en perjuicio de los jubilados. El traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional es algo que no se ha modificado. Para entender mejor, el FGS es un fondo soberano de inversión compuesto por diversos tipos de activos financieros, es parte del Sistema Integrado Previsional Argentino y está avaluado en miles de millones de dólares, porque es parte de la estatización de las AFJP. Digamos que ahí está el dinero de los futuros jubilados. Y el otro elemento es la suspensión de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios, que haría que en abril los jubilados se vieran notoriamente perjudicados.
Finalmente, el gobierno de Javier Milei hoy no sólo se encuentra en pugna con los trabajadores, sino que además tendrá una semana de terror, con múltiples flancos abiertos y con múltiples acciones que abordar. Para ser exitoso, el Ejecutivo deberá acordar con los gobernadores y dejar de amenazarlos, convencer a los diputados de la oposición dialoguista, desplegar una estrategia sólida en el senado, bloquear a los bloques peronistas en el senado y en Diputados, extender las sesiones extraordinarias que se acaban el próximo miércoles y plantear un plan B si todo esto fracasa.
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