El Juzgado de Garantía de Antofagasta autorizó el alzamiento del secreto bancario de Consultora y Productora Esquerré Limitada en el marco del Caso ProCultura. La empresa aseguró que había ofrecido previamente toda la información de sus cuentas.

Esta autorización fue concedida al fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, tras varios intentos fallidos debido a la falta de antecedentes pertinentes por parte del Ministerio Público. La medida permitirá acceder a los movimientos bancarios de la compañía.

Según la fiscalía, la Fundación ProCultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, subcontrató a Esquerré para la ejecución de proyectos públicos. Específicamente, ProCultura pagó servicios a Esquerré para la iniciativa "Turismo Creativo en el Bío Bío", financiada con fondos del FNDR.

Un peritaje contable de la Policía de Investigaciones, presentado por la fiscalía, fue clave para obtener la autorización. Esta acción reveló que Esquerré había sido receptora sistemática de "fondos públicos a través de transferencias provenientes de ProCultura, sin que los balances de esta reflejen los gastos con trazabilidad", según informó Biobiochile. 

El análisis también sugiere que la compañía podría haberse beneficiado indirectamente de operaciones deficitarias con inconsistencias entre ingresos y servicios, y que podría haber participado en una estructura de rendición simulada. Esto se debe a que las facturas emitidas por Esquerré Ltda. habrían servido para justificar la salida de recursos públicos que no se tradujeron en actividades ejecutadas o verificables.

La decisión judicial permitirá el acceso a información de cuatro cuentas bancarias de la sociedad, desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha. El Ministerio Público recibirá la carpeta del cliente, los cheques girados y las cartolas bancarias.

Arista penquista sin novedades

Durante su mandato, el exgobernador Rodrigo Díaz transfirió $2.397 millones al Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), gremio que agrupa a importantes empresas del Biobío, incluyendo las forestales Arauco y CMPC, las pesqueras Blumar, Pacific Blu y Camanchaca, las inmobiliarias Valmar y Aitue, la Universidad San Sebastián, Enap y el diario El Sur. Díaz también autorizó la transferencia de $250 millones a Camila Polizzi.

Paul Esquerré, empresario de Concepción, representaba a Irade en ese entonces y había colaborado en la campaña electoral de Díaz, lo que sugiere un posible conflicto de intereses. Esquerré Consultores, su empresa, recibió más de $310 millones de convenios firmados por el Gore Biobío durante la administración de Díaz, incluyendo servicios para Procultura y para el mismo Irade, tal como dio cuenta Interferencia. 

Además, Esquerré ha sido investigado por la Fiscalía en otras regiones en el Caso Procultura, ya que su empresa recibió fondos como prestadora de servicios en un convenio de $2.553 millones con dicha fundación.

A pesar de estos antecedentes, la Fiscalía del Biobío no ha investigado el potencial conflicto de intereses. Sin embargo, el libro "Camila Polizzi y el Poder al Desnudo" reveló la estrecha relación entre María José Aguayo, fiscal a cargo del Caso Convenios en el Biobío, y Paul Esquerré, información que no había sido divulgada públicamente.

Asimismo, Marcela Cartagena, fiscal regional del Biobío y superior de Aguayo, está casada con Álvaro Sepúlveda, abogado del Consejo de Defensa del Estado. Sepúlveda realizó una asesoría verbal para Irade mientras Esquerré lo presidía y el Caso Convenios ya estaba en curso.