Desde mediados de año la Corte Suprema se ha visto envuelta en un escándalo de corrupción y pese a los intentos de controlarlo sigue creciendo y nuevos ministros entran al ruedo donde son cuestionados por faltas a la probidad judicial.

Si bien el caso se había mantenido en la esfera del Tercer Poder del Estado con la reactivación de la Comisión de Ética, una nueva querella por el delito de tráfico de influencias y negociación incompatible promete revolver las aguas nuevamente.

La acción legal, interpuesta ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago en contra de quienes resulten responsables, tiene como autora a la diputada Camila Musante. En otras palabras, un miembro del Segundo Poder del Estado (Legislativo) arremete en contra de miembros del máximo tribunal.

De acuerdo al documento al que accedió Interferencia, los hechos ligados al delito tienen dos aristas. La primera, referida a los whatsapp contenidos en el teléfono del abogado Luis Hermosilla, incautado en el marco del caso Factop.

La parlamentaria -citando reportajes de Ciper- asevera que gracias a los registros se denota que el abogado “extraño” al Poder Judicial y miembro de la Suprema Jean Pierre Matus, logró influenciar al gobierno de Piñera II, para que fuera nombrado en 2021.

Básicamente, la diputada apunta a las gestiones que realizó Matus consiguiendo un informe en Derecho del alemán Kai Ambos -de acuerdo al medio- en favor del ex ministro del Interior de esa administración, Andrés Chadwick, cuando en 2019 enfrentó una acusación constitucional.

“Esta colaboración, oculta al público y posiblemente a otras autoridades, pone de manifiesto una conducta que podría interpretarse como una forma de tráfico de influencias o como una fórmula de borrar las trazas de la misma”, detalla el libelo.

Musante confirmó la información a este medio, luego de reunirse con dirigentes de la Asociación Nacional de Magistrados -donde expuso su proyecto para mejorar las designaciones en la judicatura- e indicó que resulta indispensable aclarar los hechos.

A renglón seguido, agregó que se trata de “responsabilidades individuales y que no afectan a la totalidad del Poder Judicial”.

Los otros

Una segunda cuerda refiere a los mensajes encontrados en la misma aplicación, pero pertenecientes al ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete. Este último era el encargado de autorizar las medidas intrusivas a los servicios de inteligencia y en ese contexto rubricó las solicitadas por el espionaje militar que resultaron ser falsas y permitieron investigar a periodistas y miembros del Ejército que denunciaban actos de corrupción.

En la investigación en contra de Poblete y el entonces jefe de inteligencia castrense, Shafik Nassal (ambos en prisión preventiva), la PDI revisó el móvil del juez. En él salieron a la luz las gestiones del ex magistrado para el nombramiento de la actual Suprema María Teresa Letelier, en concomitancia con el entonces ministro de Defensa Mario Desbordes, quien compite por la alcaldía de Santiago.

En la acción judicial, Musante a través de sus abogados, solicitó que sean citados a declarar Hermosilla, Matus, Vivanco y el ex titular de Interior, Andrés Chadwick.

Este caso es sustanciado por la Fiscalía Centro Norte que ya recibió dos querellas sobre el particular por tráfico de influencias; una de ellas interpuesta por el propio Desbordes y otra del periodista Mauricio Weibel, quien fue investigado secretamente por la entidad castrense en la denominada Operación W. Ambas están en plena tramitación.

No es lo único, Musante también incluye el episodio donde la pareja de la ministra Ángela Vivanco (también abogada “extraña” a la judicatura), Gonzalo Migueles, se mensajea con el fiscal de Aysén, Carlos Palma, en medio de la postulación al cargo de Fiscal Nacional. De acuerdo a Ciper, le habría ofrecido un doctorado y la jefatura del Ministerio Público Centro Norte si bajaba su postulación.

Según la versión del propio Palma, el ofrecimiento le pareció fuera de lugar y envió un pantallazo a Luis Hermosilla. Por este hecho, Palma enfrenta una investigación de la fiscalía por omisión de denuncia.