El Servicio de Salud de O’Higgins (SSOH) interpuso una querella criminal por el delito de acceso informático ilícito, en contra de Claudia Prado Labarca, actual asesora territorial de la diputada independiente por cupo UDI por la zona Natalia Romero Talguia, de acuerdo a una copia del libelo al que accedió Interferencia. 

La acción legal establece que Prado Labraca -ex funcionaria del SSOH- accedía ilegalmente al sistema computacional para conocer la ficha clínica de al menos 42 personas sin su conocimiento, para luego usarlos con fines políticos, transgrediendo además la Ley de Derechos de Paciente. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Rancagua y la Policía de Investigaciones (PDI).

Los hechos quedaron al descubierto el 23 de agosto de 2022, cuando Franco González Pereira (aunque invirtió sus apellidos a Pereira González), quien trabajó con la parlamentaria, denunció la situación a la entidad sanitaria, luego de observar que Prado Labarca ingresaba con una clave antigua desde su computador personal, aún cuando ya no era funcionaria pública.

El sumario

Una vez que Pereira González puso los antecedentes a disposición del SSOH, se iniciaron las gestiones para establecer la veracidad de la situación, entre ellas un sumario administrativo. 

A poco andar, desde la unidad informática se acreditó que la asesora de la congresista vulneró el sistema en varias oportunidades. Acto seguido, los accesos externos fueron cancelados.

La acción legal establece que Prado Labraca -ex funcionaria del SSOH- accedía ilegalmente al sistema computacional para conocer la ficha clínica de al menos 42 personas sin su conocimiento, para luego usarlos con fines políticos, transgrediendo además la Ley de Derechos de Paciente.

La acción legal detalla: “Existen 52 registros que se realizaron fuera de periodo de contrato, todos estos ingresos se realizaron en dirección IP externo a la red MINSAL”. A renglón seguido, el documento explica que “Claudia Prado Labarca, tuvo 43 accesos a fichas clínicas, realizadas cuando no tenía relación de servicio con este organismo público”.

Lo encontré (...) muy aberrante el estar dentro de la privacidad de otro para conseguir un fin político, eso lo encontré grave, (...) y fuera de todas las normas básicas que uno puede tener en la vida (...) yo creo que eso es jugar con la salud y con la enfermedad de otro para conseguir un fin político”, explicó Pereira González a este medio.

El libelo fue admitido a tramitación por el Juzgado de Garantía de Rancagua y enviado al Ministerio Público para dar curso a la investigación.

De hecho, el denunciante ya declaró ante funcionarios de la PDI, a los que relató puntillosamente los hechos, según confirmó a este medio.

El consejo

Prado Labarca fue inquirida sobre la querella en su contra, pero se excusó de emitir comentarios por consejo de su abogado, quien hasta ahora no ha presentado el patrocinio y poder en la causa.

Este medio intentó entrevistar a la diputada y le envió un cuestionario con 15 preguntas que finalmente no respondió.

Solo envió una escueta versión, donde asegura que todo se trata de un tema político, centrando sus argumentos en la denuncia de su ex colaborador, más no refirió a la querella del Servicio de Salud.

A su juicio todo quedará despejado en la investigación de la fiscalía local e indicó que existen denuncias en contra el director de la entidad sanitaria que están en curso, las que no detalló.

Al mismo tiempo, explicó que el sumario interno no sancionó a su colaboradora, pero hay que recordar que al no tener la calidad de funcionaria pública (a contrata) y habiendo transcurrido más de seis meses, se hace imposible sancionar, tal como lo ha establecido el criteri0 de la Contraloría General de la República.

Listado

Estas son las preguntas que la diputada no contestó.

1.- El SS de Rancagua interpuso una querella en contra de una de sus asesoras, básicamente, por acceder información relativa a las fichas clínicas que se encuentran en el sistema informático de la entidad. ¿Qué opinión le merece la acción legal?

2.- El libelo indica que su asesora realizó en 52 oportunidades estas acciones cuando ya no era funcionaria de SSR, obteniendo información de 43 fichas clínicas? ¿Cuál cree usted que fue la motivación de ella para realizarlo? ¿Fue por orden suya? ¿Alguien de la oficina parlamentaria?

3.- Cuando se enteró por el llamado de este medio de la situación legal de su colaboradora, ¿qué acciones tomó?

4.- ¿Su asesora mantiene un contrato con la Cámara de Diputados o bien su sueldo corre por cuenta suya? 

5.- ¿Cree usted que esta situación afecta la imagen suya o de la Corporación?

6.- Cuando consulté a su asesora territorial, ella indicó que “por consejo de mi abogado” evitaría comentar su situación procesal. Si bien es el derecho de todo imputado, indicó que ya tenía un patrocinante a poco de la presentación de la querella o bien de antes. ¿Conocía usted esta situación en particular?

7.- ¿El abogado que su asesora menciona, lo paga usted, la Cámara?

8.- En la querella se menciona a un denunciante, Franco González Pereira. Este último entregó las pistas que permitieron a la autoridad realizar la trazabilidad informática de quien ingresó a las fichas clínicas que están protegidas por los derechos del paciente. ¿Qué vínculo tenía usted o su asesora con el denunciante?

9.- ¿Cuál cree usted que es la motivación de González Pereira para realizar la denuncia donde afirma la comisión de un delito?

Este medio intentó entrevistar a la diputada y le envió un cuestionario con 15 preguntas que finalmente no respondió. Solo envió una escueta versión, donde asegura que todo se trata de un tema político, centrando sus argumentos en la denuncia de su ex colaborador, más no refirió a la querella del Servicio de Salud.

10.- La querella criminal es nominativa, es decir en contra de una persona en particular. El documento ya está en manos del Ministerio Público regional. ¿Ha mantenido contacto con el organismo para obtener información?

11.- Después de enterarse por este medio de la situación de su asesora ¿ha conversado sobre el particular con ella? Si es así ¿Cuál fue el tenor de la conversación?

12.- ¿Su asesora territorial cuenta con su apoyo, incluso a partir de esta situación?

13.- ¿Cree usted que detrás de la querella podrían existir otro tipo de motivaciones? Si es así ¿Cuáles?

14.- A raíz de la denuncia de González Pereira ¿adoptará alguna acción de carácter legal en su contra? ¿Cuál? ¿Se lo recomendó a su asesora territorial?

15.- A su juicio y tomando en cuenta que usted ostenta un cargo de elección popular ¿Cómo calificaría la situación?