Tras un comité político que se extendió por al menos tres horas, el Gobierno hizo el viernes 6 de noviembre un anuncio que va más allá del caso Rabat: patrocinará el proyecto que deroga la Ley 19.856, la normativa de 2003 que permite rebajar condenas por buena conducta.

El mismo día, el ministro de Justicia quedó sin invitación a la discusión legislativa de esa ley y con una investigación interna abierta, no sobre los decretos que firmó, sino sobre cómo se filtraron.

Fuera de la sala

El senador Vlado Mirosevic, presidente de la Comisión de Constitución, decidió no invitar a Rabat a la sesión del próximo miércoles, donde se verá el proyecto que fusiona cuatro iniciativas para impedir beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores. Su argumento: el ministro “es parte del problema, más que de la solución”, porque la discusión se centraría en él y no en las víctimas.

Mirosevic agregó que la comisión pidió formalmente hace dos semanas todos los antecedentes y que Rabat sigue sin transparentar los decretos. El ministro respondió que se entregarán “oportunamente” y que no hay plazo, pues contienen datos sensibles. El viernes, además, Arenas acusó a la oposición de no dar la unanimidad necesaria para sesionar ese día en la comisión. 

Sumario por la filtración

Tras el comité político, Arenas confirmó que Rabat instruyó un sumario interno para identificar de dónde provinieron las filtraciones de los decretos y determinar eventuales responsabilidades administrativas. El vocero lo justificó en la necesidad de resguardar información de las víctimas.

Pero el propio ministro había calificado esos documentos como públicos y de “libre acceso”, y tras el reportaje de este medio que reveló las 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores, su cartera restringió las claves de consulta de este tipo de archivos.

Una defensa en preparación

El frente político sigue abierto. Las bancadas opositoras aseguran que avanzan de manera “unitaria y coordinada” en el libelo, cuya presentación aún no tiene fecha definida. Medios reportan que Rabat evalúa al abogado Francisco Cox para su defensa, aunque no hay confirmación oficial.

A eso se suman la Fiscalía, que lo mantiene como imputado por presunta prevaricación administrativa, y la Contraloría, que fiscaliza las rebajas.

Con ese cuadro, la discusión de la ley que él aplicó se hará sin su presencia.