Dicen que el abogado los recibió en su oficina de la Municipalidad de Colina, y que ocupó su computador fiscal y sus dependencias para hacer este trabajo que en realidad obedecía a gestiones privadas y no municipales.

Así comienzan las querellas –interpuestas en septiembre de 2023– en contra del secretario municipal (subrogante) de Colina, David Vega Becerra, a quien se le acusa de haber participado de un esquema que consistió en venderle a vecinos de la comuna derechos sobre partes de un predio que finalmente ellos no pudieron regularizar a sus nombres.

Las supuestas víctimas, que recurrieron a la justicia, son tres: Domingo Orrego Vásquez, Amalia Pereira Liencura y Janet Floto Sierra. Todos ellos, en sus denuncias, indican que adquirieron –por distintos montos en millones de pesos– derechos sobre un predio propiedad del agricultor Manuel Ayala Ayala. Orrego, por ejemplo, asegura en su acción judicial que pagó $25 millones a Ayala para hacerse 1.800 metros cuadrados del lote.

Quien preparó la escritura pública mediante las cuales se produjeron estas promesas de adquisiciones fue el abogado de la Municipalidad de Colina, David Vega Becerra. Las querellas describen que el profesional ocupó las dependencias municipales de Colina para hacer reuniones privadas y gestionar estas operaciones. Se le pagaron distintos montos por hacer estas gestiones.

En estos casos, la adquisición se hizo sobre derechos del predio, no sobre la totalidad del predio, por lo que, de acuerdo a las leyes vigentes, los propietarios debían esperar cinco años desde el momento de la promesa para luego ir al Ministerio de Bienes Nacionales, sanear las propiedades y ponerlas bajo su nombre, obteniendo así un rol propio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Así lo explica el abogado querellante de esta causa, Pablo Silva-Paredes: “la gente de menos recursos, al no poder comprar el predio completo, accede a este mecanismo que es la compra de derechos sobre el predio para los efectos de poder regularizar después en el Ministerio de Bienes Nacionales. Esos derechos, mientras no exista una regularización por Bienes Nacionales, que es la que te da un título y después manda pedir un rol SII y después manda inscribir esos derechos, mientras no se transformen en que te den un rol y una inscripción en el Conservador de las Raíces, son simplemente derechos, una cosa abstracta”.

Eso es lo que intentaron hacer tanto Orrego, Pereira y Floto: recurrir al Ministerio de Bienes Nacionales para inscribir sus terrenos, pero se dieron con un portazo, luego de que la cartera les negó la regularización.

Acorde a las querellas, uno de los argumentos por los cuales se les negó la regularización fue que, en medio del proceso, el propietario Manuel Ayala Ayala traspasó la totalidad del predio –del que se habían vendido sus derechos, por partes– a su hijastra, Jovita Soza Avello, y esta última, a su vez, lo habría traspasado a su yerno.

Quien estuvo detrás de esta operación de bienes raíces fue el mismo Vega Becerra, tal y como aparece en los documentos obtenidos por los querellantes en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Es decir, Vega participó en las promesas de compraventa de las tres supuestas víctimas, para luego participar en la compraventa del inmueble que pasó desde Ayala a su hijastra. Esta última operación fue una de las razones para que a Orrego, Pereira y Floto se le negara el saneamiento de sus propiedades ante el Ministerio de Bienes Nacionales.

El hecho de que Vega aparezca en todos los movimientos de estos bienes raíces, hizo que las supuestas víctimas se querellaran por estafa. Lo que buscan, y lo ideal para los querellantes, es que se retrotraiga la operación de venta entre Ayala, su hijastra, y su yerno, para así lograr hacer el saneamiento de las tierras ante Bienes Nacionales y obtener sus títulos de propiedad.

“No pueden regularizar porque parte del predio Ayala se lo traspasa a un familiar, cuyo abogado fue David Vega Becerra, traicionando la confianza de don Domingo Orrego, Janet Floto, Amalia Pereira, la señora Victoria y un peruano. Es una falta de probidad de un funcionario público, porque en esa calidad se presentó frente a quienes se ganó su confianza, como abogado de la Municipalidad. Si el abogado David Vega no vendía el predio a terceros, los vecinos actualmente serían propietarios”, dice Pablo Silva-Paredes.

Interferencia se intentó contactar con Vega Becerra a través de los canales de comunicación de la Municipalidad de Colina. Él se limitó a enviar un mensaje que dice lo siguiente:

“Respecto a tu pregunta, en atención a qué se están cuestionando actuaciones no sólo profesionales que realice hace muchos años atrás, sino que también las realizadas por otras personas, que además las protege el principio de presunción de inocencia, y tomando en consideración que quien interpuso la querella ha judicializado en definitiva la suscripción de distintos instrumentos públicos que fueron en su oportunidad celebrados conforme a derecho, prefiero no dar declaración y dejar el mismo bajo el mérito de la investigación que se realizará, a través del organismo competente, sin perjuicio que por mi parte ejerceré mi derecho de accionar por denuncias calumniosas contra quienes resulten responsables”.