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Viernes, 4 de diciembre de 2020
Control centralizado de datos

Tecno-autoritarismo: cómo las políticas de Bolsonaro amenazan la seguridad de datos personales en Brasil

Camilo Solís

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Foto: Marcelo Camargo, Agencia Brazil
Foto: Marcelo Camargo, Agencia Brazil

Un artículo de la revista MIT Technology Review describe cómo medidas implementadas por el Presidente de ese país han hecho que Brasil, antes un ejemplo en políticas de seguridad de datos, haya girado hacia una forma cada vez más autoritaria de controlar los datos, la que se ha visto impulsada por la excusa de la pandemia.

Brasil ha sido un ejemplo en la región en materia de gobierno, seguridad y protección de los datos de las personas; sin embargo, en los últimos años ha dejado atrás este legado para virar a una especie de tecno-autoritarismo en el manejo de los datos personales. 

Así lo destaca el MIT Technology Review, prestigiosa revista del Instituto Tecnológico Massachusetts, en una de sus publicaciones de la semana pasada, la cual fue escrita por el periodista especializado en ciencia y colaborador de este medio con asiento en Brasil, Richard Kemeny. 

Sobre esta materia, hay que mencionar que la pandemia de Covid-19 ha impuesto a los gobiernos de todo el mundo importantes desafíos relacionados con la gestión oportuna y precisa de los datos de las personas. No solo con fines sanitarios, sino que también socioeconómicos, debido a la gran recesión económica que viene aparejada con la pandemia. 

Esto ha llevado a numerosos países en el mundo a buscar mayor control sobre los datos personales, sin embargo, en el caso de Brasil, han habido políticas públicas desde antes de la emergencia sanitaria que han pretendido un fuerte control central de los datos de los ciudadanos de ese país. Estas medidas han sido impuestas principalmente en los años recientes correspondientes al gobierno del mandatario Jair Bolsonaro.  

Según la publicación del MIT, la principal medida impulsada por Bolsonaro que apunta en el sentido del control autoritario de los datos es el “Cadastro Base do Cidadão” [Catastro de Base Ciudadana].

Esta medida se realizó mediante un decreto que Bolsonaro firmó en octubre de 2019, el cual “obliga a todos los organismos federales a compartir la mayoría de los datos que tienen sobre ciudadanos brasileños, desde registros de salud, hasta información biométrica, y los consolida en una vasta base de datos maestra”, señala la publicación. 

Según documentos filtrados en junio de este año por de The Intercept, en su edición brasileña, la Agencia Nacional de Inteligencia de Brasil (ABIN), “ya había utilizado el decreto para solicitar a Serpro, una empresa de datos estatal, los registros de los 76 millones de ciudadanos brasileños que tienen licencias de conducir. Estos ejemplos significan que los datos de los ciudadanos podrían comenzar a aparecer en muchos conjuntos de datos nuevos sin que ellos lo sepan”, dice la publicación.

La implementación del Cadastro, se dio en Brasil “sin debate ni consulta pública” lo cual “tomó por sorpresa a mucha gente”, señala Kemeny, el que además menciona que esta política pública permite que la base de datos incluya datos como perfiles faciales, exploraciones de voz. iris y retina, huellas de dedos y palmas, y que además, no impone límites sobre cómo se pueden compartir los datos de salud. 

Esta gran base de datos implementada por Bolsonaro es regulada por un Comité Central de Gobierno de Datos, compuesto por representantes del gobierno federal, el cual decidirá sobre las controversias en la sensibilidad de los datos.

El abogado brasileño especialista en materias de protección de datos, Danilo Doneda, señala a este medio que “no tienes ciudadanos, no tienes a la comunidad técnica, no tienes a la sociedad civil, ni siquiera se pretende que sea una comisión independiente”.

Richard Kemeny señala que esto es un gran revés para Brasil en términos de buen gobierno de datos personales, puesto que el país que actualmente gobierna Jair Bolsonaro era uno de los ejemplos a seguir en la región en estas materias.

Principalmente debido a medidas como la creación del Comité Directivo de Internet de Brasil, un organismo que concentra a numerosos stakeholders, para establecer principios en materia de gobierno de datos. Además, en 2014 el gobierno de Dilma Rousseff implementó una política pública denominada “Marco Civil”, consistente en una declaración de derechos de internet, la cual fue motivada por las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia que Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos había mantenido sobre algunos países, entre los que se incluye el propio Brasil. 

Además de esto, en 2018, poco tiempo antes de que Bolsonaro llegara al gobierno, el Congreso de Brasil había aprobado una ley de protección de datos que había seguido el modelo de las normativas implementadas en la Unión Europea.

Sin embargo, la llegada de Bolsonaro significó malas noticias para la implementación de esta ley. Como señala la publicación del MIT Technology Review, estaba previsto que esta moderna normativa de protección de datos fuera implementada en agosto, pero ha sido pospuesta por el presidente brasileño. Tanto es así que ha conseguido retrasar su implementación al menos hasta mayo de 2021. 

Kemeny señala que este autoritarismo de datos se ha manifestado también en otras medidas tomadas por el presidente brasileño, lo que evidencia una constante en su actuar. 

“Varias fuerzas policiales utilizaron software de reconocimiento facial durante el carnaval de este año para buscar criminales en la multitud, [además de] una serie de proyectos de ley que exigen la adopción generalizada de tecnología en el transporte público”, sumado al hecho de que “el año pasado la policía brasileña arrestó a 151 personas que habían sido identificadas con la ayuda de reconocimiento facial”, señala la publicación de la revista del MIT.

Como era de esperar, la pandemia de Covid-19, también ha sido excusa para buscar un fuerte control centralizado de los datos.

Según publica Richard Kemeny, en abril, Bolsonaro “firmó un decreto que ordenaba que las empresas de telecomunicaciones entregaran datos sobre 226 millones de brasileños al IBGE, la agencia estadística del gobierno, aparentemente para encuestar a los hogares durante la pandemia. Los críticos dijeron que la captura de datos era inconstitucional y desproporcionada, y finalmente fue rechazada por la Corte Suprema”. 

Verónica Arroyo, de la ONG especializada en derechos digitales Acces Now, señala que centralizar excesivamente los datos presenta "un enorme riesgo de seguridad" para los  usuarios y agrega que “todos estos esfuerzos pueden conducir a una gran asimetría de poderes entre los ciudadanos y el estado”.

Richard Kemeny concluye que estas medidas significan un gran peligro para la democracia, puesto que "algunos observadores creen que la autoridad podría estar dominada por los militares, cuyos miembros ocupan aproximadamente la mitad de los 22 escaños del gabinete de Bolsonaro". 

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