Cumpliendo con lo previamente anunciado por José Antonio Kast, la Tesorería General de la República (TGR) dio inicio, el lunes 6 de abril, al proceso de cobro judicial y administrativo dirigido a más de 550 mil deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), acción que los afectará directamente.

El pasado 14 de marzo, el mandatario presentó en la Región del Biobío su "Plan de Reconstrucción Nacional", un paquete de más de 40 medidas distribuidas en cinco ejes principales, con el fin de contrarrestar los daños causados por los incendios forestales en la zona centro-sur. Sin embargo, el plan generó controversia, especialmente por los aspectos relacionados con los beneficios sociales.

Entre estas medidas se incluye la implementación de nuevos mecanismos para la cobranza del CAE, el préstamo estudiantil garantizado por el Estado y gestionado por la banca privada.

Kast justificó esta acción como una necesidad para contener el gasto público y asegurar la sostenibilidad financiera del país, señalando que su propósito es intensificar la persecución financiera contra los deudores morosos. En esa ocasión, el mandatario afirmó: “Es una reconstrucción económica, porque necesitamos más recursos”. 

Específicamente, el plan se articula en torno a dos directrices clave, donde la modalidad de cobro estará determinada por el ingreso bruto del deudor. Para aquellos con ingresos superiores a los 5 millones de pesos, se implementará un proceso de cobro que incluye acciones judiciales directas.

El plan de acción para las deudas del CAE en mora  se enfocará en la segmentación de los deudores según su nivel de ingresos.

La TGR explicó que en estos casos de mora, el Estado ha actuado como aval, pagando al banco para luego asumir la cobranza de esos recursos públicos.

El objetivo de TGR es doble: por un lado, facilitar la regularización de la deuda, y por otro, resguardar los recursos fiscales y asegurar la equidad en el cumplimiento de las obligaciones.

Este plan segmentado diferenciará entre aquellos que pueden suscribir convenios de pago para regularizar su situación y aquellos casos en los que se procederá con acciones judiciales. Por ello, TGR hizo un llamado a los deudores a pagar o suscribir convenios, especialmente si cumplen con los requisitos.