El pasado 28 de abril la Contraloría General de la República publicó su informe final de investigación especial N°808 sobre la licitación del servicio de arriendo de cámaras corporales para funcionarios de Carabineros de Chile.

El documento mantiene que la institución policial aún no logra implementar funciones que fueron catalogadas como críticas dentro de los criterios técnicos de la licitación que acabó siendo un proceso polémico que fue declarado ilegal y arbitrario por el Tribunal de Contratación Pública (TCP).

El nuevo documento de seguimiento del ente fiscalizador, evaluó las medidas adoptadas por Carabineros tras los hallazgos detectados originalmente en julio de 2025. 

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En concreto, la CGR constató que, pese a los intentos de la institución por habilitar la integración entre el Sistema de Video Cámaras Corporales (VCC) y el sistema de emergencias CAD, la conexión sigue sin estar implementada de manera óptima.

Según detalló la propia policía durante una visita inspectiva, la falla radicaría en que ambos sistemas (VCC y CAD) trabajan con el RUT en distintos formatos, por lo que actualmente dependen de que los proveedores implementen un "parche" o solución técnica que no afecte la operación.

Asimismo, sobre la exigencia de transmisión en directo (streaming) bajo el estándar de compresión H.265, un requisito clave para ganar la licitación y optimizar el consumo de datos, la CGR determinó que la documentación aportada por Carabineros no acredita de ninguna forma técnica ni verificable que dicho formato se esté utilizando efectivamente en los equipos de la empresa Vigatec S.A.

Ante esta situación, la Contraloría decidió mantener la observación de carácter "Altamente Compleja" y le otorgó a Carabineros un ultimátum de 60 días hábiles para acreditar la implementación técnica efectiva o solucionar la problemática de ambas funciones, las cuales justificaron un contrato por más de $9.626 millones.

Una adjudicación polémica

En julio de 2023, la Dirección de Logística de Carabineros (DILOCAR) adjudicó la licitación por el arriendo de 1.969 cámaras corporales a Vigatec S.A., que proveía la marca china Hytera por un monto total de $9.626 millones.

En el camino, la comisión evaluadora institucional decidió declarar inadmisible y dejar fuera de competencia la propuesta de su rival directo, Smart Partners, representantes de la marca internacional Axon.

Esto, pese a que la oferta de la competidora era de $6.955 millones, es decir, un contrato sustancialmente más económico en unos $2.000 millones de pesos.

Sin embargo, la comisión argumentó que Smart Partners no cumplía con requerimientos técnicos catalogados expresamente como "críticos" y excluyentes en las bases. Entre ellos, exigieron de manera intransigente la transmisión de archivos en formato de compresión H.265 y contar con una interfaz de integración tipo Web Service para conectarse a los sistemas policiales.

No obstante, el primer Informe de Investigación Especial N° 808, emitido por la Contraloría General de la República el 21 de julio de 2025, reveló que entre las mismas funcionalidades "críticas" que Carabineros detalló en el informe técnico nunca fueron implementadas por la empresa adjudicada Vigatec, o se utilizaron parcialmente.

Asimismo, la Contraloría detectó que las bases de la licitación rebajaron de manera injustificada los estándares técnicos exigidos por el propio "Manual de Uso y Registro de Videocámaras" de Carabineros.