A un año de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, defensora de la naturaleza y dirigenta mapuche de la comunidad de Putreguel, denunciamos la impunidad del Estado chileno y la complicidad de sus instituciones.

La desaparición de Julia no es un hecho aislado. Es otro doloroso capítulo en la historia social de este país. Una herida abierta en el corazón de los pueblos de Chile. Su ausencia sigue siendo una deuda, una verdad pendiente y una afrenta a la dignidad de todas y todos los que luchan por la vida, los territorios y los derechos humanos.

A un año, la búsqueda de verdad, justicia y castigo a los culpables y encubridores continúa siendo una tarea ciudadana inconclusa, en medio de una democracia de baja intensidad, cada vez más vaciada de justicia real.

Hoy recordamos a Julia para mantener vivo su ejemplo. Porque su vida, su palabra y su lucha nos enseñan que defender la tierra es defender el futuro. Y que en este país -donde la justicia encubre, la prensa miente, el empresariado saquea y el Estado calla- la verdad sólo puede levantarse desde los pueblos organizados.

Julia no es la primera. Antes que ella, otras defensoras y defensores ambientales fueron perseguidos, silenciados, desaparecidos o asesinados. Ninguno de esos crímenes ha tenido justicia. Todos han sido encubiertos bajo los mismos mecanismos de montaje, racismo institucional y complicidad empresarial.

Eso es lo que hoy denunciamos. Un Estado que ha normalizado la desaparición de las y los defensores ambientales y de derechos humanos. Una Fiscalía que fabrica culpables y encubre poderosos. Una prensa que blanquea el crimen y distorsiona la verdad.

Desde el primer día, el caso de Julia ha estado marcado por el montaje, la discriminación y la violencia institucional. La Fiscalía ha construido una narrativa racista y clasista para criminalizar a su familia, filtrar falsedades y borrar su condición de dirigenta mapuche y defensora ambiental.

Durante este año de investigación, la familia de Julia Chuñil ha sido objeto de graves vulneraciones y hostigamientos institucionales.
Se han realizado diligencias intrusivas, intervenciones telefónicas, allanamientos de domicilio, incautación de teléfonos y levantamiento arbitrario de evidencia, en una clara estrategia de amedrentamiento y criminalización.

El 30 de enero, la hija de Julia fue víctima de apremios ilegítimos por parte de José Arriagada, funcionario de LABOCAR, en presencia directa de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, con el propósito de forzarla a inculparse en la desaparición de su propia madre.
Ante estos hechos, el 14 de septiembre se presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos por los delitos de apremios ilegítimos en contra de Arriagada y Esquivel, la cual fue declarada admisible, evidenciando la gravedad de las prácticas abusivas y encubridoras en esta investigación.

La fiscal Esquivel llegó incluso a decir en la prensa que Julia “no tenía labor política ni de activista organizada”.
Este es el corazón del montaje: borrar su lucha, despolitizar su historia, justificar su desaparición.

Todo esto ocurre con el respaldo y la protección del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien ha rechazado cambiar a la cuestionada fiscal Esquivel. Mientras tanto, el principal sospechoso de la desaparición, el empresario agroforestal Juan Carlos Mordstardt Adwanter, sigue en completa libertad.

La Fiscalía protege al poder. 

No es casualidad. Lo que presenciamos hoy es la consolidación de una nueva fase del Estado chileno, en alianza con los poderes empresariales, policiales y mediáticos. Una fase que, al igual que en el resto de Latinoamérica, persigue, criminaliza y elimina a quienes defienden la naturaleza, los derechos humanos y los territorios.

La desaparición de Julia forma parte de esa estrategia: una “estrategia Gaza” de ocupación y saqueo territorial, de desplazamiento de comunidades locales, de destrucción ambiental bajo el disfraz del progreso.

Hoy, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, encarna la crisis profunda del sistema judicial chileno. Un sistema que no defiende a las víctimas, sino a los victimarios; que no busca la verdad, sino la impunidad.

Después de un año, en un territorio bajo control militar y policial, el Estado -con toda su tecnología y recursos- dice no saber qué ocurrió con Julia Chuñil. Esa negación no es ignorancia: es encubrimiento.

Por eso hoy decimos con fuerza: Julia Chuñil no está sola. Julia Chuñil acusa. Julia Chuñil resiste.

Hoy, las diversas organizaciones: socioambientales, de pueblos originarios, estudiantes, de derechos humanos y feministas, que acompañamos a su familia, exigimos:

- La remoción inmediata del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, condición indispensable para un avance real hacia la verdad y la justicia.

- El cambio de la fiscal regional Tatiana Esquivel, responsable de las presiones y apremios ilegítimos contra la familia de Julia.

- La creación de una comisión investigadora en el Parlamento, que indague el papel racista, clasista y corrupto de la Fiscalía Nacional en este y otros casos.

Verdad, justicia y castigo para los autores materiales, políticos y judiciales de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura.