Con aprensión gran parte del país ha visto que, a escasos meses del fin de este gobierno de bajísima popularidad, se pretende culminar una licitación anunciada en octubre recién pasado desde su Ministerio de Minería.
Se trata de una apurada y mal diseñada subasta de 400.000 toneladas de litio con un valor mínimo estimado conservadoramente en US$ 4.000 millones considerando la favorable expectativa del precio de litio a futuro.
Hay que considerar que en el año recién finalizado el valor de este mineral aumentó en más de un 60% y todo indica que seguirá subiendo durante el 2022. Esto sin incluir el contenido de potasio presente en los salares del norte de Chile.
A pesar que en nuestro país desde 1979 este liviano metal se considera estratégico y no concesible, se procedió a este proceso con escasa transparencia y ausencia de profesionales reconocidos, lo que es agravado debido a que se ignoró la Licencia Social que hoy es fundamental para cualquier proyecto minero que pretenda alcanzar desarrollo sostenible. Dicha licencia -denominada Social Licence to Operate SLO) consiste en la aprobación o desaprobación que la comunidad y otros grupos interesados en particular dan a algún proyecto en específico
En 2012, bajo la misma presidencia -primer gobierno de Sebastián Pilera- también se intentó firmar un Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio (CEOL) que culminó en un vergonzoso fracaso que incluyó serias connotaciones legales involucrando a miembros del gobierno de turno y empresas que hoy vuelven a participar en esta polémica licitación.
Para ejecutar esta licitación se da como principal argumento una supuesta falta de competitividad chilena en la explotación del litio, asimilando esta compleja industria minera en salares al tipo de competencia de baja monta que ofrece un mercado como el del fútbol. La liviandad de la argumentación técnica esgrimida lleva a la sospecha de que se podría intentar entorpecer lo propuesto por la autoridad recién elegida.
Lo más sorprendente, es que ya en 2012 bajo la misma presidencia -primer gobierno de Sebastián Pilera- también se intentó firmar un Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio (CEOL) que culminó en un vergonzoso fracaso que incluyó serias connotaciones legales involucrando a miembros del gobierno de turno y empresas que hoy vuelven a participar en esta polémica licitación y seguirían teniendo temas judiciales y económicos pendientes con Corfo.
Bastaría que ahora hubieran seguido Instrumentos Jurídicos del Comité de Competencia de la OCDE publicados en el 2012 para evitar un nuevo bochorno.
Es oportuno mencionar que Chile cuenta con destacados profesionales como Eduardo Bitran, Edmundo Tulcanaza, Jorge Cantallopts, José Gabriel Palma y H. Echaurren, entre otros; todos de reconocida experiencia y trayectoria internacional. Se puede asegurar que la participación de ellos enriquecería un diseño para una Estrategia de Estado que incluya una Empresa Nacional del Litio.
En su programa de gobierno, el presidente electo Gabriel Boric que ganó ampliamente en segunda vuelta, propone la creación de una "Empresa Nacional del Litio", que desarrolle una nueva industria nacional, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción.
Es oportuno mencionar que Chile cuenta con destacados profesionales como Eduardo Bitran, Edmundo Tulcanaza, Jorge Cantallopts, José Gabriel Palma y H. Echaurren, entre otros; todos de reconocida experiencia y trayectoria internacional. Se puede asegurar que la participación de ellos enriquecería un diseño para una Estrategia de Estado que incluya una Empresa Nacional del Litio.
En conversaciones de representantes del futuro gobierno se planteó a la actual administración que hay que detener este proceso por un tiempo.
Es alarmante la indicación de que las bases no son posibles de modificar siendo fundamental establecer una "mesa de trabajo" para incorporar algunas condiciones en los contratos de licitación, cuya adjudicación debe conocerse el próximo 14 de enero. Paralelamente en el Congreso Nacional, en Organizaciones Profesionales e incluso a través de la comunidad se ha manifestado en contra de la realización de la licitación.
En momentos en que la ciudadanía diseña transparente y democráticamente su futuro, es recomendable mantener lo propuesto por Gabriel Boric en cuanto a un manejo distinto de esta importante riqueza mineral. En otras palabras, mantener la mal fundamentada licitación va contra la voluntad ciudadana y criterios básicos técnicos-económicos que parecen no haber sido considerados.
(*) José Cabello Lechuga es Geólogo, Diploma en Difusión de las Ciencias y Persona Competente (título otorgado por Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras).
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Bitrán sólo repite leeciones
Incluir sociedades entre el
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