Mantener las cuentas claras debería ser una de las prioridades para un organismo como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad que depende del Ministerio de Hacienda y cuyo objetivo es prevenir e impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la economía chilena.

Sin embargo, un reciente informe de Contraloría apuntó a una serie de problemas a subsanar en el control de disponibilidades de la UAF entre 2020 y 2021, mientras Javier Cruz estuvo en la dirección del organismo.

El principal descubrimiento de la auditoría publicada en septiembre fue que la Unidad de Análisis Financiero pagó anticipos totales a proveedores por $980 millones en 2020 y $78 millones en 2021, a través de una cuenta destinada a anticipos parciales.

En vista que la suma de anticipos de $1.058 millones fueron pagados en su totalidad y no parcialmente, se consideró como una observación “Altamente Compleja”, por lo que Contraloría ordenó a la UAF iniciar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las responsabilidades administrativas. 

Al respecto, el informe señala que “la UAF no solicitó a la DIPRES [Dirección de Presupuestos] autorización para la utilización de la mencionada cuenta [para anticipos parciales] para el pago de proveedores del año 2020”, gastos que hechos de ese modo, según Contraloría, pueden afectar sus estados financieros y subestimar la ejecución presupuestaria de la entidad.

En vista que la suma de anticipos de $1.058 millones fueron pagados en su totalidad y no parcialmente, se consideró como una observación “Altamente Compleja”, por lo que Contraloría ordenó a la UAF iniciar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las responsabilidades administrativas. 

Así también, conminó a “registrar el gasto presupuestario con la debida oportunidad con el objeto de mantener la representación fiel de la información financiera y de esta forma no afectar la presentación de sus estados financieros”.

En esta línea, también se detectaron pagos duplicados a proveedores por un total de $119.492.283 a través de 38 facturas, para los que la UAF utilizó las mismas cuentas de anticipos.

Sin embargo, durante la auditoría, la UAF informó a Contraloría de reintegros por $44.287.445, recuperados del total duplicado. De este modo, quedaron pendientes de recuperación $75 millones, que por orden del ente contralor deberán ser cobrados y recuperados por la UAF e informados a Tesorería General de la República y a la DIPRES.

Por otra parte, la auditoría también detectó la falta de cobro de multas a la empresa proveedora de la plataforma informática de la UAF, Adexus S.A., por un total de 3.420 UF, equivalentes a $111 millones de pesos.

El informe señala la existencia de una serie de retrasos en la solución de problemas reportados por la UAF en la plataforma proveída por Adexus, hecho que contraviene las bases de la licitación y por lo que debería haber cobrado multas a la empresa.

Según Contraloría, se verificó que “las horas involucradas entre la fecha de apertura y cierre de los casos no se ajustaron a los tiempos ofertados por la empresa, lo que no fue advertido por la UAF”.

De todas formas, ahora la UAF deberá realizar el análisis de los incidentes que para el ente contralor violaron las bases de licitación de la plataforma informática, y con ello establecer las eventuales multas que corresponda aplicar a Adexus.

“Se constató que, en ninguno de los pagos sometidos a examen, se utilizaron las horas comprometidas según contrato y tampoco existía un control formal para el monitoreo de aquellas no utilizadas”, señala Contraloría.

Otra observación considerada “Altamente Compleja” fue la detección de $61.551.253 en gastos insuficientemente acreditados al momento del pago al proveedor de una de las principales plataformas de la UAF.

Según la auditoría, se hallaron 22 facturas a la empresa que gestiona el servicio de soporte y mantenimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la UAF, correspondiente a las contrataciones de los años 2019, 2020 y 2021.

Y si bien las facturas cuentan con las actas de conformidad con el proveedor, una empresa llamada “Sociedad LPA Soluciones Corporativas en Gestión de Procesos Limitada”, equivalentes a 80 horas de trabajo mensual, estas mismas actas “no contaban con antecedentes que permitieran comprobar que estas fueron efectivamente utilizadas”.

Es más, según el detalle de las actividades realizadas, “se constató que, en ninguno de los pagos sometidos a examen, se utilizaron las horas comprometidas según contrato y tampoco existía un control formal para el monitoreo de aquellas no utilizadas”, señala Contraloría.

Por ello, se ordenó a la UAF iniciar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en la aprobación de los gastos por el servicio de Sociedad LPA.