El proceso de licitación del litio se encuentra en pausa tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó de suspender el concurso luego de la presentación de dos recursos, tanto por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, como por integrantes de diversos pueblos originarios.

INTERFERENCIA conversó con Ariel León Bacián, actual asesor de la Convención Constitucional, quien participó de la redacción del recurso de protección (ver el documento aquí) que levantaron comunidades indígenas en contra de la licitación gubernamental del litio, para conocer los detalles de la acción judicial que logró ser admitida por los tribunales y detener el proceso.

León es quechua, con orígenes en el pueblo de Mamiña, y se ha desempeñado como asesor de comunidades indígenas y asesor parlamentario. Junto a Nancy Piñones, del pueblo aymará; Verónica Henríquez, del pueblo mapuche; Esteban Araya, del pueblo lickanantay o atacameño; Rafael Tuki, del pueblo rapa nui; y Ercilla Araya, presidenta de la comunidad indígena colla Pai Ote, presentaron el recurso “en favor de la comunidad Colla Pai Ote y en favor de todas aquellas personas y comunidades indígenas que habitan los territorios en cuestión”, planteando que “esta licitación, tal como está diseñada, afectará a las personas en cuyo favor se recurre, pues la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile, y por ende, puede ser invocada en cualquier territorio donde exista litio”, haciendo directa alusión a que en el proceso se vulneró el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, “por no haberse completado la consulta indígena a que obliga el derecho nacional e internacional, de acuerdo al petitorio”.

Cómo comunidades afectadas, ¿qué les pareció también que la discusión en torno a la licitación del litio se ciñó más bien al tema del recurso, de quién lo iba a explotar, pero se dejó en un segundo plano el impacto que iba a iba a tener en la población cercana a los yacimientos?

Justamente ese es el tema. Para nosotros ese es el punto, el argumento del recurso que nosotros presentamos dice relación con los impactos que va a tener el proyecto en el territorio. Básicamente, se nos impone minería. Los pueblos originarios, que somos habitantes ancestrales de los lugares donde están los recursos naturales, tenemos derecho a nuestros propios planes de desarrollo. 

Entonces, por ejemplo, en el caso de las comunidades Colla, ellos practican la trashumancia, la ganadería, la agricultura y de repente llega un señor de Santiago o extranjero y les dice “No, mire, aquí se va a explotar litio o se va a explotar otro mineral y eso va a tener un profundo impacto en sus vidas” y ni nos preguntan. Nosotros lo que estamos pidiendo es la consulta indígena, porque tenemos derecho a decidir, de acuerdo a los tratados internacionales y que están vigentes en Chile y que tienen un rango constitucional, como el convenio 169. 

Tenemos potestad para dirimir sobre qué actividades económicas se desarrollan en nuestro territorio y, en el caso de la licitación del litio, lo que hace es imponer la minería, con profundos impactos sociales, culturales, ambientales y espirituales para los pueblos que están ahí. Obviamente, nosotros no solo demandamos por el pueblo Colla, porque uno de los trucos de esta licitación es que no señala dónde se va a extraer litio.

Efectivamente, una de las críticas que recibió el proceso fue no especificar cuáles iban a ser los lugares de donde se pretendía extraer las toneladas que iban a ser licitadas…

Eso es una estrategia jurídica. Trascendió desde el ministerio de Minería que justamente fue un ardid para evitar que algún pueblo demandara porque no se iba a sentir necesariamente aludido e iba hacer una complicación determinar cuál corte era competente, porque las cortes tienen competencia territorial y hay que considerar que son quince cortes de apelaciones en el país. Entonces nosotros tuvimos que acudir a nuestros contactos y evidentemente teníamos el contacto de la comunidad Colla Pai Ote presidida por la hermana Ercilia Araya Altamirano, en favor de la cual presentamos este recurso. 

“Nosotros lo que estamos pidiendo es la consulta indígena, porque tenemos derecho a decidir, de acuerdo a los tratados internacionales y que están vigentes en Chile y que tienen un rango constitucional, como el convenio 169”.

Hermanos de seis pueblos originarios demandamos en favor de todos los hermanos que se encuentran en los territorios donde se encuentra el litio y bueno, la comunidad Colla es una de esas comunidades, una de esas agrupaciones humanas que viven ancestralmente ahí. Nuestro argumento es de Derechos Humanos porque con esta extracción se compromete la forma de vida de la comunidad. O sea, muchos dirán “oye, pero el litio, la minería da trabajo” pero si es una comunidad agrícola, es una comunidad que realiza actividades pecuarias, la minería no es tan compatible, puede provocar la extinción de costumbres, la extinción de esa forma de vida y, por lo tanto, teniendo en cuenta que los pueblos originarios hemos sido lamentablemente vulnerados durante siglos de diversas formas. 

Una de ellas es el colonialismo económico, el colonialismo minero, el extractivismo y la extracción abusiva de recursos naturales al punto de destruirlos, eso tiene que ser consultado, por último, consultado con los pueblos originarios. Y esa fue la razón de nuestro recurso. 

Nosotros no estamos señalando, pidiendo un trámite más o un trámite menos o diciendo en el juicio que aquí faltó un timbre. No estamos en esa pelea más bien administrativa, lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de derechos fundamentales que son básicos para nosotros. 

Ustedes obtuvieron un resultado positivo con el recurso, obteniendo mejores frutos que las iniciativas que se levantaron desde el Congreso para frenar la licitación. ¿Cómo les ha ido en el pasado cuando han presentado recursos similares con estos argumentos? 

En general bien. Yo redacté este recurso y el que presentamos anteriormente contra el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, el que ganamos en la Corte Suprema, por los mismos argumentos que ahora. Lo que hizo en esa oportunidad Juan Carlos Jobet fue realizar una consulta indígena en el Alto Biobío por vía telefónica en medio de la pandemia. (Ver artículo “Suprema prohíbe al Ministerio de Energía realizar consulta indígena 'vía telefónica' para proyectos hidroeléctricos en el Bío Bío” de INTERFERENCIA)

¿Usted sostiene que el hecho de obtener ese resultado favorable en el tribunal superior como es la Suprema pueda sentar un precedente en este nuevo recurso, en el sentido que se respete la misma argumentación?

Sí, nosotros creemos que podemos ganar porque los argumentos jurídicos son similares a los de la vez anterior. La consulta indigena es un hecho fundamental, aquí lo que hizo fue imponer mediante la licitación del litio un modelo económico minero en el territorio. 

“No estamos pidiendo un trámite más o un trámite menos o diciendo en el juicio que aquí faltó un timbre. No estamos en esa pelea más bien administrativa, lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de derechos fundamentales que son básicos para nosotros”. 

El artículo séptimo del convenio 169 señala que los planes de desarrollo tienen que ser consultados por los pueblos originarios, porque nosotros tenemos también nuestros propios planes de desarrollo y los planes de desarrollo del Estado, de las empresas privadas, no pueden privar ni imponerse sobre los planes de desarrollo ni las formas de vida de los pueblos originarios, así lo determinó la corte que aceptó la orden de no innovar.

Que acepten la orden de no innovar en un proyecto ya licitado y en un proyecto tan importante es difícil, no se da todos los días, por lo tanto, los argumentos eran serios, eran muy fuertes. Nosotros acompañamos antecedentes de la posesión ancestral que tienen la comunidad Pai Ote respecto del salar de Maricunga y esos informes son incontestables, son informes del antropólogo Raúl Molina, son informes además visados por la Universidad de Chile, por lo tanto, la información está ahí sobre la mesa, los ministros la vieron y se dieron cuenta que era atendible el argumento que estábamos presentando y por lo tanto, nosotros creemos que podemos ganar. 

¿Ustedes se han sentido amenazados por frenar una licitación millonaria que puede involucrar también capitales extranjeros?

Evidentemente son empresas poderosas las que están participando en la licitación del litio, inclusive poderes transnacionales, potencias extranjeras y sabemos que va a haber una presión terrible sobre el poder judicial, sobre la Corte de Apelaciones y sobre la Corte Suprema, pero confiamos en que la justicia va a tener un nivel de independencia suficiente para poder juzgar en derecho y obtener así una nueva victoria.

Para nosotros igual es peligroso, porque por ejemplo la misma hermana Ercilia ya había sufrido antes amenazas por la empresas mineras y así está consignado en una denuncia internacional que firmó el Observatorio Ciudadano. Nosotros estuvimos en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados denunciando el peligro que estaba recibiendo la hermana Ercilia Araya de la comunidad Pai Ote, en virtud de las amenazas de muerte de las empresas mineras. Entonces para nosotros no es fácil, sabemos que corremos peligro al presentar estas demandas pero también sabemos que estamos empoderados para poder prevenir y sortear estos peligros. 

¿En estos años de explotación del litio en el norte de Chile, cuáles han sido las consecuencias más graves para las comunidades aledañas?

Lo que ocurre es que en general la minería siempre ha sido muy dañina para los territorios. Lamentablemente se ha tenido que saber convivir con esas empresas porque no tenemos la fortaleza suficiente para poder sacarlas de estos lugares. Nosotros como pueblos del norte tenemos más de 300 años de colonialismo minero y en ese sentido la agresión histórica de la minería nos tiene en una situación de debilidad. 

“Para nosotros no es fácil, sabemos que corremos peligro al presentar estas demandas pero también sabemos que estamos empoderados para poder prevenir y sortear estos peligros”. 

Lamentablemente, la minería siempre ha provocado mucho daño. En lo particular, en el Salar de Maricunga en Copiapó que forma parte de una cuenca en que también se encuentra la Laguna del Negro Francisco y el Parque Nacional Nevados Tres Cruces. Es un sector altamente vulnerable. La Comisión del Litio que existió hasta inicios del gobierno de Piñera emitió varios informes al respecto y que cualquier extracción abusiva podría provocar un colapso en los salares, en un contexto de cambio climático y escasez hídrica. Destruir los salares es destruir toda la cuenca, es una situación insostenible. 

Dicho de paso, ahí no sólo está el tema del derecho al agua sino que también se trata de lugares donde se realizan ceremonias y son considerados sagrados para nosotros, entonces estas acciones constituyen un atentado a las formas de vida de los pueblos originarios. En este instante todavía no se extrae litio del Salar de Maricunga pero la comunidad Pai Ote tiene demandado al Grupo Errázuriz y a Martín Borda por tener proyectos aprobados por el Estado en esa locación. Sabemos lo que va a pasar si el litio se explota a destajo en el territorio, va a ser una extracción como la que se hace en San Pedro de Atacama.