En sus dos mandatos Sebastián Piñera totaliza 10 acusaciones en contra de sus ministros y dos en contra de él mismo en el cargo de Presidente de la República. En los 10 meses que lleva la administración de Gabriel Boric, ya suma tres acusaciones constitucionales en contra secretarios de Estado. Desde el retorno a la democracia, solo tres acusaciones constitucionales han prosperado. 

Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y ahora Víctor Pérez. Todos han salido en medio de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros. Pero el general director se mantiene y nadie explica el porqué con claridad. Pero un hecho es que en la derecha y uniformados en retiro, la situación está causando molestia.

La oposición parece estar cuadrada en aprobar hoy martes la acusación constitucional contra el ministro del Interior. En 90 páginas, los diputados de oposición –incluida la Democracia Cristiana–, apuntaron a la violencia de Carabineros y el trato deferente a camioneros y a marchas del rechazo por sobre las manifestaciones contrarias a la ideología del gobierno.

"Creo que primó en algunos diputados que la sanción a Chadwick era ya suficiente en términos de responsabilidad política y que ésta no tenía que escalar al Presidente", afirma el académico experto en derechos humanos de la Universidad de Chile. Algo que considera que es un profundo error, pues no hay razones de justicia como para no haber iniciado el proceso de acusación constitucional contra el Presidente. Sin embargo, dice que para evitar la impunidad, la última palabra todavía la tienen los tribunales.

La oposición se cuadró para responsabilizar al ex ministro del Interior por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 18 y el 28 de octubre. Sin embargo, estos crímenes de lesa humanidad perpetrados por Carabineros continuaron varias semanas después de un modo muy similar durante el periodo de Gonzalo Blumel. Esto lleva a algunos a pensar que el Presidente Sebastián Piñera, quien enfrenta una acusación similar, también debería ser condenado.

La sensación en la víspera de la acusación constitucional es que el ex ministro tendrá que ser quién pague políticamente por las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la rebelión social. Sin embargo, llegar a los 22 votos que se necesitan para aprobar el libelo no parece tarea sencilla, pese a que la oposición cuenta con 24 senadores. De hecho ya hay dos que han hecho cosas favorables a Chadwick; su amigo José Miguel Insulza (PS) y Jorge Pizarro (con militancia DC suspendida). También hay razones para pensar que Sebastián Piñera no lo ha abandonado.

Francisco Zúñiga, uno de los integrantes del equipo técnico de la oposición que analiza esta posibilidad, está preocupado de que esta medida cumpla “fines políticos”. El abogado asesora a la Superintendencia de Bancos e integra un grupo de académicos que asesora al actual gobierno en posibles modificaciones al Tribunal Constitucional.

La jubilación del ministro Milton Juica provocó un giro más conservador en la segunda sala del máximo tribunal, que este año ha estado en el centro de la tormenta. Y ello incluyó una acusación constitucional -fallida- en contra de tres de sus integrantes.