Cuando INTERFERENCIA publicó el 7 de enero pasado que Andrés Chadwick fue informado desde un principio que Camilo Catrillanca estaba desarmado en el momento de su asesinato, el ministro del Interior se excusó diciendo que no estaba al tanto porque esa tarde del 14 de noviembre su teléfono sufría de “interferencia”.

La batahola política no se dejó esperar. Dos días después, el miércoles 9 de enero, todas las bancadas de la oposición anunciaron que estudiarían la posibilidad de una acusación constitucional en contra de la segunda autoridad política del país. Para esto conformaron “un equipo jurídico común del más alto nivel”, según afirmó el diputado Manuel Monsalve (PS), el que entregaría un informe a fines de enero.

La petición de prorrogar en un mes la decisión de acusar o no constitucionalmente a Chadwick viene a dilatar el proceso que busca una sanción política en contra del titular de Interior. Y tal vez incluso signifique el fin de una potencial acusación.

Se cumplió el plazo, pero la resolución de los especialistas fue pedir más tiempo hasta fines de febrero, según publicó BioBioChile. “Han pedido más plazo para evacuar el informe, dado la relevancia, dado los hechos que siguen apareciendo relacionados con las circunstancias que rodearon el asesinato de Camilo Catrillanca”, explicó en esa ocasión el diputado DC Matías Walker.

En la práctica, la petición viene a dilatar aún más el proceso que busca una sanción política en contra del titular de Interior por su presunta responsabilidad en ocultar, al menos inicialmente, los hechos y responsabilidades en torno al asesinato de Catrillanca. Y tal vez incluso signifique el fin de una potencial acusación.

Cuando la oposición anunció la conformación de este equipo, no había mucha convicción en las bancadas de presentar una acusación, sobre todo por el costo político que significaría una tercera derrota en este ámbito, tras las fallidas avanzadas contra el ministro Emilio Santelices (Salud) y los ministros de la segunda sala penal de la Corte Suprema. De parte del equipo técnico tampoco se ha visto mucho ánimo.

La oposición creó a inicios de enero este equipo jurídico que debía evacuar un informe sobre la pertinencia de una acusación constitucional. Este grupo está integrado por los abogados DC Patricio Zapata y Tomás Jordán, Jaime Gajardo (PC), Francisco Zúñiga (PS), Guillermo Vásquez (PR), Ernesto Riffo (RD) y Sebastián Aylwin (IA). Pero durante enero se reunieron una sola vez, el lunes 21, momento en que no lograron ponerse de acuerdo y sólo se presentaron primeras impresiones, entendiendo todos que cualquier decisión debe ser bien fundamentada. En cuanto a próximas reuniones, aún no han fijado ninguna.

¿Falta de voluntad?

Pese a esta baja intensidad en el trabajo, hay factores que conoció nuestro medio que están bloqueando el avance de una posible acusación contra Chadwick. Uno es Francisco Zúñiga, abogado que representa a la bancada del Partido Socialista en la instancia.

La mesura de la DC está en línea con su línea política durante 2018. Desde el asesinato mismo de Camilo Catrillanca, la falange ha sido un actor importante a la hora de que las acusaciones no lleguen hasta La Moneda.

Fuentes que conocen la interna de este grupo técnico, señalaron a INTERFERENCIA que Zúñiga es uno de los que mostró mayor “ambigüedad” con la acusación. Si bien ninguno ha dicho una palabra definitiva, el socialista apuntó a estar preocupado por que la acusación constitucional se “utilice con fines políticos”. Ese argumento resulta un tanto extraño, toda vez que este abogado constitucionalista y militante socialista, está haciendo uso de una prerrogativa del poder legislativo que es, precisamente, una acción política.

La posición del abogado marca un giro en lo que ha mostrado el PS en la materia. La colectividad fue la encargada anteriormente de impulsar la acusación constitucional contra el ministro de Salud Emilio Santelices (a cargo de Gabriel de la Fuente), y también la interpelación contra Andrés Chadwick, liderada por la diputada socialista y mapuche, Emilia Nuyado, que no tuvo impacto para el titular de Interior.

Zúñiga es profesor de Derecho Público en la Universidad de Chile, fue asesor del Ministerio de Hacienda en 2014 para la reforma tributaria. En paralelo también ejerció como abogado para la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) pero, al mismo tiempo, ha prestado desde 2012 y hasta el día de hoy servicios a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif). Es decir, ha asesorado simultáneamente a regulados y reguladores.

Si bien la superintendencia es un órgano independiente, su director es nombrado por el presidente de turno. La suspicacia que levanta el nombre de Zúñiga es que, bajo la dirección de Mario Farren, designado por el presidente Sebastián Piñera, Zúñiga siga colaborando para la Sbif.

El pasado 27 de diciembre, el abogado socialista presentó a nombre del organismo un recurso de queja ante la Corte Suprema en contra de los ministros de la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por rechazar estos un recurso de ilegalidad interpuesto por la Superintendencia, luego de que el Consejo para la Transparencia ordenara a dicha institución entregar la información a un ciudadano que solicitó los antecedentes de los créditos hipotecarios entregados por distintas instituciones financieras.

La balanza beneficia a Chadwick

INTERFERENCIA conversó con varios abogados y asesores al tanto de este equipo opositor, y todas señalan que en la reunión realizada por el equipo técnico el 21 de enero no se vieron posturas de consenso, y que sólo se deslizaron ideas generales, como la correspondiente a Francisco Zúñiga.

Si bien la bancada del Frente Amplio se ha inclinado por llevar adelante una acusación constitucional en contra del titular del Interior, sus representantes en el grupo de especialistas, Ernesto Riffo (Revolución Democrática) y Sebastián Aylwin (Izquierda Autónoma), no han definido una postura jurídica, ni propia, ni común.

Además del delegado del PS, otros integrantes del grupo ya deslizaron posiciones que alejan la posibilidad de una acusación contra Chadwick. El representante del Partido Radical, Guillermo Vásquez, fue el más rotundo en que ve difícil esa posibilidad. La Democracia Cristiana, representada por Tomás Jordán y Patricio Zapata –quien se ausentó de la única reunión de este grupo, según aseguran fuentes a este medio–, también mostró cautela frente a la opción de acusar a Chadwick.

La mesura de la DC es coherente con su línea política durante 2018. Desde el asesinato mismo de Camilo Catrillanca, la falange ha sido un actor importante a la hora de que las acusaciones no lleguen hasta La Moneda. En noviembre pasado, Matías Walker anunció una acusación constitucional contra el ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, lo que fue interpretado por muchos como un acuerdo entre la DC y el gobierno para blindar al ministro del Interior, según publicó El Mostrador por aquellos días.

La incógnita ha sido la postura de Jaime Gajardo Roldán, delegado del Partido Comunista en el grupo de expertos. Si bien su partido se ha inclinado por acusar a Chadwick, el abogado es muy cercano a Zúñiga, siendo uno de los socios de su estudio jurídico.

Ambos -Zúñiga y Gajardo- también forman parte del grupo de académicos que en mayo entregarán al gobierno un informe que servirá de sustento para las modificaciones al Tribunal Constitucional que prepara el Ejecutivo de Sebastián Piñera.