El ex general director Mario Rozas firmó un contrato en 2017 por 1 millón 635 mil pesos mensuales para arrendar una vivienda en Madrid, mientras era agregado policial. En tanto, el general Enrique Bassaletti solicitó arrendar una residencia en 2015 por cerca de 3 millones de pesos en Reino Unido, cuando se aprestaba a ejercer la misma labor en el extranjero.

El general director reconoció que recibió una asignación irregular en 2015, pero dijo que no la devuelve porque no ha sido “notificado” por Contraloría. INTERFERENCIA accedió al contrato de arriendo, el cual es parte de las investigaciones que ha realizado el diputado Leonardo Soto (PS) sobre los millonarios pagos a agregados policiales en el exterior.

El alto mando habría recibido pagos por realizar labores de seguridad privada en las cuales ocupó a personal activo de Carabineros y autos institucionales para realizar trabajos de escolta, denuncia hecha a Contraloría por la diputada Cristina Girardi.