Lo negó por completo en el debate y en entrevistas radiales, pero en redes sociales rápidamente lo desmintieron. Sebastián Sichel sí trabajó en la industria del lobby en la compañía internacional Burson-Marsteller (B-M) entre enero de 2011 y agosto de 2013, según consta en su propio LinkedIn, tal como lo interpeló su rival Yasna Provoste (DC).

Además, de acuerdo a información obtenida por INTERFERENCIA de extrabajadores de la empresa, Sichel estuvo a cargo de gestionar las cuentas de numerosas empresas. Entre ellas Principal, compañía de seguros estadounidense propietaria de la AFP Cuprum -adquirida en octubre de 2012-, de la Autopista Central, de propiedad de capitales españoles; y también de Equifax, empresa de información crediticia que por esos años libraba una intensa batalla en el Congreso por la tramitación de una ley que buscaba regular el registro de Dicom de dicha compañía.

El cargo de Sichel en ese momento era de director de Asuntos Públicos, departamento abiertamente conocido en la industria por ser responsable de la gestión del lobby; una unidad que veía las cuentas más complejas desde la perspectiva política y que requerían de una intensa labor hacia los congresistas, buscando influir en sus decisiones legislativas. “El cargo de director de Asuntos Públicos era principalmente el de ser responsable de toda el área de lobby de Burson”, cuenta un ex directivo de la compañía.

Sichel llegó al cargo a principios de 2011, cuando la cuenta de Equifax ya estaba en B-M. Según una persona que trabajó en la empresa junto al actual candidato oficialista, el negocio llegó directamente de Estados Unidos, por lo que Sichel lo “heredó” como responsabilidad cuando llegó. De acuerdo a otra persona de ese equipo, Equifax era crucial para Sichel, pues era la que más renta generaba en Asuntos Públicos, por lo que dirigía personalmente la cuenta. “Sebastián se escondía para hablar por teléfono con personas vinculadas a la cuenta de Equifax durante la tramitación de la ley”, cuenta. 

El cargo de Sichel en ese momento era de director de Asuntos Públicos, departamento abiertamente conocido en la industria por ser responsable de la gestión del lobby; una unidad que veía las cuentas más complejas desde la perspectiva política y que requerían de una intensa labor hacia los congresistas, buscando influir en sus decisiones legislativas.

No era un momento fácil para Equifax, ya que entre diciembre de 2010 y febrero 2012 se discutió en el Congreso la Ley Dicom, impulsada por el entonces diputado Felipe Harboe, la cual buscaba regular el estigmatizante registro de deudores, quienes quedaban excluidos del sistema bancario cuando entraban a esta lista negra, información que circulaba sin mayores restricciones entre quienes querían adquirirla de Equifax. “Estoy en Dicom” se decía en la época entre lamentos y era material de los humoristas de aquel tiempo.

Durante la discusión parlamentaria sobre la ley N° 20.575 que consagra el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales -la que posteriormente sería conocida como ley chao Dicom-, el gerente general de Equifax por aquella época, Mario Godoy, expuso ante la Cámara el 17 de enero de 2012. 

Según se puede leer en la historia de aquella ley, disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional, Godoy aseguró que el proyecto impediría a Equifax elaborar informes comerciales para sus clientes. “El proyecto presenta problemas técnicos en su articulado que se deben mejorar para lograr su finalidad, principalmente el uso de un lenguaje ambiguo; la denegación del acceso a la información a la mayoría de las empresas que otorgan crédito y otras actividades comerciales tales como seguros y arriendos, incluso si cumplen con los usos legítimos; se constituye en un incentivo de la circulación de información poco confiable y de manera poco segura y no señala un plazo de implementación”, indicó en aquella oportunidad. 

Godoy realizó una serie de solicitudes, entre ellas “definir con un lenguaje claro los usos permitidos de los informes comerciales”; “eliminar el primer párrafo del artículo 2”, artículo que a su juicio debía ampliar el número de empresas que pudieran tener acceso a informes comerciales ya que sólo las reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras -76 en ese minuto- podían hacerlo en el proyecto de ley original; y ampliar el plazo de implementación de la ley a 180 días.

Un mes después la ley sería aprobada, y para varios analistas, al gusto de Equifax, pues finalmente la legislación no prohibió el listado, sino que solamente lo restringió, permitiendo su uso -onerosamente- al sector financiero, principalmente. 

“Se trata de un proyecto serio, responsable, justo y necesario, que echa por tierra los catastróficos presagios sobre los que advertía Equifax en su lobby, así como los representantes de la industria de tratamiento de datos que recorrían los pasillos del Congreso Nacional”, diría en su momento Felipe Harboe, quien como diputado presentó junto a otros nueve parlamentarios la moción para modificar la ley. 

Cabe mencionar que al momento de la tramitación de esta ley Dicom, la ley del Lobby no existía, por lo que las empresas de lobby, como B-M, no debían registrar su actividad ni sus gestores ante las autoridades. Dicha Ley del Lobby fue creada recién en 2014, para regular, justamente, la intensa y opaca actividad de esta industria.

En conversación con INTERFERENCIA, Harboe dijo no saber qué agencia de lobby estaba detrás de Equifax, pero recordó que le llamó la atención que dos diputados de derecha hayan intervenido en la discusión en particular de la ley con argumentos textuales idénticos.

Según señalan a nuestro medio varias fuentes que trabajaron en Burson-Marsteller, Sichel tenía especial preocupación por la tramitación de la ley mencionada considerando el importante cliente que era Equifax en la época. “El mensaje a transmitir era que esa ley que buscaba poner freno a Dicom era absolutamente populista y que iba a generar graves problemas financieros y económicos ante un eventual masivo no pago de deudas”, señalaron.

Esto tiene asidero en la prensa de la época, considerando sendas entrevistas, artículos y columnas por esos años. Dichas calificaciones no solo se quedaron en la prensa, ya que en la discusión parlamentaria de la ley, el proyecto fue calificado efectivamente como populista, tal como consta en los registros de la historia de la ley. 

Cabe mencionar que al momento de la tramitación de esta ley Dicom, la ley del Lobby no existía, por lo que las empresas de lobby, como B-M, no debían registrar su actividad ni sus gestores ante las autoridades. Dicha Ley del Lobby fue creada recién en 2014, para regular, justamente, la intensa y opaca actividad de esta industria.

En cuanto al programa del candidato Sichel, llama la atención que en Infancia proponga "enviar a los deudores de alimentos al boletín de informaciones comerciales", es decir, Dicom. 

Otras grandes empresas: AFP, autopistas, y más

Según un artículo académico sobre la influencia de las relaciones públicas en el periodismo de 2012, además de Equifax, los clientes de Burson-Marsteller eran Principal, aseguradora estadounidense que en 2012 compró la AFP Cuprum. Además, la Autopista Central, de capitales españoles; la Cámara Chilena de la Construcción, Enel, entre muchas otras.

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Imagen del estudio.

En conversación con INTERFERENCIA, un alto ejecutivo que trabajó en la firma comentó que Sebastián Sichel llegó efectivamente en 2011 como una apuesta del gerente general de la época, Emilio Sanfuentes. “Nosotros hacíamos lobby al estilo estadounidense, éramos bien directos pero a la vez bien transparentes, Tengo entendido que Sichel llegó por un feeling especial que tenía con el gerente”, señalaron. 

También Sichel prestó especial atención a Principal, la transnacional compañía de seguros estadounidense que se incorporó al mercado chileno de las pensiones precisamente a mediados de 2012 mediante la compra de AFP Cuprum, estando Sichel en la dirección de Asuntos Públicos de Burson-Marsteller. Principal ya trabajaba con B-M en Estados Unidos, por lo que dicha relación se extendía a Chile.

Según esta fuente, Sichel estaba particularmente atento de las cuentas que la empresa llevaba con la Autopista Central, la cual además “continuó siendo cliente de Sichel cuando se fue de Burson y montó su propia empresa de marketing y lobby”. 

También Sichel prestó -dice esta fuente- especial atención a Principal, la transnacional compañía de seguros estadounidense que se incorporó al mercado chileno de las pensiones precisamente a mediados de 2012 mediante la compra de AFP Cuprum, estando Sichel en la dirección de Asuntos Públicos de Burson-Marsteller. Principal ya trabajaba con B-M en Estados Unidos, por lo que dicha relación se extendía a Chile.

El dato es corroborado por una trabajadora que estuvo bajo el mando de Sichel, quien recuerda que efectivamente Principal era llevado por el departamento de Asuntos Públicos, aunque no recuerda detalles del trabajo con ellos realizado. 

La compra de Cuprum sorprendió al mercado en la época, cuando Principal Financial acordó la compra del 63% de la participación en la AFP a Penta -de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano- por un monto cercano a los US$1.000 millones.

Desde el comando de Sichel -adonde INTERFERENCIA acudió para realizar las preguntas del caso- aseguraron que, si bien llevaba esas cuentas desde Asuntos Públicos, nunca trabajó haciendo lobby para ellas. Ante la pregunta respecto del trabajo que entonces habría desempeñado, dijeron que no sabían pero que lo consultarían con él.

Sichel posteriormente llamó a INTERFERENCIA, para desmentir categóricamente que su trabajo con esas cuentas haya sido lobby. El candidato dijo que se trataba de trabajos de seguimiento legislativo e informes en derecho, pero no lobby.

Ante los cuestionamientos de esta redacción respecto de los testimonios de los trabajadores de B-M y ante la evidencia de que dicha compañía es reconocidamente perteneciente a la industria del lobby, Sichel se indignó. En un momento, al ser consultado sobre una colaboradora suya que hacía gestiones de lobby para él, Sichel dijo "¡no hacía lobby para mi, no seas falta de respeto. Yo con ustedes, con las fake news, voy a terminar querellándome!".

Cabe mencionar que B-M ha reconocido abiertamente que su actividad es el lobby. Así lo registró El Mercurio en 2006 en su artículo Quién es quién en el mundo de los lobbistas chilenos: "En noviembre de 2003, cuando ingresó al Parlamento el proyecto de ley que regula esta actividad, muy pocos en Chile reconocían abiertamente que practicaban el lobby. Los osados eran Imaginaccion -cuyo director es el ex ministro Enrique Correa- y la firma de comunicación estratégica, Burson Marsteller".

Ante los cuestionamientos de esta redacción respecto de los testimonios de los trabajadores de B-M y ante la evidencia de que dicha compañía es reconocidamente perteneciente a la industria del lobby, Sichel se indignó. En un momento, al ser consultado sobre una colaboradora suya que hacía gestiones de lobby para él, Sichel dijo "¡no hacía lobby para mi, no seas falta de respeto!. Yo con ustedes, con las fake news, voy a terminar querellándome".